“Parece que es hora de que el gobierno recurra a fuentes de último recurso, si quiere evitar un incumplimiento de pago de su deuda externa”, dice la agencia inglesa de análisis financiero EMFI en su informe sobre El Salvador.
De acuerdo al análisis, la administración actual podría obtener recursos para pagar una de las deudas en las que están puestas las miradas a nivel local e internacional: los $800 millones del bono 2023 que vencen en enero próximo.
“Con esfuerzos significativos, el gobierno salvadoreño parece tener suficientes fuentes alternativas de financiamiento para pagar el vencimiento del bono 2023”, opina la agencia.
Según plantea, puede acceder a más financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el cual ha sido el único ente multilateral que le ha otorgado créditos al país.
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La estimación que hace es que el ente multilateral le pueda prestar hasta $200 millones de un programa que aprobó el pasado 26 de abril para apoyar a sus miembros fundadores y otros países de la región debido al aumento en los precios de los combustibles.
“Creemos que es muy probable que El Salvador, como miembro fundador, obtenga estos fondos del BCIE”, dice en el informe.
Otra fuente de financiamiento que ve EMFI es la emisión de más bonos en el mercado interno, como ya lo hizo el gobierno a inicios de año, pero considera que deberá mejorar las condiciones para los inversionistas para que tengan entusiasmo de comprar, pues la colocación pasada fue insuficiente.
Según destaca, todavía están disponibles $288 millones para colocar en esos instrumentos.
“Dado que las tasas de interés en los mercados extranjeros son prohibitivas, el gobierno podría volver a intentar acceder al financiamiento interno, ofreciendo condiciones atractivas como descontar los fondos de futuros pagos de impuestos al igual que el bono anterior”, indica.
Pedirle más dinero a los bancos
Además, la agencia inglesa considera que la administración Bukele podría requerirle más dinero a la banca local.
“El gobierno podría reducir el porcentaje de depósitos líquidos de la banca privada en el Banco Central, estrategia que ya ha utilizado”, señala.
Hasta abril 2022, las reservas de los bancos ascienden a $2,800 millones, que representan casi el 18% de los depósitos totales que tienen los ahorrantes. Según la ley vigente, los bancos deben guardar el 15% de los ahorros de los salvadoreños en el Banco Central de Reserva (BCR).
“Lo que indica que los bancos tienen los fondos (quizás no la voluntad) para prestar al gobierno”, apunta EMFI.
De manera que si el gobierno vuelve a bajar el porcentaje de las reservas de los bancos le podrían prestar entre $200 y $300 millones, agrega.
“Sin embargo, una estrategia como esta podría poner en riesgo la estabilidad del sistema financiero”, alerta la agencia.
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Evitar una crisis para 2024
EMFI remarca en su informe que creen que el gobierno de Bukele está dispuesto a pagar los $800 millones del bono 2023, considerando que vienen las elecciones presidenciales de 2024.
“No descartamos que el gobierno asuma una estrategia de reducción de gastos o postergación de algunos desembolsos”, añade.
Si ese fuera el caso, las estimaciones de la financiera indican que al hacer un recorte de gastos en 50 puntos del PIB (Producto Interno Bruto) podría conseguir un ahorro de $150 millones, pero considera que “tal medida perjudicaría el crecimiento económico”.
De tomar esas medidas, la financiera cree que el gobierno podría reunir los fondos, pero concluye que “como casi todo en El Salvador, la decisión está en manos de Bukele”.