La Asamblea Legislativa aprobó este miércoles en sesión plenaria extraordinaria reformas al Código Penal que castigan a los cabecillas de pandillas con hasta 45 años de prisión.
Esto como parte del pliego de reformas a diferentes cuerpos legales para reforzar su combate a las pandillas, las cuales fueron presentadas ayer por el presidente Nayib Bukele a través del gabinete de Seguridad y de su ministro de Hacienda.
El presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, adelantó en conferencia de prensa antes del inicio de la plenaria que las iniciativas serían aprobadas con dispensa de trámite. «No hay nada que discutir», sentenció.
Las reformas al Código Penal agravan las penas a delitos cometidos por pandilleros, imponen penas por pertenecer a estos grupos y sancionan a quienes negocien prebendas o beneficios carcelarios con hasta 30 años de prisión.
Los legisladores también aprobaron con 75 votos una reforma a la Ley Reguladora de Actividades Relativas a las Drogas, que aumenta la pena por delitos establecidos en esa ley, de 20 a 30 años, cuando sean cometidos por miembros de maras.
Con 66 votos, los legisladores también aprobaron enmiendas al Código Procesal Penal que buscan eliminar las penas máximas previstas en este Código para delitos como homicidio, homicidio agravado, extorsión, extorsión agravada, conspiración para delinquir, agrupaciones ilícitas y delitos relacionados a las drogas, entre otros.
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Asimismo, se busca blindar la privacidad de jueces, magistrados y personal judicial en casos vinculados a los pandilleros, así como protección en las audiencias virtuales.
Asimismo, incrementaron penas a menores de edad que sean parte de pandillas: hasta 10 años para mayores de 12 años, y hasta 20, para mayores de 16 años de edad.
Los diputados también asignaron presupuesto adicional a los cuerpos de seguridad y durante la sesión extraordinaria aprobaron otras medidas de manera exprés.
Abstención
Johnny Wright, de Nuestro Tiempo, explicó a El Diario de Hoy la razón por la que se abstuvo de votar en relación al incremento de penas por pertenencia a pandillas.
“Llegamos a esta plenaria extraordinaria con la única certeza de que lo que se conociera sería aprobado. Sin tener el tiempo necesario para analizar ni el espacio para debatir a profundidad los proyectos de reforma, se vuelve casi imposible votar responsablemente”, indicó.
Añadió: “No me atrevería a votar favorablemente por leyes que pudiesen ser inconstitucionales o lesivas a los intereses de la población. Tampoco puedo depositar mi confianza a ciegas en las propuestas de un gobierno autoritario”.
Por su parte, Anabel Belloso, del FMLN, recordó que ya hay una ley donde se tipifica el delito de pertenecer a pandillas. “Si mal no recuerdo, es la Ley de Proscripción de Pandillas”, dijo.
El diputado Rodrigo Ávila, de ARENA, también solicitó mayor discusión por la naturaleza técnica de las medidas.
Además del pliego de reformas legales aprobadas este miércoles 30 de marzo, los diputados avalaron con dispensa de trámite una asignación adicional de presupuesto para los cuerpos de seguridad.
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La Policía Nacional Civil (PNC) recibirá un refuerzo de recursos de $60 millones. Por su parte, la Fuerza Armada tendrá un fondo adicional de $20 millones.
Desde el domingo 27 de marzo El Salvador se encuentra bajo un Régimen de Excepción declarado por el alza de homicidios que ocurrieron entre el viernes 25 y sábado 26 de marzo. En menos de 48 horas más de 80 personas fueron asesinadas de forma violenta. Un hecho de tal magnitud no ocurría desde 2015 cuando en un solo día se registraron 51 homicidios.
Es así que los parlamentarios aprobaron también en una plenaria extraordinaria un decreto de excepción para suspender varias garantías constitucionales.
Entre los derechos suspendidos está la libertad de asociación, el derecho de defensa e inviolabilidad de la correspondencia y también quedó sin efecto la prohibición de la intervención de las telecomunicaciones sin autorización judicial. Además, se extendió el plazo de detención administrativa a 15 días, cuando en tiempos normales es de 72 horas.
Sin embargo, la oposición política, abogados y defensores de derechos humanos han advertido que el gobierno está restringiendo también el derecho de libre circulación, algo que no estaba contemplado en el decreto legislativo 333 aprobado por los diputados el domingo pasado.
En varias colonias y comunidades de San Salvador, se ha observado a agentes de la Policía y militares registrando a personas y prohibiendo o limitando la circulación de ciudadanos en algunos sectores que supuestamente están dominados por las pandillas.