Solo 11 diputados votaron a favor de ratificar el derecho humano al agua. La petición vino de la diputada del FMLN, Dina Argueta en el pleno, pero los diputados de la bancada oficialista hicieron caso omiso de esa solicitud a pesar que este 22 de marzo se celebra el día mundial del Agua, declarado así por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para recordar la relevancia de este líquido esencial para el desarrollo de la vida de las personas.
"Pedí esta modificación por el derecho humano al agua del pueblo salvadoreño y como era de esperarse: 11 votos a favor, no hubo resolución. Es la importancia que el oficialismo le da a un tema trascendental para la vida", lamentó la diputada Argueta ante la negativa en el pleno.
El 15 de octubre de 2020 la Asamblea Legislativa aprobó una reforma constitucional para garantizar el "derecho humano al agua y a su saneamiento", por lo que Argueta solicitó seguir con el proceso de reforma constitucional que requiere de una ratificación con mayoría calificada, es decir, de 56 votos.
El octubre de 2020 el acuerdo de reforma constitucional que modificaría los artículos 2 y 69 de la Constitución fue aprobado con con 77 votos y uno a mano alzada. El decreto fue publicado en el Diario Oficial No. 237 del 27 de noviembre de 2020.
Con ese decreto se buscaba establecer que el agua sea un bien público, y por tanto debe estar a disposición de toda la población y evitar cualquier eventual intento de una “privatización”.
Foto EDH Yessica Hompanera
Con las modificaciones el artículo 2 de la Constitución dicta que: “toda persona tiene derecho a la vida, al agua y su saneamiento, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos”, especificando la inclusión del "agua y su saneamiento".
Mientras que el primer inciso del artículo 69 reza que “es obligación del Estado crear políticas públicas y leyes que garanticen a todos los habitantes agua salubre, suficiente, accesible y asequible, así como el aprovechamiento y preservación de los recursos hídricos. El agua constituye un bien público”. La reforma quedó pendiente de ser ratificada en la presente legislatura.
En la pieza que la diputada Argueta intentó introducir en la plenaria para que fuera conocida con dispensa de trámite, al igual que pasan muchas de las iniciativas que llegan del Ejecutivo, sin discusión alguna, señala que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha establecido en su jurisprudencia, particularmente en el Amparo 513-2012, que el reconocimiento del derecho al agua implica garantizar disponibilidad de agua en el sentido de otorgar un abastecimiento continuo y en cantidad suficiente para el uso personal y doméstico.
Así como garantizar salubridad y aceptabilidad del agua. Que además el Estado se encuentra em la obligación de garantizar la accesibilidad y asequibilidad, lo cual tiene que ver con la posibilidad de acceder al agua sin discriminación para la prestación del servicio de acueducto, la obligación de remover cualquier barrera física o económica que impida el acceso al agua, especialmente a los más pobres y a los grupos históricamente marginados.
También señala que la resolución 64/292 del 28 de julio de 2010 de la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que ambos son esenciales para la realización de todos los derechos humanos.
La resolución exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros, par alcanzar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos.