El padre Andreu Oliva, rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), denunció esta mañana que como institución perciben un fuerte interés de las instituciones del gobierno de apartar a la Universidad y las víctimas del proceso judicial por el caso de la masacre de seis jesuitas y dos de sus colaboradoras perpetrada dentro de las instalaciones de la UCA, en 1989.
“Desde la presentación de la demanda de amparo por parte del fiscal general, Rodolfo Delgado, la Universidad ha percibido que existe, en diversas autoridades públicas, un fuerte interés en apartarla del proceso y sembrar dudas que sea una de las víctimas de la masacre”, expresó.
En 1999, la CIDH señaló que las víctimas de la masacre en la UCA eran los familiares de Elba y Celina, los familiares de los padres jesuitas, la comunidad universitaria y la Compañía de Jesús, expresó el rector.
#CasoMártiresUCA | La @CIDH en 1999 señaló que las víctimas de la masacre en la UCA eran los familiares de Elba y Celina, los familiares de los padres jesuitas, la comunidad universitaria y la Compañía de Jesús. pic.twitter.com/Lk1mcMIUvP
— Radio YSUCA 91.7 FM (@ysuca91siete) March 14, 2022
El rector recordó que el proceso se inició durante un ambiente de campaña de acoso por parte del gobierno de Bukele contra la Universidad, en la que se les acusa de no estar interesados en la justicia y de ya no estar al lado de las víctimas.
“Se nos acusa sin fundamento de no estar interesados en la justicia, de proteger algunos de los imputados en este proceso, o incluso de no estar a lado de las víctimas”, expresó.
El padre recordó que desde que ocurrió la masacre en la que fueron asesinados los seis sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras, los familiares, la Universidad y la Compañía de Jesús se empeñaron para que el sistema de justicia asumiera su responsabilidad constitucional de juzgar a los responsables.
“Queremos afirmar que la Universidad a través del Instituto de Derechos Humanos (IDHUCA) se mantendrá expectante del desarrollo y que en el momento oportuno se decidirá si conviene participar en el mismo como querellantes o no” agregó.
La Universidad reiteró su exigencia de que el caso no sea instrumentalizado con fines políticos o particulares, demanda que se respete el debido proceso y rechaza cualquier tipo de presión de actores externos sobre los acusados, las víctimas y los funcionarios judiciales.
“Es todo el entorno, que se está dando alrededor de este caso, el que hace pensar que puedan haber otros intereses diferentes a la verdad, la justicia, la reconciliación y que pueda con propósitos e intereses particulares”, finalizó.
Requerimiento poco elaborado
En cuanto al requerimiento presentado por la Fiscalía, el rector dijo que podría ser más profundo y de mejor calidad, explicó que en algunos casos está poco elaborado el motivo por el que se inculpa a algunos de los acusados.
“Esperamos que en el proceso de instrucción esto sea mejorado y se muestren las pruebas respectivas para cada uno de los imputados”, enfatizó.
La audiencia inicial se realizó el pasado 10 de marzo en el Juzgado de Paz de San Salvador, con dos imputados presentes, de los 13 que son acusados por la Fiscalía.