Ha pasado un año desde que el 28 de febrero de 2021 el partido Nuevas Ideas ganó las elecciones de alcaldes y diputados, configurándose como la primera fuerza política tanto a nivel legislativo como municipal, a pesar de ser el partido más joven de los contendientes.
La analista y directora anticorrupción de Cristosal, Ruth Eleonora López, manifiesta que en su paso a la victoria electoral hubo varios elementos que hicieron atractivo a Nuevas Ideas: “el hartazgo ciudadano de los partidos tradicionales y la imagen posicionada del presidente de la República”.
Sin embargo, desde que el partido del gobierno asumió posesión en la Asamblea Legislativa con 56 diputados, más los legisladores de sus partidos aliados (GANA, PCN y PDC), ella identifica algunos “sobresaltos” para la sociedad salvadoreña, incertidumbre jurídica para los empresarios, temor y cautela para la población.
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“La Asamblea lejos de tener por fin principal favorecer a la población salvadoreña ha aprobado leyes que atentan contra sus derechos como la Ley Simplificada de Adquisiciones para Obras Municipales al no favorecer la competencia ni la transparencia, las expropiaciones sin garantías, estudian las reformas que atentan contra el Derecho de la ciudadanía del Acceso a la Información, aprobaron la Ley Alabí que impide demandas ciudadanas”, analizó López.
“Inconsultas e inconstitucionales”
Ruth López añadió que entre las medidas inconsultas e inconstitucionales aprobadas por la bancada cian, están la eliminación del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES), violentando la autonomía municipal; el consentimiento de crear espías digitales para controlar y perseguir a los críticos del gobierno, aún en contra de la opinión desfavorable del propio fiscal Rodolfo Delgado, impuesto dos veces por ellos mismos.
Y qué más decir de la atropellada aprobación de la Ley Bitcoin de uso obligatorio, a pesar que la ciudadanía la rechaza y que pasa por alto las recomendaciones de organismos financieros de peso como el Fondo Monetario Internacional (FMI) de que El Salvador abandone el criptoactivo como moneda de curso legal por los graves riesgos que genera al país.
Gobernabilidad en “sentido negativo”
Todo esto es producto de la “gobernabilidad” en sentido negativo que la Asamblea le dio a Nayib Bukele, cuestiona el director de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar.
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“La nueva legislatura lo que le ha garantizado al presidente es gobernabilidad, es decir, la capacidad de tomar decisiones, pero no porque esté garantizada la gobernabilidad quiere decir que sea positivo, porque habría que ver qué tipo de gobernabilidad se le está dando al presidente. En este caso, es una gobernabilidad incondicional, sin ningún cuestionamiento, sin ninguna reflexión en lo que se aprueba”, lamenta Escobar.
Bukele se quejaba de la legislatura pasada de tener en los diputados una oposición necia que no le permitía desarrollar sus proyectos ni sus aspiraciones supuestamente en favor de la población; sin embargo, una de sus primeras acciones cuando su partido Nuevas Ideas tomó el poder en el Salón Azul de la Asamblea el 1 de mayo de 2021, fue desbaratar el orden constitucional y legal destituyendo a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general.
“Lo que ha pasado en esta nueva legislatura es que se violentó flagrantemente la Constitución, al promover el golpe de Estado el 1 de mayo, y digo promover porque fue la Asamblea la que comenzó con esto, sin duda, a instancias del presidente de la República, siendo su caja de resonancia. La legislatura permitió que se diera ese golpe a la institucionalidad democrática llevándonos a una espiral de violaciones a la Constitución”, manifestó Escobar.
Para el experto, esto fue solo el principio de lo que durante un año se ha vivido en el país, colmado de inseguridad jurídica provocado por la forma y el fondo de las iniciativas que son aprobadas en la Asamblea, muchas de ellas sin ninguna discusión ni reflexión.
Asamblea, ¿caja de resonancia?
Tanto Escobar como López coinciden en indicar que la Asamblea ha perdido el control que debió ejercer sobre el Ejecutivo, volviéndose en una caja de resonancia de Bukele.
Ya no existen los frenos y contrapesos que corresponden a cada órgano del Estado sobre el mandatario y poder calibrar sus decisiones, “sino que se le está dando vía libre” incluso para abusos, valoró Escobar.
“La Asamblea Legislativa renunció a su rol de control establecido por la Constitución, para convertirse en una institución sin agenda, sin deliberación y por ende sin relevancia sustantiva, en tanto ha sido sustituida su voluntad colectiva por la voluntad unipersonal del presidente de la República llegando a anularse como Órgano”, ahondó López.
Ha olvidado su rol verdadero
La Asamblea actual ha olvidado su verdadero rol y específicamente su compromiso con la ciudadanía al no atender sus necesidades de una reforma fiscal, pero no desde una perspectiva propagandística, sino de fondo, reclama López.
Analiza que lejos de eso han incrementado los mismos vicios que señalaron de sus antecesores ocultando el gasto público, dando beneficios excesivos a los diputados, haciendo contrataciones partidarias “desenfrenadas”, incumpliendo promesas como la reducción del gasto legislativo y colocando a personas obedientes al gobierno en puestos claves de rendición de cuentas como la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía para evitar que los controlen.
¿Vulneraron la libertad del voto?
En este punto hay mucha tela que cortar, tomando en cuenta que desde la campaña electoral para elegir alcaldes y diputados el gobierno a través del Ministerio de Hacienda retuvo el Fodes a las alcaldías durante varios meses.}
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El motivo pudo ser hacer quedar mal a los alcaldes que pretendían reelegirse con el incumplimiento de obras municipales, sugieren Escobar y López.
Anteriormente, pareciera que también hubo otra estrategia, la de un posible pacto con las pandillas para reducir los homicidios y obtener rédito electoral, según lo han revelado investigaciones de la lista Magnitsky, dice López. En estas, “claramente se ha establecido el acuerdo con pandillas como un elemento de la campaña”, agrega.
“Fue una estrategia del gobierno para debilitar aún más a la oposición para generar descontento en la ciudadanía a nivel local que no realizaban las obras y para rematar con la no entrega de la deuda política. Fue un plan bien orquestado para que la oposición no mostrara obras y se le quitaba financiamiento político a los partidos”, argumentó Escobar.