El Salvador se convirtió este jueves en el segundo país de Latinoamérica con más riesgo de que incumpla sus pagos, al alcanzar 18.79 puntos básicos en el Indicador de riesgo EMBI (Emerging Markets Bonds Index o Indicador de Bonos de Mercados Emergentes).
Con este indicador, El Salvador supera por primera vez a Argentina, que ha mantenido su nivel de riesgo muy elevado desde 2001 cuando cayó en impago y provocó el conocido "corralito" y generó otra serie de dificultades económicas para su población.
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Ahora El Salvador es el segundo país más riesgoso después de Venezuela y con él incrementa la desconfianza del pago de sus deudas. Esta semana el precio de los bonos (papeles de deuda de El Salvador) han seguido cayendo de precio debido a esta desconfianza de los inversionistas internacionales, que temen que el país no tenga la capacidad de pago para afrontar sus compromisos. En particular, las calificadoras de riesgo temen que El Salvador no pueda pagar un bono de $800 millones que vence en enero de 2023.
Mientras tanto, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, negó que haya un riesgo de impago con sus acreedores y dijo efusivamente que "el riesgo de impago es cero", y que se lo demostró a tenedores de bonos en París en reuniones recientes a través de cinco escenarios adversos en los que ninguno de ellos mostraba el impago.
"Lo he dicho en la Asamblea Legislativa se lo he dicho a los diputados, se lo he dicho a los inversionistas... recientemente tuve una reunión en París con tenedores de bonos, se los reiteré, les demostré con los escenarios fiscales, con todos los escenarios fiscales alternos que nosotros siempre planificamos cinco escenarios fiscales alternos... si uno no sale, sale el otro y así vamos descartando porque la realidad es dinámica. Les planteamos con los cinco escenarios alternos y en los cinco ellos están completamente seguros que el riesgo de impago es cero porque tenemos capacidad para pagar todos nuestros compromisos y lo vamos a seguir haciendo como lo hemos hecho siempre", manifestó al salir de la Fiscalía General de la República, tras presentar un aviso de presunto contrabando de mercancías por $27.3 millones.
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El 22 de febrero el gobierno hizo una emisión de deuda de $210 millones en bonos que se compraron a nivel local y que deberán pagarse en dos años, es decir, en 2024. Esta colocación ha sido considerada por los economistas como una alternativa desesperada por conseguir financiamiento pues a nivel internacional no hay la suficiente confianza para que los inversionistas le presten más dinero a Bukele.