En una petición de reorientación de fondos hecha a la Asamblea Legislativa, el gobierno de Nayib Bukele solicita asignar $14 millones a la Fiscalía General de la República. De estos, $10,934,995 estarían dirigidos al Centro de Intervención de las Telecomunicaciones del Ministerio Público. En el rubro específico, la petición marca también "Intervención de telecomunicaciones".
En la petición, el secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, justifica que la Fiscalía "necesita fortalecer su capacidad institucional para agilizar y mejorar los resultados de las investigaciones de los delitos y el combate a la criminalidad". Por ello, resalta que esta institución necesita "una plataforma tecnológica de vanguardia que le permita obtener información".
En el documento, el secretario jurídico de la Presidencia justifica que los fondos se pueden trasladar por la "eficiencia administrativa en la recaudación tributaria". Además, da cuenta de excedentes en lo recaudado en materia de Impuesto Sobre la Renta. "Es factible contar con disponibilidades financieras para cubrir las necesidades antes relacionadas", sostuvo Castro.
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¿Para el régimen de excepción?
La pieza de correspondencia afirma que los fondos para reforzar el área de intervención de telecomunicaciones aportarán a los esfuerzos de "pronta acción penal, en el marco del régimen de excepción".
Este régimen, sin embargo, está por expirar, después de haber sido aprobado por un mes el pasado 27 de marzo y de haber sido prorrogado el domingo 24 de abril.
La Constitución en su artículo 29 contempla que ante una situación de emergencia, el Consejo de Ministros puede solicitar a la Asamblea Legislativa decretar régimen de excepción por un mes. Si las circunstancias que lo originaron se mantienen al final del mes, puede prorrogarse una vez más.
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Los diputados oficialistas han adelantado que pretenden prorrogarlo una vez más, pese a que la Constitución no lo prevé. Esta pieza de correspondencia, por su parte, hace referencia a que el refuerzo a la unidad de intervención de telecomunicaciones apoyará esfuerzos en el régimen de excepción, aunque este esté próximo a expirar.
Denuncia de hackeos
Esta solicitud de reforzar el área de intervención de telecomunicaciones llega poco tiempo después de decenas de periodistas, representantes de organizaciones de sociedad civil y políticos opositores recibieron una alerta de posible espionaje por actores estatales. Tras auditorías a sus aparatos móviles, se confirmó que más de 30 periodistas y otros personajes críticos del gobierno fueron espiados mediante el software Pegasus, uno de los más invasivos en la actualidad.
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Asimismo, la Asamblea Legislativa ha aprobado cuestionadas reformas que avalan la intervención de telecomunicaciones para presentar evidencia digital en procesos penales. Cuando esto fue avalado, juristas criticaron que el decreto no establecía parámetros claros para limitar las intervenciones.
Esto, añade la pieza de correspondencia, "facilitará los esfuerzos institucionales en la pronta acción penal"
Asimismo, solicitan $3 millones para el rubro "Defensa de los Intereses del Estado". Esto implica cubrir honorarios de expertos en litigios internacionales que representen a El Salvador.