Durante dos años consecutivos, El Salvador incumplió con los requisitos mínimos requeridos por la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés), instancia que busca que los gobiernos cumplan estándares democráticos para el respeto de derechos civiles y democracia. Por esto, El Salvador ha sido declarado inactivo al no entregar un nuevo plan de acción antes de la fecha límite que era el 31 de diciembre de 2021, informó la OGP en una publicación en su sitio web este 24 de marzo de 2022.
Los planes de acción de OGP contienen reformas creadas conjuntamente entre los gobiernos y la sociedad civil. El fallo se produce después de que El Salvador fuera puesto bajo revisión procedimental en julio de 2021.
"El Mecanismo de Revisión Independiente (IRM por sus siglas en inglés) de OGP también ha señalado que el gobierno avanzó poco o nada en la implementación de los compromisos en su último plan de acción, no cumplió con los requisitos mínimos de participación y cocreación y no recopiló, publicó ni documentó un repositorio en el sitio web o la página web nacional de OGP como se requiere", se detalla en el comunicado oficial de la OGP.
El fallo establece que El Salvador ha actuado en contra del proceso al no presentar un nuevo plan de acción, el cual la Alianza requiere que todos sus miembros hagan cada dos años.
El país se adhirió a la Alianza para el Gobierno Abierto en 2011, año en que fue creada. En esa ocasión cocreó cinco planes de acción con organizaciones de la sociedad civil. Junto a El Salvador otros 76 países pertenecen a la OGP junto con miles de organizaciones de la sociedad civil. Está integrada por reformadores dentro y fuera del gobierno que trabaja para transformar la forma en que el gobierno sirve a sus ciudadanos.
En ella participan líderes gubernamentales y defensores de la sociedad civil para promover una gobernanza transparente, participativa, inclusiva y responsable.
Distintas organizaciones de la sociedad civil salvadoreñas también remitieron una carta al Comité Directivo de la OGP expresando que el fallo “corresponde adecuadamente al estado de la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y, en general, la democracia” en el país, y exigieron una serie de demandas para que se reincorporen al proceso de cocreación.
También pidieron al gobierno salvadoreño que detenga de forma inmediata y permanente los ataques en contra de las organizaciones de la sociedad civil y derogue la legislación que obstaculiza la transparencia, la rendición de cuentas y el financiamiento de las organizaciones de la sociedad civil.
En el comunicado se detalla que el gobierno de El Salvador informó que involucrará a las organizaciones de la sociedad civil y reactivará el proceso de cocreación.
Sin embargo, desde noviembre del año pasado el Ejecutivo mandó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que obligaría a cualquier persona u organización en El Salvador que realice actividades “que respondan a intereses, sean controladas o financiadas, directa o indirectamente por un mandante extranjero” registrarse como “agentes extranjeros”. De no hacerlo, el gobierno podría clausurar la organización, pero según organizaciones salvadoreñas e internacionales es una vía para restringir la defensa de los derechos humanos y el periodismo independiente.
Mientras que abogados advierten que ese proyecto de ley imita a la ley nicaragüense del mismo nombre que ha servido para encarcelar a opositores y cerrar organizaciones. Con la aprobación de esta nueva ley, El Salvador busca que las organizaciones civiles y los medios de comunicación que reciben fondos de cooperación extranjera paguen un impuesto del 40% por las donaciones recibidas. En caso de no cumplir con esa exigencia podrían ser sancionados y hasta encarcelados con prisión de 2 hasta 5 años.
Pese a que la ley recibió el rechazo de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), del Comité de Protección a Periodistas (CPJ) y de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), entre otras, el gobierno justifica su iniciativa diciendo que servirá para impedir la injerencia internacional en asuntos políticos internos.
“Hago un llamado al gobierno del Presidente (Nayib) Bukele para que atienda las demandas de la sociedad civil y mejore y proteja las libertades básicas, como la capacidad de las personas para organizarse, participar y comunicarse libremente. Estos derechos son la base de cualquier sociedad abierta y democrática, y deben restaurarse si El Salvador quiere permanecer en la Alianza para el Gobierno Abierto”, dijo Anabel Cruz, copresidenta entrante del Comité Directivo de OGP y directora del Instituto de Comunicación y Desarrollo de Uruguay.
El estado inactivo del país durará un año o hasta que se cocree y presente un nuevo plan de acción a más tardar el 24 de marzo de 2023. La OGP dice que el nuevo plan de acción también debe cumplir con los requisitos mínimos establecidos en los Estándares de Participación y Cocreación, según lo evaluado por el IRM. El incumplimiento de estos requisitos dará lugar automáticamente a la cesación de la condición de miembro de El Salvador en OGP.
El Comité Directivo de la Alianza para el Gobierno Abierto también designó a Bulgaria, Malawi y Malta como inactivos.