A pocos días de que la Asamblea autorizara la implementación del régimen de excepción, el presidente Nayib Bukele mencionó entre sus advertencias a los pandilleros, que si incrementaban los homicidios en el país, ordenaría que les quitaran la comida en las cárceles.
Una vorágine de más de 80 homicidios cometidos en 72 horas desató una de las medidas más extremas del que un país puede echar mano, ya que suspende garantías constitucionales inherentes a los ciudadanos, como el derecho a la defensa, entre otros.
“Voy a aprovechar la oportunidad para enviarle un mensaje a los criminales. Ustedes desatan una ola de criminalidad y nosotros quitamos la comida en las cárceles. Así que mejor estense tranquilos y dejénse arrestar”, expresó Bukele en un evento de graduación de 205 alumnos de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP), el 4 de abril de 2022.
En esa ocasión el mandatario se expresó así debido a supuestos rumores, dijo, de que los pandilleros comenzarían a vengarse con la gente civil y al azar, a raíz de las capturas de supuestos pandilleros realizadas por las autoridades de seguridad en el marco del régimen de excepción.
“Hagan eso y no habrá un tiempo de comida en las cárceles. A ver cuánto tiempo duran sus homeboys (pandilleros) allá adentro”, amenazó Bukele.
Al respecto, el padre Andreu Oliva, rector de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), enfatizó que el crimen puede perseguirse, pero sin violentar los derechos humanos.
Hizo una especial acotación en cuanto a la advertencia de Bukele, de quitarles la comida a los privados de libertad.
“Aquí no existe la pena de muerte, si se les niega el alimento a los privados de libertad, los estás condenando a muerte, eso sería un delito cometido por el Estado grave, porque no existe la pena de muerte”, afirmó Oliva.
Añadió que es obligación del Estado proporcionarles una atención digna, además, no pueden ser sometidos a tratos deliberantes o crueles, “y eso lo tenemos que aceptar porque lo dice nuestra Constitución”, ahondó.
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El padre Oliva también habló desde su condición de sacerdote y de la obligación que tiene toda persona que dice ser cristiana, de “amar al prójimo, incluso amar al enemigo y tenemos la obligación de proteger a las personas vulnerables y de visitar a los que están presos en las cárceles, aunque estén presos por haber cometido un crimen”.
Sus palabras también las sustenta en el hecho de que la Constitución vigente señala que el sistema penitenciario tiene como objetivo la integración de la persona que ha cometido un delito.
“Tiene que ser un sistema que ayude a rehabilitar a estas personas, para que una vez cumplida su condena puedan incorporarse a la sociedad”, manifestó.
Actualmente, en la Asamblea se han dado tímidos intentos de reformar la Constitución para aplicar la pena de muerte.
El diputado que más ha promovido esa iniciativa es Guillermo Gallegos, de GANA.
El parlamentario tiene escrita una petición en ese sentido desde hace varios días, en la cual, según informó hace poco, cuenta ya con 4 firmas de 10 que la ley exige para ser incorporada a estudio de la Asamblea.
La bancada de Nuevas Ideas no se ha pronunciado sobre ese tema.
En 2015, Gallegos también intentó que la Asamblea retomara la discusión de la reforma constitucional. “Ya tenemos pena de muerte en El Salvador, se practica a diario y la realizan las pandillas”, argumentó en ese entonces.
Bukele también ha cuestionado duramente a las organizaciones de derechos humanos tanto nacionales como internacionales, que le han observado tratos inhumanos y capturas arbitrarias teniendo como escudo el régimen de excepción.
“No me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente, que vengan a llevarse a esos pandilleros si tanto los quieren, los entregamos todos”, reclamó Bukele el 4 de abril de 2022.
Sin embargo, el padre Oliva recordó que el 10 de diciembre de 1948 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró que la defensa de los derechos humanos es fundamental, para evitar abusos como los cometidos en la II guerra mundial.
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“Las organizaciones de derechos humanos lo que hacen es poner en evidencia los abusos que siguen cometiendo los Estados, irrespetando la dignidad humana. Por eso las organizaciones de derechos humanos resultan incómodas para los Estados. Es lo que vemos que pasa en El Salvador, las organizaciones de derechos humanos son incómodas porque le señala (a Bukele) los abusos que está cometiendo, en esta coyuntura donde se les está deteniendo, privándolas (a las personas) de libertad sin que haya un proceso, ni se haya confirmado su participación”, aseveró Oliva.
Pero para el mandatario salvadoreño las organizaciones de derechos humanos lo que hacen es defender a los pandilleros.
“La acusación que se les está haciendo es falsa, de que defienden a los delincuentes, eso no es así. Las organizaciones de defensa de derechos humanos en general, defienden los derechos inalienables de las personas. Defender los derechos humanos no significa defender al que ha cometido un delito. Se defiende que toda persona tenga un debido proceso conforme a la ley. Para perseguir el crimen no es necesario violentar los derechos humanos”, ahondó el rector de la UCA.
Oliva también señaló que la situación generada por el régimen de excepción está poniendo a prueba el sistema judicial, el cual, dijo lamentar que ha perdido su independencia desde el 1 de mayo en que la bancada oficialista destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general.