Premio o castigo. Así califica el magistrado Julio Olivo del Tribunal Supremo Electoral (TSE) la asignación de misiones oficiales al extranjero en esa entidad electoral.
"Como yo me porto mal, solo tengo alrededor de 3 o 4 misiones oficiales, pero hay un magistrado que quizás se porta mejor que tiene 16 misiones oficiales, casi una por mes ¿Quién se las ha autorizado?", se pregunta Olivo; sin embargo, no detalló de quién se trata.
Los actuales magistrados del TSE fueron nombrados en sus cargos desde agosto de 2019. La presidenta es Dora Esmeralda Martínez de Barahona en representación de GANA; por ARENA, Luis Guillermo Wellman Carpio; por el FMLN, Julio Alfredo Olivo Granadino; y los magistrados que representan a la Corte Suprema de Justicia son: Rubén Meléndez García y Noel Antonio Orellana Orellana.
Los beneficios que tienen los funcionarios también abarcan la asignación de vehículos. Olivo expresó que cada uno tiene derecho a 3 automóviles para su uso personal y para actividades relativas a su cargo.
"Puede ser un vehículo nacional para realizar notificaciones a distintas áreas, a la Fiscalía, a la Procuraduría, otros para transportarse, incluso, algunos tienen un vehículo seguidor", manifestó Olivo.
Según dijo, en su caso devolvió uno de los automotores con placa nacional, pero se quedó con dos, uno como magistrado propietario y otro por si se le arruina el oficial, pero reveló que hay otros magistrados que tienen más vehículos asignados.
Esto fue develado por el magistrado Olivo, ya que asegura que debido a su denuncia de un posible pacto al interior del TSE del resto de magistrados, ha comenzado a ser víctima de una guerra mediática.
"Como no pueden destruir mis argumentos lo que hacen es una guerra en redes sociales. Ayer me aparecían 5 vehículos de lujo a mí y la lógica es: ¿Cómo me darán esos vehículos sino soy parte de ese pacto?", razonó.
Exhortó al gobierno a regular esa cuestión ya que eso implica un gasto importante en combustible en momentos en que el alza del petróleo golpea el bolsillo de los consumidores de gasolina.
El gobierno ha eliminado algunos impuestos fijos al galón de combustible para palear un tanto el impacto, sin embargo, la oposición política recrimina que poco habla de medidas de austeridad gubernamental para mitigar la crisis del petróleo en El Salvador, a pesar de que la reducción de tasas del IVA aprobadas ayer por la Asamblea le costará al Estado $8 millones en ingresos tributarios.