Estados Unidos tiene jurisdicción para investigar los posibles riesgos que implica la adopción del Bitcoin en El Salvador como moneda de curso legal y para analizar acciones regulatorias encaminadas a la protección de su sistema financiero, explicaron expertos consultados.
Una abogada y dos economistas cuestionaron la postura del presidente Nayib Bukele frente a la petición que tres senadores estadounidenses: dos republicanos y uno demócrata, quienes plantearon a la administración del presidente Joe Biden en la que solicitaron una serie de informes relacionados al uso del criptoactivo.
El pasado 16 de febrero, los congresistas Jim Risch y Bob Menéndez, del comité de Relaciones Exteriores del Senado, y Bill Cassidy presentaron a su gobierno una iniciativa de ley con la que buscan conocer si el Bitcoin se presta a delitos como el lavado de dinero, el empoderamiento de grupos criminales, como carteles de la droga, y el debilitamiento de la capacidad del sistema financiero internacional de regular transacciones y establecer sanciones.
En esa ocasión, Bukele reaccionó a través de Twitter afirmando que los legisladores no tienen jurisdicción “sobre una nación soberana e independiente”.
Laura Hernández, abogada especialista en tecnologías, señaló que en ningún momento los funcionarios extranjeros le están pidiendo al gobierno salvadoreño que se derogue la Ley del Bitcoin ni que se impongan sanciones al país por haber adoptado el criptoactivo, pues estos “solo quieren conocer cuál fue el proceso” para su aprobación.
Hernández dijo que, incluso, no es la primera vez que en EE. UU. se analiza una petición sobre criptomonedas, ya que al parecer esa nación está recopilando insumos sobre cómo otros países han prohibido o restringido el uso de ese dinero virtual por abrir las puertas al lavado de dinero u otros ilícitos.
“EE. UU. está tomando decisiones sobre su mismo territorio, sus regulaciones, sobre cómo va a comportarse ahora o qué decisiones necesita tomar con respecto a estos otros países, porque no solo habla de El Salvador. El enfoque es este, porque ha adoptado una Ley Bitcoin y es el país con el que tiene relaciones comerciales y está utilizando una criptomoneda de aceptación obligatoria”, señaló.
El economista Rafael Lemus indicó que la petición de senadores es un proceso “normal” y que el interés claro de EE. UU. es proteger el estado financiero de ese país ante el Bitcoin. “El Salvador tiene una economía dolarizada y el sistema bancario salvadoreño tiene nexos con el de EE. UU. y ahí puede haber una vulnerabilidad, digamos de operaciones de lavado y otro tipo de cosas que ameriten tomar medidas en EE. UU”, manifestó.
Lemus se refirió a que “el problema es que parte de la dinámica de operación del Bitcoin es que entre las partes no debían conocerse los registros, es decir quién está en la punta, usted compra o vende y punto”.
La economista Tatiana Marroquín dijo que le llamó la atención que dos senadores republicanos que han tenido afinidad con el gobierno de Bukele estén promoviendo la iniciativa para investigar si la adopción del Bitcoin está relacionada con “una posibilidad para evadir sanciones económicas que pueda establecer” Estados Unidos.
Por lo que la especialista consideró que “la petición es válida, no solo en términos legales, ellos tienen toda la potestad para conocer cómo afectan algunas decisiones de otros países a Estados Unidos; no me parece que conocer o tener información de El Salvador sea un acto de injerencia”.
Bitcoin sin marco regulatorio
Para Hernández, lo que Estados Unidos pretende hacer al fortalecer las regulaciones del Bitcoin lo debió aplicar El Salvador antes de aprobarse la normativa que autorizó el uso del criptoactivo.
La experta en tecnologías criticó que en el país no se garantiza la seguridad jurídica “que es obligación del Estado salvadoreño que la misma Constitución lo establece”.
La abogada recordó los casos de suplantación de identidad que se reportaron con la Chivo Wallet, la aplicación gubernamental para usar el Bitcoin.
Lamentó que “no hay mecanismos legales” para los afectados “y las instituciones no funcionan para proteger los derechos” de estos.