Los niños y adolescentes expuestos a la violencia ejercida por los cuerpos de seguridad en contra de sus padres o cuidadores absorben un impacto emocional muy alto. Independientemente de que sus padres sean capturados por actos al margen de la ley o no hayan realizado ningún tipo de delito, estas detenciones podrían pasar una factura muy cara por el abandono en que los menores de edad quedan y sin ningún acompañamiento o respaldo del gobierno.
Así resumen tres expertas en derechos humanos la situación que atraviesan muchos niños que han visto cómo la Policía o el Ejército se lleva presos a sus padres o familiares cercanos por considerarlos miembros de pandillas o colaboradores. Muchas de estas detenciones masivas han sido realizadas dentro del régimen de excepción que ya lleva más de un mes de vigencia.
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“¿Quién brinda atención y protección a niñas, niños y adolescentes cuyos padres se encuentran privados de libertad? La respuesta ha sido y sigue siendo: nadie. Si los padres han pertenecido o han estado vinculados con grupos de pandillas, ha sido frecuente que sea la misma pandilla quien les acoge”, afirmó Celia Medrano, experta en la defensa de derechos humanos.
A su juicio, lo anterior ha sido un patrón que se ha venido reproduciendo desde hace años en el país. Hijos y familiares de personas que han pertenecido a grupos de pandillas se quedaron viviendo en condiciones de riesgo y de violencia sin ninguna protección ni ayuda del Estado.
Medrano considera que la implementación del régimen de excepción se ha dado con mecanismos repetidores de violencia similares a los del pasado, pero agravados con la militarización de la seguridad pública. Lo que esto hace es crear nuevas generaciones de personas excluidas de la sociedad que están condenadas a una permanente espiral de violencia.
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“Esa misma violencia regresa a la sociedad que permitió que eso sucediera. Las autoridades se niegan a entender el fenómeno de la violencia y atender sus raíces”, lamentó.
Distintos tipos de violencia
Zaira Navas, jefa jurídica de Estado de Derecho y Seguridad de Cristosal, explicó que los niños están expuestos a distintos tipos de violencia en sus comunidades.
Particularmente se someten a la generada por las maras y pandillas y muchos han sido testigos de cómo sus familiares son ejecutados o violentados. A otros menores los pandilleros los utilizan sin que tengan plena conciencia del tipo de actividad que los mandan a realizar.
Y a esta violencia que ya vivían en medio de sus comunidades, ahora se suma la violencia estatal, señala Navas. “Los niños a su corta edad, hablando de menores de 10 años, no comprenden lo que ocurre en el momento en que son detenidos sus familiares, ya sea por razones legales o por detenciones arbitrarias”, expone.
En estos casos, considera que las autoridades tendrían que tomar medidas para evitar que los niños y niñas estén expuestos a estas acciones, particularmente cuando se hace allanamientos con uso excesivo de la fuerza, en los que la Policía bota puertas, por ejemplo.
Estas intervenciones bruscas afectan a los menores de edad en su desarrollo psicológico y emocional, dado que muchas de las capturas se realizan frente a ellos y son apartados de sus padres de manera violenta, explica la abogada de Cristosal.
Navas cuestiona que el Estado se ha olvidado de dictar medidas de protección para la niñez cuando los dos padres o tutores son capturados. Estos menores quedan en completo abandono, lamenta. Máxime, dice la experta, cuando el gobierno realiza capturas de grandes magnitudes.
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Durante el régimen de excepción actual, el gobierno ya registra más de 20 mil detenidos. Con cifras así, advierte Navas, este procedimiento debería estar acompañado de programas de atención psicosocial y emocional.
Riesgo de rencores al Estado
Rina Montti, directora de investigación de Cristosal, detalla también que las imágenes que están quedando grabadas en la mente de los niños pueden crear ciertos “rencores” hacia las autoridades de seguridad. Esto conllevaría a un deterioro de la confianza que debería generar la Policía y los cuerpos de seguridad en general dentro de la ciudadanía.
“Esto puede afectar mucho, puede socavar la confianza no solo en las entidades del Estado, sino que en particular en la Policía. No podría decir que esto podría arruinar así a una generación entera, pero sí que la imagen y la confianza de la Policía se verá deteriorada”, puntualizó Montti.
Ella ve necesario que el acompañamiento del Estado sea integral, creando espacios seguros en donde los menores de edad puedan sentirse libres de externar sus inquietudes, de que no serán detenidos, a pesar de que conviven en comunidades en donde hay rasgos y perfiles de personas que son perseguidos por los policías y los soldados.
El impacto psicológico de estos niños también se ve aumentado al observar la incertidumbre de los adultos de tener que recolectar evidencias para demostrar la inocencia de su familiar capturado y de no saber si regresará a la casa o no.
Montti afirmó que el Ministerio de Educación, el CONNA y el ISNA deberían estar trabajando en esta parte para reducir el impacto en el desarrollo de los menores.
“Lamentablemente no existe un cuerpo estatal que brinde acompañamiento psicológico para la niñez y adolescencia, esto está abandonado”, añadió Montti.