La captura de Catalino Miranda, empresario del transporte público, fue considerada como "abuso de autoridad" e "ilegal" durante una entrevista televisiva en la que participaron dos exdiputados y un concejal de la Alcaldía de San Salvador.
Miranda fue detenido por la Policía Nacional Civil (PNC) el pasado sábado por la noche por presunto cobro ilegal del pasaje y obstruir la vía pública, posterior las autoridades manifestaron que el delito que se le atribuye al transportista es resistencia.
Juan Valiente, exlegislador y presidente del partido Nuestro Tiempo, cuestionó que en el caso las autoridades no siguieron el debido proceso y que "lo capturaron por una cosa, pero ya cuando lo presentan al tribunal se inventan otro delito, porque evidentemente lo que habían dicho no se justificaba".
Al ser preguntado durante la entrevista Frente a Frente sobre si cree que en "¿ha sido un abuso detener a Catalino Miranda?", Valiente respondió: "Por su puesto".
Además, criticó que el proceder del gobierno al apoderarse de las 293 unidades que pertenecen a la cooperativa que dirige Miranda, pese a, según él, ser una violación a la Constitución.
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"Capturaron a Catalino ilegalmente, les quietaron la licencia sin debido proceso, porque cuando hay una concesión, uno tiene que cumplir con ciertos mínimos, pero hay procesos administrativos en las instituciones y después les quitan los buses como si fuera un robo agravado. Robo Agravado es cuando te quitan algo que es tuyo a la fuerzas de las armas, pues eso es lo que ha pasado con la militarización de esas líneas de buses", explicó.
Jorge Villacorta, analista político y exdiputado, dijo en la segunda parte de ese espacio televisivo que el arresto de Miranda le "parece es ilegal, no se establece cuáles son los delitos, la famosa resistencia de parte de Catalino no aparece en ningún lado en las tomas, me parece que hay que señalar que puede estarse prestando un abuso de autoridad que desgraciadamente no hay institución que responda frente a un abuso de ese tipo".
Irregularidades
Héctor Silva, concejal de la Alcaldía de San Salvador por Nuestro tiempo, manifestó que el arresto del empresario "tiene irregularidades" y se desconoce "cuál ha sido en el proceso judicial o administrativo" para tomar la decisión de apoderarse de las unidades de la cooperativa que dirige el transportista.
Sin embargo, Valiente fue más allá y calificó que en el caso lo que "ha habido una expropiación de bienes privados y normalmente el Estado, especialmente los que están vinculados al servicio público tiene posibilidades de tomar ciertas acciones, pero se sigue un proceso y se indemniza", lo que no se ha visto.
En la misma línea opinó el exlegislador Villacorta, quien agregó que la Constitución de la República establece que cuando hay expropiación debe haber indemnización.
"Lo que ha sucedido con estas rutas es un mensaje de cómo se aplicar una legislación" de expropiación, una cosa es quitarle la concesión de la línea y otra cosa es tomar la unidad que es privada, se puede tomar, sí, pero se debe indemnizar, a menos que se diga que es toma temporal", aclaró.