Diversos sectores rechazaron ayer las recientes reformas penales aprobadas de forma exprés por la Asamblea Legislativa al señalar que no solo imponen “mordaza” a los medios de comunicación y periodistas, sino que “limita las opciones de información” que tiene la ciudadanía para conocer sobre la situación de seguridad pública en el país.
Los diputados del oficialismo y sus aliados votaron en la plenaria del martes por modificar el Código Penal y agregar el artículo 345-C que establece penas de 10 a 15 años de cárcel a quienes reproduzcan mensajes alusivos a las pandillas por los diferentes medios de comunicación y plataformas digitales.
En ese marco, la Mesa de Protección a Periodistas de El Salvador expresó este miércoles preocupación por las arbitrariedades que considera se pueden dar con las enmiendas que también abarcaron a la Ley de Proscripción de Pandillas.
El presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), César Castro Fagoaga, dijo en rueda de prensa que las reformas les “preocupan porque más allá del papel, creo que todos pudimos escuchar los mensajes que los diputados del oficialismo y aliados dieron intentando hacer creer de una manera equivocada que la prensa es o ha sido vocera de las pandillas”.
“¿Quién determina el límite?”
Castro Fagoaga se preguntó ¿Cuál es límite? ¿Quién va a determinar si una comunicación o una publicación está haciendo apología o está contraviniendo la ley?
Respondió: “La fiscalía que responde al oficialismo, la policía que responde al oficialismo, los militares ¿Quién determina cual es el límite?”.
En ese sentido hizo un llamado al fiscal general, Rodolfo Delgado a que “se pliegue a lo que dice la Constitución y respete el trabajo periodístico”.
El presidente de APES manifestó que el periodismo es necesario para entender la lucha contra la violencia ya que no se puede combatir algo sino se entiende.
“En esto ha sido fundamental el trabajo periodístico a lo largo de los años, no solo nos hemos dado cuenta de los pactos que han tenido con pandillas diversas administraciones, las anteriores como la actual, sino que también hemos aprendido del fenómeno que afecta a miles de salvadoreños día con día”, apuntó.
Añadió: “No podemos pensar que al no mencionarlas (problemas) estas van a desaparecer y esto es peligroso porque lo que está detrás es un intento por coartar la libertad de expresión y en este caso las reformas aprobadas no solo atañen a los medios sino que a cualquier persona en medios o tecnologías de la información que haga referencia a eso”.
“Golpe a la libertad de expresión”
Para Wilson Sandoval, abogado y politólogo, con las modificaciones a las normativas penales “el golpe que quería asestarse es contra la libertad de expresión y el ejercicio periodístico”.
“Lo que conllevan las reformas es consecuencias penales para aquellos periodistas que hagan cobertura del tema de estos grupos delictivos, porque dichas coberturas han puesto en una situación complicada al Estado por la abundante evidencia que presentan en materia de tregua, tema de extradiciones, asesinatos, etc., buscan cerrarse esa llave que le da información a la ciudadanía sobre este tipo de acontecimientos”, dijo.
La Mesa de Protección a Periodistas de El Salvador expresó preocupación por las arbitrariedades que se pueden dar con las reformas. Video EDH/Nohemí Angel
Sandoval explicó que al limitarse las opciones de información a la ciudadanía “cualquier decisión que tome con respecto a lo que pasa de la realidad esta viciada, porque hay voces acalladas que no permiten hacer eco sobre ciertas problemáticas como el de la seguridad”.
Por su parte, el director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, consideró que con las reformas aprobadas por la Asamblea se pretende cambiar la percepción a la ciudadanía para “hacer parecer que las pandillas no tiene el control territorial” y estas implican restricciones a la libertad de información y la libertad de prensa en el país.
“Reformas mordaza”
A criterio de Marcela Galeas, abogada penalista, lo que se avaló durante la plenaria del martes sobre todo con la incorporación del artículo 345-C al Código Penal “es una forma de establecer una mordaza a los medios de comunicación, a la prensa en este caso”.
La profesional del derecho cuestionó específicamente el inciso dos de dicho artículo que castiga hasta 15 años de prisión por difundir mensajes alusivos a las pandillas al considerar que “es incoherente, es desproporcional esa sanción impuesta al ejercicio periodístico por el hecho de informar de la actividad delincuencial de las pandillas”.
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Similar opinión emitió la gremial de periodistas al calificar que “estas reformas mordaza son una nueva herramienta para criminalizar el trabajo periodístico, una alarmante tendencia que la APES ha venido señalando”. Además, indicó que “se suma la figura de agentes encubiertos digitales, al escándalo impune de espionaje a periodistas con el software Pegasus y en la actualidad a la falta de garantías de privacidad a las comunicaciones ante la aprobación del régimen de excepción”.
El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Jorge Canahuati, señaló estas reformas como “una mordaza legal, una censura directa y previa a los medios” la cual asegura “tendrá profundas consecuencias para la sociedad salvadoreña”.
“Es evidente y lamentable que se aprovechen las circunstancias de la grave violencia social que padece el país para legalizar restricciones y profundizar la hostilidad que ha demostrado este gobierno contra la prensa”, manifestó Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP.