La Asamblea aprobó en primera vuelta un préstamo por $44 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Con estos fondos la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) planea realizar los censos económico, agropecuario y de población y vivienda, éste último mediante dispositivos electrónicos.
Del fondo total del préstamo, $30 millones serán utilizados para realizar el censo económico en julio del próximo año informó Francisco Munguía, representante de la Digestyc; así como $3.5 millones para llevar a cabo el censo agropecuario; $5,7 millones para el directorio de empresas; $1.8 millones para la encuesta nacional de ingresos; y otros $1.2 millones serán para fortalecimiento institucional de la entidad.
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Posted by Asamblea Legislativa de El Salvador on Tuesday, March 1, 2022
El jefe de fracción de ARENA, René Portillo Cuadra, cuestionó que ese dinero debería ser usado mejor para la compra de insumos agrícolas para los campesinos, para medicamentos, para vivienda mínima para la gente pobre y para reactivar la economía tan golpeada.
"No creemos que la prioridad en este país sea invertir $44 millones en un censo poblacional, creemos que es importante el tema de las mediciones, pero creemos que es más importante ponerle el pan de cada día a las familias y facilitarles realmente esta situación, el alza de los combustibles ha provocado un alza en la canasta básica y el gobierno no ha sido capaz de establecer una sola tan medida en favor de los salvadoreños", recriminó Portillo Cuadra.
Especificó que por esas razones ARENA no dio sus votos.
Similar posición adoptó el diputado de Nuestro Tiempo, Johnny Wright con respecto a la aprobación de más créditos cuya finalidad puede ser cambiada como ha ocurrido con otros préstamos, señaló.
"Hemos visto como otros préstamos de la misma institución del BID, el préstamo del Hospital Rosales, otro para comprar computadoras, que fueron aprobados como tal y fueron utilizados de otra manera. Esos precedentes que quedan con el uso de préstamos y seguir aprobando financiamiento sin tener claridad de las medidas fiscales no nos permite seguir acompañando la aprobación de nueva deuda", justificó Wright su negativa.
Añadió que no tienen claridad de qué es lo que la Digestyc hará con los $44 millones de nueva deuda.
La explicación que brindaron los funcionarios de dicha entidad es que el censo de población se tiene previsto para iniciar en mayo de 2023. En este caso Munguía señaló que están evaluando llevarlo a cabo auxiliándose de dispositivos móviles. La última encuesta de población y vivienda se realizó en 2007.
“En El Salvador estamos planificando que sea de esa manera, que hace que los datos se obtengan más rápido, además que la calidad aumenta porque ya es un dispositivo, es una estructura electrónica donde va diciendo donde hay errores y donde hay dificultades”, explicó Munguía.
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Añadió que para llevar a cabo este plan han pensado adquirir alrededor de 12,704 dispositivos móviles para aproximadamente 9,500 empadronadores que trabajarán durante un mes en los territorios.
“Nuestra intención es que nuestro personal de campo desde el territorio pueda estar mandando los datos a los servidores centrales, eso con el propósito que se pueda tener un proceso más rápido de lectura de cómo va el censo en los territorios y una evaluación de qué cosas se pueden ir corrigiendo en tiempos más cortos”, expuso.
Los funcionarios también han pensado en opciones para quienes no puedan ser censados por medio de los dispositivos móviles, por ejemplo, habló de instalar un call center para situaciones específicas, por ejemplo, si una persona haga ver que los encuestadores no pueden ingresar a determinada zona, por el tema de la delincuencia o las pandillas.
Este mecanismo ayudará a las personas que también no se encuentran en sus casas por motivos de trabajo y prefieran que se les llame por teléfono para ser empadronados.
Para ejecutar dicho sistema dijo que están evaluando la experiencia regional a través de otros organismos en países en donde ya se han realizado censos por medio de dispositivos móviles, entre ellos, Paraguay, Chile y México.
En el país solo se han ejecutado seis censos, siendo que la Ley Orgánica del Servicio Estadístico de El Salvador establece que estos serán levantados cada 10 años. Ante esto, existe un desfase que abarca cerca de 15 años.
“Tenemos un censo desactualizado y esto no nos proporciona la condición demográfica, social, de salud, entre otros aspectos importantes que nos involucra como país”, comentó el diputado Caleb Navarro, de Nuevas Ideas.
El Salvador realizó su primer censo en 1930; el segundo fue hecho en 1950; el tercero en 1961; en 1971 el cuarto censo; en 1992 el quinto; y finalmente en 2007 se hizo el sexto proceso que suministró información estadística de la población.