La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), realizó este martes una evaluación de los tres primeros años de gobierno del presidente Nayib Bukele. En sus conclusiones, el presidente de la APES, César Castro Fagoaga, enfatizó en que el “régimen” del presidente Bukele, busca urgentemente mecanismos de cómo controlar a los medios de comunicación independientes.
Con esa finalidad, Fagoaga opinó que el tercer año de gobierno será “clave para entender la represión futura en contra de la prensa, el periodismo es lo único que el régimen aún no controla, y hay una urgencia para controlarlo”, apuntó en rueda de prensa.
De hecho, asegura que tras eso van las reformas penales que aprobó recientemente la Asamblea, para “criminalizar a los periodistas” y provocar la “autocensura”.
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Al decir de Fagoaga, el inicio de 2022 augura ser un año muy destructivo para la prensa independiente, y esto se debe a distintas razones que han incomodado al gobierno de Bukele, entre ellas, explicó que están las revelaciones de investigaciones periodísticas que demuestran que el Plan Control Territorial fue un “fraude”.
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“El periodismo demostró que durante este año, el Plan Control Territorial, la acción insigne de la seguridad pública del gobierno fue un fraude, algo que nunca existió; que funcionarios públicos se beneficiaron vendiendo comida destinada para los menos favorecidos afectados por la pandemia; que no murieron cuatro mil personas, como nos ha pretendido engañar (Francisco) Alabí (ministro de Salud) y el Ministerio de Salud, sino al menos 17,000 personas de acuerdo a la OMS (Organización Mundial de la Salud); que la Corte Suprema de Justicia trabajó como un despacho legal a favor de la no extradición de pandilleros a Estados Unidos; que el gobierno actual de Bukele, al igual que el anterior tiene manchadas las manos de sangre al pactar con criminales”, aseguró Fagoaga.
Asimismo, el presidente de la APES hizo un recuento de todos los sucesos acaecidos en contra de la prensa desde que el presidente Bukele tomó las riendas del Ejecutivo.
Recordó que en agosto de 2021 hubo acciones particulares de violencia en contra de periodistas que cubrían un hecho en el mercado San Miguelito, de agresiones físicas, con un componente que evidenció una alta polarización en el gobierno, en instituciones y en funcionarios públicos, lo que se plasmó en la confiscación de equipos a los periodistas que daban cobertura al suceso periodístico.
Luego en septiembre de 2021, el entonces asesor jurídico de la Presidencia de la República, Javier Argueta, aseguró que todos los periodistas estaban obligados a revelar sus fuentes, algo que está prohibido por las leyes salvadoreñas y convenios internacionales a los que El Salvador se ha comprometido.
En octubre de 2021, Fagoaga dice que el vicepresidente Félix Ulloa en una gira pagada con fondos públicos fue a Europa a "mentir, a decir que vivíamos en un paraíso en donde había respeto irrestricto a la libertad de prensa.
Pero según el presidente de la APES, los funcionarios del gobierno creen que con no haber asesinado o capturado a un periodista no se está restringiendo la libertad de prensa y de expresión en El Salvador.
"Es muy común que funcionarios públicos, diputadas y diputados se refieran a que hay un respeto a la libertad de prensa, cuando se dice que: 'si aquí en El Salvador no han detenido a ningún periodista, aquí en El Salvador no han asesinado a ningún periodista', casi como que tuviéramos que dar las gracias por ello", lamentó.
Lo que en realidad sucede, dijo Fagoaga, es que la libertad de prensa se viola cuando a los periodistas se les niega el acceso a la información, cuando no hay acceso a entrevistar a los funcionarios para pedirles cuentas, cuando se esconden todos los datos del escrutinio público.
Los hechos que denotan que el gobierno ha venido preparando todo el escenario para silenciar a la prensa y a los opositores a su gobierno que reciben cooperación externa, tiene su momento cúspide desde noviembre de 2021, cuando el gobierno propuso en la Asamblea una ley que frena el apoyo internacional, con un proyecto de ley que es una copia de una normativa similar implementada por la "dictadura nicaragüense, que busca ahogar económicamente cualquier voz crítica que reciba cooperación externa, que si bien no fue aprobada se cierra como una espada de Demócles sobre nuestra cabeza", explicó Fagoaga.
Posteriormente se conoce del uso del programa espía Pegasus, con el cual fueron intervenidos más de una treintena de teléfonos móviles de periodistas y líderes de movimientos sociales que cuestionan las políticas de Bukele , un sistema informático que solo lo pueden comprar los gobiernos.
Y para remachar con broche de oro, el gobierno promovió la ley de agentes encubiertos digitales y las reformas penales que son una "mordaza" para los periodistas, aseguraron los miembros de la Mesa de Protección a Periodistas. "Por eso se ha preparado la mesa para la criminalización de periodistas", afirmó Fagoaga.