A partir del 23 de mayo aumentará el flujo de inmigrantes transitando por la frontera Sur con México rumbo a Estados Unidos. Se trata del fin del Título 42 que en marzo de 2020 la administración Trump estableció, alegando que los migrantes que llegaban a la frontera debían ser expulsados como medida de prevención para impedir la propagación del covid-19.
De ese modo, el derecho a pedir asilo al pisar suelo estadounidense se vio interrumpido, con miles de migrantes estancados en campamentos al otro lado de la frontera y a la espera de audiencias de inmigración que no se materializaban bajo otra medida de la era Trump, la MPP, conocida como “Quédate en México”. De un día a otro el país vecino se convirtió en albergue provisional de nacionalidades de todo el mundo, cuya travesía hacia el Norte se frenaba por una agresiva política anti asilo.
Joe Biden, que ocupó la Casa Blanca en pleno auge de la pandemia, mantuvo hasta hace poco las disposiciones de la era Trump. De hecho, entre marzo de 2020 y febrero de 2022 el 60% de las personas que llegaron a puestos fronterizos fueron deportadas bajo el Título 42. El continuismo de las políticas anti inmigrantes de Trump le granjearon a Biden no pocas críticas del ala más progresista del partido demócrata y de los activistas a favor de los derechos de los inmigrantes. Ahora, con la crisis global de la pandemia más controlada gracias a las vacunas y a variantes del virus que parecen ser mucho menos letales, el presidente, que en la campaña electoral prometió acabar con las severas políticas migratorias de su predecesor, ha dado luz verde para recuperar el derecho a solicitar asilo en Estados Unidos.
Buena parte de los republicanos no ha tardado en poner el grito en el cielo ante lo que anticipan como una “invasión” de migrantes, llegando a afirmar el ex presidente Trump que podría llegar una avalancha de 10 millones de personas. Sin embargo, representantes de la organización America’s Voice dicen que es una falacia, teniendo en cuenta que el derecho a pedir asilo no garantiza que lo concedan. Muchos de los individuos que lo hagan acabarán deportados por no cumplir con los requisitos necesarios para obtenerlo.
En un escrito publicado en El Nuevo Herald, Maribel Hastings, directora ejecutiva de America’s Voice, argumenta que bajo Trump se usó como excusa el covid-19 para restringir la posibilidad de que cierto tipo de inmigrante (principalmente proveniente de América Latina) no ingresara al país. En estos momentos, sostiene Hastings, a causa de la guerra en Ucrania republicanos que se oponen al éxodo de migrantes de Latinoamérica aplauden que se acoja a ucranianos, tal vez más proclives a favorecer cierto perfil de inmigrante en detrimento de otros.
Sin duda, la reanudación del ingreso de migrantes después de un largo impasse representa un reto para las autoridades migratorias y las comunidades próximas a los pasos fronterizos. El Departamento de Seguridad Nacional prevé el ingreso de unas 18 mil personas por día y prepara a más personal y facilidades para albergar a los recién llegados. Conscientes de que se avecinan tiempos complicados, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, a la vez ha recalcado que “no es el momento para venir”, asegurando que se continuarán tomando medidas para frenar la inmigración irregular.
El fin del Título 42 no cuenta con el respaldo de muchos estadounidenses, pero tiene en cuenta el aspecto humanitario que Trump, y su mayor artífice en sus políticas anti inmigratorias, Stephen Miller, descartaron a la hora de abordar una tragedia que es imperecedera y universal. Las cifras pueden parecer apabullantes, pero las odiseas individuales de quienes lo arriesgan todo por una vida digna lo son más. Los que un día tuvieron que hacerlo lo saben bien, incluso cuando se muestran insolidarios con los que están por llegar. [©FIRMAS PRESS]
*Twitter: ginamontaner