En marzo de 2021 se supo oficialmente que el gobierno de El Salvador estaba en negociación con el El Fondo Monetario Internacional (FMI) para un acuerdo financiero por $1,300 millones, pero luego de un año aún no se sella ese pacto.
Aunque meses previos trascendió que las conversaciones iniciaron desde que el organismo le prestó $389 millones al país en abril de 2020, fue el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, quien un 4 de marzo confirmaba a la agencia británica Reuters que en efecto estaban buscando un crédito de esa magnitud con el Fondo. La confirmación vino después de los resultados electorales de febrero de 2021.
“Nos ayudará a aprovechar las brechas presupuestarias para 2021, 2022 y 2023” y ayudará a reducir los altos costos asociados con la deuda de El Salvador, afirmó Zelaya en aquella oportunidad.
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Incluso dijo que el financiamiento del FMI debería hacer que la deuda y el gasto público de El Salvador sean sostenibles.
“Necesitamos (para 2021) una financiación de alrededor de $2,000 millones, incluido el plan de gestión de la deuda a corto plazo”, declaró el funcionario.
En aquel momento la noticia fue esperanzadora para sectores como el bancario, pues veían que eso ayudaría a una mejor sostenibilidad de las finanzas del país.
Aunque eso también implicaría impulsar medidas fiscales que pondrían en aprietos al gobierno porque le restaría capital político, pues un acuerdo con el FMI, como ha sucedido con otros países, puede conllevar al aumento de impuestos como el IVA, recorte de empleados públicos y, ante todo, disciplina en las finanzas públicas, entre otras.
Zelaya reiteró durante meses que no se subiría el IVA si se lograba un acuerdo con el FMI.
Un mes después del anuncio del ministro, el Fondo iniciaba la revisión anual de las finanzas públicas de El Salvador, previo a decidir si otorgaba el financiamiento.
¿Qué ha pasado en los últimos 12 meses que han frenado al organismo para otorgar el millonario crédito?
El primer hecho había ocurrido días antes de que Zelaya confirmara las negociaciones: el 9F, el día que el presidente Nayib Bukele militarizó la Asamblea Legislativa a pocos días de los comicios.
Este fue un hecho que marcó el camino que vendría después.
En mayo, cuando toma posesión la nueva Asamblea oficialista y destituye a cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General, se puso en riesgo el acuerdo con el Fondo, según advirtieron en ese momento varios expertos de bancos de inversión internacionales como Barclays y Stifel.
“En lugar de enviar señales de un acuerdo con el FMI, el gobierno está priorizando su agenda política”, advirtió Barclays en su informe.
Era la segunda alarma que se encendía entre financieras internacionales que comenzaron a vaticinar que un acuerdo con el Fondo Monetario era “poco probable”.
Pero el discurso de Zelaya era que la negociación con el organismo se mantenía en curso.
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Sin embargo, tras la destitución de los funcionarios, el portavoz del FMI, Gerry Rice, envió un mensaje clave en mayo pasado: las discusiones continuarían en relación “con la gobernanza económica, transparencia presupuestaria y el marco de lucha contra la corrupción”.
Se adopta el Bitcoin y el FMI lanza varias advertencias
Aun así, el presidente Bukele anuncia en junio 2021 que adoptará el Bitcoin como moneda de curso legal en el país.
Eso marcó un parteaguas, pues en los meses que siguieron hasta que en septiembre pasado se aprobó de forma exprés la ley que le dio vigencia al criptoactivo, múltiples voces expertas comenzaron a lanzar advertencias sobre los riesgos que eso implicaría para la economía y las finanzas del país.
No solo economistas nacionales e internacionales, además de calificadoras de riesgo y empresas extranjeras de análisis financiero lo han señalado, sino que el FMI lo ha hecho en varias ocasiones desde que se anunció la adopción de la criptomoneda, sin tener eco en el presidente ni en su gabinete de gobierno.
Tan solo días después del sorpresivo anuncio de Bukele, el portavoz del Fondo salió a decir que adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal podía implicar “significativos riesgos”, por lo que instó a las autoridades a hacer “un análisis muy cuidadoso”.
Eso motivó un viaje de Bukele a Estados Unidos para tratar de explicarles a las autoridades del FMI sobre lo que había anunciado, pues aunque estaba en negociaciones con ellos, los tomó por sorpresa.
“Tendré una reunión con el FMI el jueves y hablaremos de varios temas, uno de ellos es este préstamo ($1,300 millones). En el mensaje en el que coordinamos la reunión he tratado de explicar que este es un gran cambio para el país, que es una oportunidad y que no va a cambiar nuestra macroeconomía”, declaró Bukele en junio 2021.
Además admitió en esa oportunidad que tendría que “dar bastantes explicaciones, pero estoy seguro que será bueno para todos”.
Pero a pesar que estaba en juego un acuerdo financiero millonario, el gobierno siguió adelante con su plan de impulsar el Bitcoin y la Chivo Wallet.
Mientras tanto, el FMI ha seguido remarcando los riesgos y recomendó eliminar el fideicomiso que, en teoría, se usa para comprar bitcoins o retirar los subsidios presupuestarios a Chivo; luego urgió eliminar el Bitcoin como moneda de curso legal y hacer una “estricta supervisión” que regule a la empresa Chivo, además consideró que “invertir en Bitcoin no es la solución para aliviar restricciones financieras”.
Aunque el organismo ha sido contundente sobre ese tema, nada de eso ha calado en el gobierno, por lo que el más reciente mensaje del Fondo Monetario, en febrero de este año, fue que un potencial acuerdo crediticio con El Salvador requerirá más discusión sobre la adopción del Bitcoin como moneda legal.
“Las autoridades aún no han esbozado los detalles técnicos y operativos en torno a todo esto. Así que es algo que necesita discutirse más”, afirmó el vocero.
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Paralelamente, el Fondo continuó adelante con la revisión anual de las finanzas salvadoreñas, cuyo informe final divulgó a finales de enero de este año, y en ese marco hizo otras recomendaciones al gobierno de Bukele: reestructurar salarios públicos y orientar mejor los subsidios; reducir millones en gastos, mejorar la transparencia en las finanzas, entre otras, para evitar que la deuda siguiera en una espiral de crecimiento porque eso le traerá consecuencias económicas.
Sin embargo, la respuesta del gobierno a todas esas recomendaciones ha sido que tomarán “otras alternativas” para manejar la política fiscal.
“Ellos (FMI) nos señalan una serie de iniciativas a implementar, nosotros vamos a implementar estas otras…Ellos te dan otra recomendación y nosotros tenemos otra alternativa”, respondió Zelaya al organismo en enero de este año.