Si el régimen de Bukele tiene en sus manos todo el aparato de inteligencia policial y militar, la Fiscalía, el Órgano Judicial, la Asamblea, el reluciente Plan Control Territorial con todos sus recursos, ¿por qué las pandillas han mantenido el control sobre los vecindarios de San Salvador y el interior del país y han podido poner en jaque a la seguridad pública hasta con 62 homicidios en un solo día?, se preguntarán muchos.
¿La seguridad policial no pudo anticipar lo que venía? ¿La policía y el ejército no pudieron haber tomado medidas disuasivas ANTES y no hasta ahora que seguramente ya huyeron los criminales? ¿Será que les interesa más estar al tanto de las llamadas y los movimientos de opositores, críticos, analistas y periodistas que de la delincuencia?
Porque una cosa es cierta: los barrios y colonias de San Salvador y del interior del país nunca han dejado de estar a merced de las pandillas, mientras la propaganda dice que este es el “paraíso cian”, aunque la gente en sus ambientes sabe que debe seguir con la consigna de “ver, oír y callar”. Las pandillas no han dejado de operar con el plan Control Territorial y menos han dejado de matar, sino que está claro que se cuidan de enterrar a sus víctimas para no abultar las cifras oficiales de homicidios. Las múltiples fosas clandestinas lo comprueban.
El plan Control Territorial no ha sido efectivo hasta hoy en que varias comunidades muy victimizadas han sido tomadas por la policía, que ha impuesto una especie de toque de queda que solo permite a los vecinos salir para buscar medicinas, ir a estudiar y trabajar como de seguro buscar asistencia médica.
Se habla de más de 2,000 capturados, que seguramente saldrán en pocos días por falta de pruebas como suele suceder, o los enviarán a los penales a que les den solo dos raciones de comida al día y no puedan ver el sol, como ordenó el presidente.
Otras preguntas que se hace la ciudadanía son: ¿serán realmente esos 2000 capturados los autores de la matanza o son presas de una redada indiscriminada y planes improvisados de reacción? ¿No será que están pagando justos por pecadores, con la consigna de “buscar a un culpable” y no buscar al culpable?
Realmente están castigando a la ciudadanía con un Estado de Sitio –eso es realmente el Régimen de Excepción- con las restricciones a los derechos de las personas cuando son grupos de facinerosos los causantes de la matanza. Y todavía buscan restringir más derechos, como el de circulación e inviolabilidad de morada. Se van por lo más fácil, cuando, como dijimos al principio, debieron haber conjurado estos crímenes con el uso eficiente y quirúrgico de la inteligencia y una limpia redada de criminales.
Ahora todo es aplausos por los mareros que irán a la cárcel, 45 años suenan bien .. . hasta que le metan a la cárcel a un hijo que iba a su trabajo y no tenía nada que ver con pandillas, solo el infortunio de, como cientos de miles de personas, de vivir en zonas asediadas por maras.
No más pactos infernales ni seguir evitando extradiciones
Lo que queda bien claro es que hacer pactos con estos grupos, además de que es un grave delito y un irrespeto a la sangre de las víctimas, es como dormir con serpientes: tarde o temprano ahogan o muerden al confiado. De nada sirve esconderlos y librarlos de la extradición, cuando les da la gana lanzan a sus galgos a la calle y buscan medir fuerzas con el gobierno de turno, como parece que ha ocurrido ahora.
En El Salvador las pandillas proliferaron en gran parte por el vacío de seguridad que quedó tras la disolución de los antiguos cuerpos de seguridad militarizados, cuando debieron haberse reemplazado por fuerzas similares y profesionales y no desaparecerlos de un plumazo.
El “tapón” a esas corrientes demenciales es y siempre ha sido Nicaragua, donde los malacates se desvanecen, se los traga la tierra o los tiran en el cráter del Momotombo, lo que sin duda atenta contra derechos humanos elementales, pero más sufren personas inocentes que fieras sueltas sin conciencia humana.
Si como dicen, no hay pacto y con esta matanza que han perpetrado quieren medir fuerzas, un paso decisivo para aplacar la furia es extraditar al Norte a los criminales reclamados por las autoridades estadounidenses, darles un tiquete gratis de ida como el que han otorgado al epónimo exdictador hondureño Juan Orlando Hernández, cuyo hermano purga una condena a cadena perpetua.