En solo dos semanas, el gobierno y la Asamblea Legislativa de El Salvador han dado un giro de timón a diferentes leyes, derechos y libertades mientras se ajustan el chaleco para lo que han llamado una “guerra” contra las pandillas.
Domingo 27 de marzo:
La Asamblea Legislativa aprobó el régimen de excepción a nivel nacional por un plazo de 30 días. Los votos fueron dados sin titubeos por la bancada cyan a solicitud del presidente Nayib Bukele tras el registro de 86 homicidios entre el viernes 25 y el sábado 26. El decreto entró en vigencia pocas horas después de su aprobación. Con esa “herramienta” la Policía Nacional Civil había capturado a unos 500 pandilleros al final del primer día. Bukele entonces ordenó, como en otras alzas de homicidios, emergencia en las cárceles y mandó retirar los colchones en las celdas, racionar la alimentación y prohibió a los reos “ver un rayo de sol”.
Foto EDH Menly Cortez.
Martes 29 de marzo:
Entre las múltiples capturas de pandilleros, advertencias del presidente Bukele y de autoridades de seguridad contra estructuras criminales y críticas hacia la comunidad internacional, la ciudadanía se habituó, tras dos días, a una mayor presencia militar y policial en diferentes colonias donde se limitó el ingreso o la salida.
Un fotoperiodista de El Diario de Hoy fue intimidado por elementos de la Fuerza Armada en la colonia Santa Lucía, en Ilopango. Militares lo registraron amenazantemente y lo obligaron a borrar los archivos fotográficos de su equipo.
Miércoles 30 de marzo:
La Asamblea Legislativa aprobó una serie de reformas al Código Penal con las que se castigará con más severidad a las pandillas: hasta 45 años de cárcel para cabecillas de éstas, hasta 30 años de prisión para quienes pertenezcan o que tengan algún tipo de trato con estos grupos delincuenciales, incremento de penas de prisión para menores de edad que sean miembros de maras, entre otras enmiendas legales.
Mientras continuaban las masivas capturas de pandilleros y presuntos mareros, familiares seguían llegando afligidos a la sede de la Fuerza Naval, en San Salvador, a pedir información sobre los detenidos. Alegaban arbitrariedades en varios de los arrestos.
Viernes 1 de abril:
Al aproximarse la primera semana de entrado en vigor el régimen de excepción, el presidente Bukele informó sobre la captura de 4 mil 357 pandilleros. Analistas señalaron que dicho régimen de excepción se debió implementar desde mucho antes dentro del Plan Control Territorial y que se debe mantener la seguridad en las colonias y comunidades intervenidas. “Sería bueno que se tomaran unas medidas, no solo para este tiempo, sino que quedaran establecidas, no tan drásticas por decirlo así, pero algún tipo de medidas para tener control”, decía entonces una residente de una colonia a las afueras de San Salvador.
Sábado 2 de abril:
Tras las constantes críticas de Bukele y llamarle “Homeboys Rigth Watch” a Human Rigth Watch, representantes de ese organismo solicitaron una reunión con el presidente salvadoreño para tratar sobre “la preocupante situación de derechos humanos en El Salvador y los desafíos del país en materia de seguridad”. El mandatario no emitió respuesta a esa solicitud en redes sociales.
Cristosal, por su parte, señaló que el endurecimiento de la legislación penal a las que ha recurrido el Gobierno de Bukele son medidas similares que en administraciones anteriores fueron fallidas.
Ese mismo día, Bukele ordenó a Centros Penales y a la Policía Nacional Civil organizar “más traslados a los penales, mantengan las bartolinas vacías para volverlas a llenar”. En respuesta, Centros Penales dijo que 2 mil 816 pandilleros fueron enviados al penal en Izalco, Sonsonate, y que estos “sentirán el sufrimiento que han causado al pueblo”.
Voces desde la población señalaban que “están pagando justos por pecadores muchas personas que son inocentes, están agarrando a diestra y siniestra. Está bien que se aplique a los que son, pero no que se pasen”, en alusión a las denuncias por capturas arbitrarias.
Lunes 4 de abril:
El Director de Centros Penales, Osiris Luna, aseguró en una entrevista en Canal 10 que “nos vamos a acabar a las pandillas, esta guerra la vamos a ganar. Les vamos a hacer sentir el régimen más severo, no hay vuelta atrás”.
El presidente Bukele advirtió a pandilleros aún en libertad que si toman represalias como “vengarse de la gente hornada al azar” eliminará por completo la alimentación para los mareros en prisión “a ver cuánto aguantan”. A lo que agregó: “no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a llevarse a sus pandilleros”.
Tras la entrada en vigencia del régimen de excepción, las autoridades reportaban más de 6 mil pandilleros capturados, mientras que registraban cinco homicidios en los primeros cuatro días de abril a nivel nacional.
Martes 5 de abril:
A petición del presidente Nayib Bukele, la Asamblea Legislativa aprobó con 63 votos y dispensa de trámite, tal como había hecho una semana atrás, otra reforma al Código Penal. Con esta modificación se impone el castigo de “10 a 15 años de prisión a quien elabore, reproduzca y transmita mensajes, mediante cualquier forma de expresión visual, que hagan alusión a grupos delincuenciales”. Abogados y la prensa salvadoreña mostraron su preocupación ante lo que consideran una “mordaza” contra la libertad de prensa y que promueve la creación de “un espejismo que no es fiel a la realidad” frente al problema de las pandillas en El Salvador, una limitación al derecho de información de los ciudadanos. El Secretario Jurídico de la Presidencia, Conan Castro, aseguraba que (la reforma) “busca cuidar la salud mental de nuestra gente que se ha visto afectada por la zozobra generada por los diferentes medios”.
En la misma sesión plenaria, los diputados dieron luz verde a reformar la Ley de Proscripción de Pandillas, la cual añade a su articulado el delito de realización de “textos, pinturas, diseños, grafitis o cualquier forma de expresión visual, plasmadas en propiedad privada o pública, que transmitan mensajes relacionados a agrupaciones ílicitas”; así como la formación de una Ley Especial que faculta a las autoridades de Seguridad Pública y de Defensa Nacional a usar bienes, armamento y dinero incautado a grupos terroristas.
Jueves 7 de abril:
Tras la entrada en vigor de las nuevas reformas al Código Penal y de la Ley de Proscripción de Pandillas, usuarios de redes sociales arremetieron aún más contra periodistas que han sido críticos al Gobierno. En tanto, Bukele mostraba cómo reos comunes borraban grafitis de pandillas en algunas colonias. “Ojalá no vaya a ser solo tendencia política como ‘Plan Mano Dura’, que ‘A los malacates se les acabó la fiesta’ y cuestiones así que nos han ofrecido; ojalá que en verdad dé buenos frutos”. “Para que todos nos sintamos cómodos de poder salir sin ningún miedo”, manifestaban habitantes de Ciudad Delgado. “La ley hace mucho, pero no creo que pueda dominar todo; esperamos que Dios ponga aquí su mano poderosa”, decía con esperanza una residente de Olocuilta.
Este día el Movimiento de Trabajadores de la Policía Nacional Civil denunció que los jefes policiales les han puesto una cuota de detenidos, lo que ha llevado a que muchas personas fueran capturadas aunque no tuvieran relación alguna con grupos criminales.
Viernes 8 de abril:
Bukele encabezaba con mofa y crítica hacia los organismos de derechos humanos las imágenes de más captura de pandilleros que compartía en cuenta de Twitter. Hasta esta fecha sumaban más de ocho mil. Mientras tanto, la PNC reportaba un homicidio, siete durante los primeros ocho días de abril. Ya en la madrugada del sábado 9 de abril, el mandatario hizo un balance en Twitter y detalló que se llegó a 8,590 detenidos hasta ese momento.