Los derechos de la comunidad de personas lesbianas, gay, transgénero, bisexuales, intersexuales y queer (LGTBIQ) han visto un franco deterioro en el país por el cierre de centros especializados como Ciudad Mujer y la Secretaria de Inclusión, además de políticas poco eficientes para perseguir delitos contra ese grupo, señaló el informe de derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos divulgado este miércoles.
“En 2020, la administración Bukele eliminó cinco Secretarías presidenciales creadas en la anterior administración, incluyendo la Secretaría de Inclusión. Las responsabilidades de esa oficina pasaron a la Oficina de Diversidad y Género en el Ministerio de Cultura, el cual no tiene autoridad para influir en políticas y con apoyo insuficiente para desarrollar programas. No proveyó ningún servicio público significante (a la comunidad)”, declara el informe.
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Lo mismo ocurrió en el área de salud reproductiva. El informe menciona cómo la organización ORMUSA denunció que el cierre de las Ciudad Mujer (en 2019) “había creado una barrera para las mujeres y lesbianas, gays transexuales, trangénero e intersexuales (LGBTIBQ+) y sus consultas médicas”.
“Después del cierre de los centros, las mujeres y las personas de la comunidad LGTBIQ+ fueron sujetas a largas esperas para ver doctores y los médicos no eran especializados en el campo de la salud reproductiva y la comunidad LGTBI+ como sí eran en los centros sanitarios de Ciudad Mujer”, dice el reporte.
Pero no solo eso. El reporte establece cómo esa comunidad es aún blanco de crímenes y actos de discriminación y violencia.
“La Policía y las pandillas continúan cometiendo actos de violencia contra personas LGTBQI+. Los hechos fueron tolerados por el Gobierno, y los responsables de tales actos fueron raramente procesados penalmente”, afirma el informe en el apartado de violencia basado en la orientación sexual e identidad de género.
El documento detalla cómo el 20 de febrero de 2021, el Fiscal General anunció la condena a 60 años de prisión de tres miembros de pandillas por el homicidio de dos mujeres transgénero en La Paz en 2017, pero enfatiza en cómo esos crímenes fueron considerados como violencia común y no como crímenes de odio.
“La oficina del Fiscal manejó el caso como una pelea entre pandillas y no como un crimen relacionado con la identidad de género de las víctimas, y por eso esa instancia no catalogó los homicidios como crímenes de odio”, afirma el reporte.
El Departamento de Estado también pone énfasis en cómo las autoridades no logran dar seguimiento a las denuncias de acoso y ataques de la comunidad.
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“Organizaciones no gubernamentales reportaron que oficiales públicos, incluyendo policías, estuvieron involucrados en violencia y discriminación contra personas LGTBIQ+. Miembros de esa comunidad declararon que la Policía y Fiscales acosaron personas gay y transgénero cuando reportaban casos de violencia contra ellos, incluyendo cacheos invasivos e innecesarios”, establece el informe.
El Departamento de Estado además retoma cómo la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos reportó siete casos de discriminación contra esta población y “confirmó que el 14 de febrero de 2021 abrió una investigación en torno a la posible discriminación contra un oficial del Ejército quien se quejó de haber sido dado de baja por su orientación sexual”.
El reporte de Estados Unidos además recoge denuncias de la organización CONCAVIS Trans según la cual sus miembros enfrentan discriminación cuando buscan cobertura de salud.
“Las lesbianas dijeron que sus ginecólogos solo se enfocan en HIV u otras enfermedades de transmisión sexual cuando se enteran de su orientación sexual en vez de hacer sus tratamientos de rutina en aspectos ginecológicos”, afirma el documento.
El estudio concluye afirmando que lesa organización que personal médico insiste en llamarlas por su nombre legal en vez del nombre que han elegido en su nuevo género.