Durante la presentación del informe Derechos Humanos de las Personas privadas de Libertad, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), hizo un urgente llamado a las autoridades del gobierno de Nayib Bukele a prestar atención a la situación en que se desarrollan los procesos de cumplimiento de penas de los reclusos en los centros penitenciarios de El Salvador.
La principal preocupación expuesta por FESPAD es que dentro de los centros penitenciarios no se cumplen las garantías suficientes para que los reos transiten por su proceso de rehabilitación y reinserción a la sociedad salvadoreña y, por tanto, los individuos que volverán a convivir entre los salvadoreños serán personas sin la conciencia adecuada sobre Derechos Humanos.
Héctor Carrillo, parte del equipo de FESPAD, señaló que no existe una política pública en materia penitenciaria que busque cumplir la instrucción constitucional de garantizar una adecuada rehabilitación y reinserción, y que una de las primeras acciones a seguir es la organización del sistema actual para conseguir ese fin.
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Por su parte, David Ortiz -jurídico de FESPAD- indicó que el informe cuestiona enérgicamente si las condiciones de los centros penitenciarios cumplen con tareas como las de reeducar, rehabilitar y reinsertar a los reclusos. Añadió que debe haber un giro de timón en la visión actual que percibe el éxito de la seguridad pública bajo el incremento en el número de capturas.
Sobre todo si el sistema penitenciario no está capacitado para recibir a un mayor número de internos a quienes se garantice la reinserción o se les exponga a políticas, que calificaron como denigrantes, entre las que destacan las medidas extraordinarias, en donde, en opinión de los expertos de FESPAD, se trata de manera inadecuada a los reos y se generan afectaciones a los derechos humanos de ellos y sus familias.
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Por último, la coordinadora del Área de Seguridad Jurídica de la Dirección de Acceso a la Justicia de FESPAD, Dina Martínez recomendó que el Estado integre como política pública el eje de rehabilitación y reinserción, con prácticas como hacer una revisión de los marcos legales, fortalecer el equipo humano especializado y que la Dirección General de Centros Penales se vuelva una entidad autónoma del Estado, con un director nombrado por Presidencia.
Hizo particular énfasis en fortalecer la transparencia de información sobre los programas de rehabilitación y reinserción de los reclusos en los centros penales y otros datos que resultan relevantes para el estudio de la situación de los internos.