La agencia calificadora de riesgo, Moody's, empeoró esta semana la calificación crediticia a El Salvador debido a la falta de un plan de financiamiento creíble y la cada vez mayor probabilidad de que no pueda pagar compromisos de deuda que están próximos a vencer.
Con esta calificación, se complican las fuentes de financiamiento tanto locales como extranjeras pues en cualquier de los casos, el gobierno ya está llegando al límite de lo permitido y el costo de ese financiamiento se hace cada vez más caro.
Muchos economistas se preguntan si serán los ahorros de los trabajadores, que acumulan más de $12,000 millones a la fecha, la última alternativa de liquidez para el gobierno.
Cambios a Constitución incluyen estatización de ahorro de pensiones
En su reporte sobre la reducción de la calificación crediticia, la agencia Moody's reconoce que este fondo puede inyectar liquidez al gobierno, pero a la vez destaca que no hay detalles sobre esa propuesta, por lo que los riesgos siguen siendo altos.
"El gobierno ha anunciado su intención de reformar el sistema de pensiones, lo que según Moody's podría liberar liquidez para cumplir con el pago de bonos de 2023. Sin embargo, como no se han proporcionado detalles hasta la fecha, los riesgos crediticios soberanos siguen siendo elevados", indica en el informe divulgado el miércoles.
Sigue siendo un enigma
Hasta hoy el gobierno se ha referido a las pensiones solo como un recurso social para mejorar la vida de los salvadoreños. El presidente Nayib Bukele anunció desde el 15 de septiembre de 2021 una "verdadera reforma" que promete a los salvadoreños una pensión digna, pero los detalles de esa reforma aún son un enigma.
Lo que se conoce hasta hoy es que sindicatos afines al gobierno, que ya se reunieron personalmente con Bukele, han pedido revertir el sistema de pensiones privado y regresar a un sistema de reparto, administrado por el Gobierno, lo que implicaría que el fondo de $12,000 millones ahorrado hasta la fecha, podría pasar a manos del gobierno.
5 razones por las que Moodys bajó más la calificación a El Salvador
Otro de los puntos que han dado pie a analizar que posiblemente el gobierno esté buscando estatizar las pensiones es una modificación al artículo 50 de una nueva Constitución en la que el vicepresidente Felix Ulloa y un equipo ad-hoc han trabajado desde hace más de un año. Esta modificación constitucional regresa al Estado la potestad de administrar los recursos de la seguridad social y excluye a empresas privadas.
Y más recientemente, el gobierno pidió a la Asamblea Legislativa ratificar 5 convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) entre los cuales se encuentra el convenio 102, que abre la vía para que sea el Estado el que administre la seguridad social y otorgue otros beneficios a los trabajadores.
Según el ministro de Trabajo, Rolando Castro, la reforma de pensiones "moverá las capas tectónicas del país". Sin embargo la propuesta sigue posponiéndose y muchos representantes sindicales consideran que el gobierno quiere usar el tema con fines electorales.