Cámara beneficia con arresto domiciliar a condenada que gestionó bono de $300 para pandilleros de la 18
Norma Aguirre, dirigente de vendedores informales de San Salvador, fue sentenciada a 27 años de prisión por extorsión, lavado de dinero y agrupaciones ilícitas. El veredicto fue conocido el 4 de marzo pasado y los magistrados de la Cámara Antimafia de lo Penal resolvieron en menos de un mes.
En contraste al tratamiento que se les ha dado a los procesados judicialmente por supuestos actos de corrupción, pero que son considerados como opositores al régimen de Nayib Bukele, la Cámara Segunda Antimafia de lo Penal de San Salvador favoreció con el arresto domiciliar con custodia policial a la dirigente de vendedores informales, Norma Elivania Aguirre, condenada a 27 años de prisión por extorsión, lavado de dinero y agrupaciones ilícitas.
Aguirre fue quien gestionó el bono de $300 del gobierno por la pandemia del Covid-19 a pandilleros de la mara 18 a través del Ministerio de Trabajo, según los audios que se difundieron en el juicio contra 42 mareros y colaboradores que terminó en condenas para la mayoría de los imputados.
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El 4 de marzo pasado, el juzgado Antimafia de Sentencia A le impuso 15 años de cárcel por extorsión, otros ocho por lavado de dinero y cuatro por agrupaciones ilícitas por su supuesta vinculación con un grupo de la pandilla 18 que operaba en el sector del parque Libertad y sus alrededores.
También la referida Cámara favoreció con la libertad condicional a Yeni Carolina Rivera, condenada por agrupaciones ilícitas en el mismo proceso de Aguirre.
Tras el veredicto, el referido juzgado ordenó su detención de inmediato para que fuera enviada a un centro penal y comenzar a cumplir con la pena.
La defensa de Aguirre y Rivera apelaron a la decisión del juzgado Antimafia de enviarlas a prisión y la referida Cámara resolvió a favor de las condenadas en menos de un mes.
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El argumento principal de los magistrados de la Cámara para favorecer a las condenadas es que no hay una sentencia en firme ni tampoco existe riesgo de que ellas puedan evadir a la justicia.
Rivera tendrá que portar un brazalete electrónico con el que será monitoreada y vigilada, el pago de una fianza de $3,000, presentarse cada 15 días al juzgado que lleva su caso, prohibido cambiar de domicilio y no comunicarse con cualquiera de las personas que son procesadas en la misma causa penal.
Estas medidas se mantendrán hasta que exista una sentencia definitiva y en caso de ser incumplidas, entonces serán revocadas, según la resolución de la Cámara Antimafia.
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