A los problemas de vencimiento de pagos de deuda millonarios que el gobierno tiene que hacer en los próximos dos años; la Asamblea Legislativa le puso más presión a las finanzas del Estado aprobando en primera vuelta tres nuevos préstamos por un monto total de $535 millones.
“Es solo como ponerle una cereza al pastel que ya está bien destrozado”, explicó a manera de ejemplo el economista Rafael Lemus.
La Asamblea dio paso al gobierno para que negocie tres créditos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y con cargo a los recursos de la Facilidad de Corea de Cofinanciamiento para el Desarrollo de Infraestructura para América Latina y El Caribe.
VER: Asamblea Legislativa avala $535 millones más en préstamos
Uno de ellos es por $400 millones para “Emergencias por Desastres Naturales y de Salud Pública”; otro por $85 millones para la ejecución del “Programa de Conectividad Digital Social”; y $50 millones para el Ministerio de Vivienda para la operación denominada “Programa de Financiamiento de la Vivienda Social”.
En concreto, Lemus identifica tres problemas sustanciales en la adquisición del gobierno salvadoreño de más créditos: el primero es que tiene problemas de liquidez porque tiene fuertes vencimientos de la deuda en los próximos 24 meses.
Esto es así porque dentro de un año el gobierno deberá honrar el pago de más de $4,000 millones de vencimiento de deuda y en el siguiente año más de $5,000 millones. Sólo en 2023, en bonos el pago asciende a $800 millones.
Y por si fuera poco, Lemus dice que en concepto de Letes (Letras del Tesoro de la Nación) y Cetes (Certificados del Tesoro) el gobierno viene arrastrando casi $3,000 millones de deuda. Y con el agravante de la poca posibilidad de que El Salvador logre un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por $1,300 millones.
Pero la película no termina allí, la Asamblea oficialista facultó al Ministerio de Hacienda en febrero de 2022 trasladar a 2023 parte de la brecha presupuestaria del presente año cifrada en $498.4 millones. En ese entonces, Lemus advirtió que esa acción demuestra la dificultad que tiene el gobierno para emitir bonos.
Los diputados de Nuevas Ideas autorizaron que $300 millones del déficit presupuestario se coloquen en bonos a un plazo de hasta 2 años, cuando originalmente el monto total de la brecha de 2022 estaba previsto pagarse en un periodo de hasta 40 años.
Esto implica que la deuda de corto plazo es mayor y a eso se suman los $535 millones más de endeudamiento que la Asamblea autorizó en primera vuelta al gobierno este martes 15 de marzo.
“Hay como tres problemas con la deuda: uno es el nivel del endeudamiento; el otro es la trayectoria de la deuda que es creciente; y el gobierno tiene problemas de liquidez porque tiene fuertes vencimientos de la deuda en los próximos 24 meses”, aseveró Lemus.
El economista detalló en su cuenta de Twitter las operaciones financieras autorizadas por la Asamblea así: entre 2021 y lo que va de 2022, la deuda soberana autorizada es de $3,512.9 millones; la suma de créditos con garantía del Estado es de $325 millones; el monto de los Fideicomisos asciende a $1,290 millones; y la cantidad en concepto de titularizaciones es de $1,600 millones, haciendo un total de compromisos financieros por $6,148.9 millones.
La cifra citada arriba no incluye los títulos valores por $300 millones del 15 de febrero de 2022, porque es una reforma al decreto legislativo 250 del 24 de diciembre de 2021 sobre el monto de la brecha presupuestaria del presente año; ni tampoco las autorizaciones de la deuda de 2022 porque están pendientes de ratificación.
Falta de transparencia
La economista Tatiana Marroquín valoró que en el caso del préstamo de $400 millones para contingencia por desastres naturales y de salud pública es de aprovechar el financiamiento que está otorgando el BID dadas las circunstancias del mercado financiero internacional, pero al mismo tiempo exhortó al BID a exigir un poco más de transparencia y control de los fondos que otorgará, ya que en el marco de la pandemia el gobierno no rindió cuentas de ese dinero.
En el caso del crédito para la conectividad digital por $85 millones le preocupa que no aparece en la iniciativa el ministerio que se hará cargo de la ejecución de esos fondos. Añadió que esto dificultará conocer si se está aplicando el financiamiento al mismo programa o qué clase de plan se prevé.
Mientras que en los $50 millones para el programa de Vivienda Social, a Marroquín le llama la atención que en la Ley del Presupuesto de 2021, se dio un mandato de la Asamblea para que se recortara un monto específico en inversión y fue el Ejecutivo quien decidió cuáles serían los programas que serían mermados en su financiamiento y el de Vivienda Social por $47 millones fue uno de ellos, a pesar de que el gobierno alardea que es de sus programas insignes.
"En el presupuesto de 2021 había un programa de $47.4 millones de dotación de vivienda a nivel nacional en el Ministerio de Vivienda, pero en la Ley de Presupuesto el Ejecutivo aparece como que cortó esos $47 millones, muy probablemente los cortó en función de las finanzas públicas y ahorita viene a sustituir ese programa que es bastante fuerte, pero sí estaba en el presupuesto de 2021", afirmó Marroquín.