En medio de la vigencia de un régimen de excepción con probabilidades de que se prorrogue por más tiempo, mediante el cual se han perpetrado “violaciones a los derechos humanos de personas inocentes”; la petición que este lunes hizo llegar el secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, para que el Ministerio de Seguridad Pública sea el enlace entre el Gobierno y el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), “enciende las alarmas”, expresó la diputada Claudia Ortiz, de VAMOS.
“Son temas bastante delicados que hay que estudiarlo con más detalle. Nos llama la atención por qué se quiere poner adscrito bajo el Ministerio de Justicia un tema relacionado a la identidad de las personas ¿acaso es un tipo de deseo de control? Estamos en un régimen de excepción, que ya hay discursos para renovarlo, hemos visto violación a derechos de personas inocentes que se están dando, un Estado que está dispuesto a poner la seguridad por encima de cualquier otro derecho y ahora que se pretenda tenernos adscritos al Ministerio de Justicia, nos levanta ciertas alarmas, hay que analizarlo con más cuidado y preguntarle al Ejecutivo cuál es la utilidad o conveniencia que quede de esa manera”, apuntó la diputada de VAMOS.
En la sustitución que la propuesta del Ejecutivo contiene del Artículo 1 de la Ley de Creación del RNPN, se establece en su inciso segundo que “el Registro se relacionará con el Órgano Ejecutivo por medio del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública”.
En esas reformas se contempla también que los niños tendrán un número único de identificación desde su nacimiento.
“Para los niños, niñas y adolescentes el Registro Nacional, de acuerdo a la información brindada por las Alcaldías Municipales, les generará un número único de identificación desde su nacimiento”, detalla la sustitución del Art. 2 en su inciso quinto de la citada ley.
La petición no es la única que ha llevado Castro a la Asamblea, también hay otras dos que parecieran ser complementarias, también de reformas al RNPN y al Código de Familia.
Entre las modificaciones al Código de Familia figura otra que restaría las facultades que tienen actualmente las alcaldías de poder emitir partidas de nacimiento y toda documentación que certifique sobre los hechos y actos jurídicos constitutivos, modificativos o extintivos del Estado Familiar de las personas naturales y sobre los demás hechos y actos jurídicos que determinen las leyes.
Para ello, en la propuesta se señala que habrá un Registro Central del Estado Familiar que administrará, orientará, coordinará y controlará el trabajo de todos los registros locales y que el responsable de eso será el RNPN.
Para llevar a cabo esta función el Registro Nacional estará facultado para cobrar las tasas por los servicios que prestaría de emisión del DUI, certificaciones del mismo y tarifas por cualquier otro servicio que preste.
Por ejemplo, el RNPN podrá cobrar por una constancia de partida de nacimiento $3; por una certificación del registro del DUI y no DUI $5; por certificación de partidas en El Salvador $5, entre otros servicios que la ley le faculte realizar.
“Estamos viendo centralización, habría que analizarlo, pero las motivaciones que hay detrás de eso no nos termina de dar la confianza, sí es importante reforzar todas las unidades de registro de las 262 alcaldías, ha habido mucho por falta de incapacidad, por falta de recursos, pero quitar esa posibilidad del cobro, no deberían quitarles el recurso, sino más bien fortalecer a los profesionales a cargo de esas unidades. Parece que viene esto, pero no con las intenciones de fortalecer a las entidades que se encargan de registrar partidas de nacimiento, defunciones, sino de centralizar recursos y la toma de decisiones”, expresó Ortiz.
Otra de las reformas a la ley del RNPN tiene que ver con la exclusión de los representantes de los partidos políticos de la Junta Directiva de esa institución.
La iniciativa del gobierno pretende reducir la cantidad de miembros a 7. Uno de ellos que sería en representación del Tribunal Supremo Electoral (TSE); otro por el Ministerio de Hacienda; un tercero por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública; otro por el Ministerio de Relaciones Exteriores; otro por la Junta de Vigilancia Electoral, uno por la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) y el presidente del RNPN.
Así quedarían por fuera los representantes de partidos políticos que tengan representación en la Asamblea Legislativa no menor a 5 diputados y otro de la Corporación de Municipalidades de la República (COMURES), una gremial que tras las elecciones de 2021 desapareció.
“Con respecto a quitar los partidos, hay una función importante a través de la Junta de Vigilancia Electoral que tiene un puesto en la directiva rotativo en el RNPN, que es verificar la transparencia, la legalidad de todo el RNPN, que ya sabemos de allí deriva el padrón electoral, es otro tema que debemos poner atención, qué implicaciones legales podría tener para derechos de identidad y libertad de las personas”, argumentó la diputada Ortiz.