A los habitantes de los cantones en Santiago de la Frontera, en Santa Ana, no les ha quedado otra opción más que esperar por un proyecto de agua potable, debido a que la alcaldía no tiene los recursos para ejecutarlo.
Esta no es una realidad de este municipio, sino también del resto de pueblos del país que se desarrollaban con el Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador (FODES). El dinero era distribuido por el gobierno central para que cada lugar hiciera proyectos a partir de las necesidades.
Todo esto cambió cuando la Asamblea Legislativa decidió eliminarlo en octubre de 2021, luego de que el ministerio de Hacienda retuviera por más de un año este capital. Mientras tanto las alcaldías despidieron personal, eliminaron subvenciones educativas y las obras se estancaron. Fue hasta enero de este año que Nayib Bukele lanzó la Dirección de Obra Municipales (DOM), entidad que centralizará las obras de las alcaldías con un presupuesto mayor de los $500 millones.
En Santiago de la Frontera, ubicado a 100 kilómetros de la capital, por más de tres décadas se han abastecido de pipas que llegan una vez por semana a sus viviendas. O tienen que recorrer largas distancias para acceder al agua, que frecuentemente no es para el consumo humano.
En el centro escolar del caserío Barranquillas, del cantón La Danta, los alumnos no tienen suficiente agua limpia para lavarse las manos para prevenir enfermedades gastrointestinales, el covid-19 y otras.
El tanque de agua que la escuela tiene está dañado y su única esperanza son unos cuantos recipientes para guardar el agua lluvia, que reciben cada vez que cae una tormenta. Otra opción es esperar a que la comuna mande una pipa, para responder a las necesidades de 64 estudiantes, repartidos en los turnos de tarde y mañana.
Este lugar es uno de los más grandes de los 17 caseríos que tiene la ciudad de Santiago de la Frontera, llamado así por su cercanía con Guatemala y sus vecinos son Candelaria de la Frontera y El Pajonal.
“A los estudiantes se les ha dicho que traigan su propia agua”, son las palabras del director de la escuela Abel Linares, quien es oriundo del municipio y ha permanecido por más de 15 años frente a la escuela.
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La realidad no ha cambiado para él y sus estudiantes. Aquí se estudia desde parvularia hasta sexto grado.
“Una de las necesidades más difíciles de aquí es el agua potable (…) Las alcaldías están limitadas y esta administración está dando pipas. Hay que aclarar que no es agua potable. Con la pandemia el agua nos ha hecho falta para la higiene y nos hemos visto imposibilitados”, dice el docente con preocupación.
Algunos de los habitantes han afirmado que se han realizado estudios hidrológicos en busca de agua, pero no han logrado ubicarla.
Promesa sin cumplir
Esa es una de las promesas de Milagro del Socorro Barrientos, actual alcaldesa y militante del partido por Gana. El 26 de mayo pasado, la situación del municipio salió a luz pública y tuvo impacto mediático cuando la alcaldesa describió las carencias en su comunidad y los proyectos que no ha logrado ejecutar debido al recorte de fondos que el Gobierno central entrega a las comunas, a través del Fodes, y la disposición de que las obras de cada municipio sean ejecutadas por la Dirección de Obras Municipales (DOM).
“Tenemos agua potable, pero realmente no ha llegado la ayuda. Nos ofrecieron con el DOM tres proyectos, pero hasta ahora ninguno (se ha concretado). Uno es abrir un pozo, para una comunidad que no tiene agua potable, que nosotros les llevamos agua cada siete días. A cada comunidad se les da tres barriles por persona. Eso nos da un costo de 7 mil dólares al mes”, declaró la edil momentos antes de ser interrumpida por el diputado Edgar Meléndez Mulato en una reunión de la Comisión de Trabajo de la Asamblea Legislativa, en la ciudad de Santa Ana.
Nubia Nohemí, de 46 años de edad, habitante del cantón La Danta, camina todos los días desde su casa a una cantarera pública, de vertiente natural, para abastecerse de agua para consumo y para utilizarla en los quehaceres del hogar.
“Esto es muy difícil porque no es lo mismo que tenerla en la casa. Hay gente que tiene su chorro, pero (el agua) viene cada 15 días, antes era cada tres o dos meses; yo no tengo porque no tengo dinero para pagar la instalación (tuberías). Hago ocho viajes durante el día. Siento que no se ha visto nada con respecto a las promesas (de la alcaldesa)”, señala la mujer mientras se pone el cántaro en la cabeza.
Ella, al igual que otras mujeres, se esfuerzan para que en el hogar no falte el agua. Nubia dice que cada viaje se tarda un aproximado de 10 minutos entre la ida y la vuelta a su vivienda; esto multiplicado por ocho veces se convierten en 80 minutos, es decir una hora y 20 de su día invertidos. Al mes se convierten en 2,240 horas. En todo ese cúmulo de tiempo deja de hacer otras actividades y requiere de mayor esfuerzo para la demanda de su cotidianidad.
Demandan más apoyo
Santiago de la Frontera es un municipio con un aproximado de 5,200, según el último censo poblacional realizado en 2007.
Es un lugar en el que en su mayoría las personas sobreviven de la crianza de ganado y de la siembra de maíz y frijol
Juan Miranda, de 37 años de edad, llega al menos unas tres veces por semana a ver su manzana de milpa en el cantón La Danta.
Siempre está pendiente de cómo va creciendo su maíz y de que ninguna plaga le destruya su trabajo porque de aquí alimentará a su familia y guardará para el siguiente año. Subsiste de la agricultura y lo sabe desde que su papá le enseñó cuando él tenía 13 años.
Juan expresa su inconformidad ya que los agricultores no son apoyados con proyectos que beneficien el desarrollo y motiven a que otros habitantes le apuesten a la agricultura.
“Ella (la alcaldesa) ha hecho reuniones para decir que el gobierno no ha mandado (dinero). Aquí cuesta ganarse el dinero porque pagan a $10 el día por la jornada y en la semana logró trabajar unos tres días en los ajeno”, comenta.
Esta misma preocupación embarga a Francisco y Héctor Duarte, son hermanos y ganaderos del caserío Barranquillas.
Por su oficio dicen sentirse con temor de no seguir manteniendo a sus familias debido al alza de los precios de los concentrados para animales e insumos agrícolas, por lo que piden a la alcaldesa priorizar el trabajo por el que se caracteriza el municipio.