En Nicaragua continúan los procesos contra los 51 presos políticos secuestrados entre el 28 de mayo al 22 de agosto de 2021. Los juicios iniciaron el 1 de febrero en las instalaciones del Complejo Evaristo Vásquez, de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como El Chipote, informó el medio local La Prensa.
Este juicio será llevado de forma colectiva para los precandidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, los dirigentes de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), Violeta Granera y Tamara Dávila, así como el exdiputado liberal José Pallais y el expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri. Todos ellos fueron encarcelados entre el 5 y 12 de junio del año pasado.
En el mismo proceso también juzgarán a Manuel Orozco, investigador de Diálogo Interamericano, quien reside en Estados Unidos.
LEER: Régimen en Nicaragua condena a 13 años de cárcel a líder estudiantil que increpó a Ortega
El motivo del juicio es la participación de todos en un grupo de mensajería. “En el intento de crear un delito están usando un grupo de WhatsApp en el que participaban. Por eso es que los acusan a todos juntos”, menciona el abogado que evita ser mencionado por temor a represalias, según detalla una publicación de el periódico La Prensa.
Se les acusa a todos de conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional, que se castiga con una pena de entre 5 y 10 años de prisión.
El juicio será llevado por el juez Quinto de Distrito Penal de Juicios, Félix Ernesto Salmerón Moreno, quien la semana pasada cambió la tipificación del delito de conspiración a menoscabo de la integridad nacional. Considerando de esta forma que el delito se consumó y no solo hubo una conspiración. Siendo en este caso la pena de 10 a 15 años y la inhabilitación de ejercer cargos públicos.
TAMBIÉN: Ortega deja morir en la cárcel a Hugo Torres, el exguerrillero que le salvó la vida
Mediante un comunicado, Victoria Cárdenas, esposa de Chamorro, y Berta Valle, esposa de Maradiaga, anticiparon que condenarán a sus maridos por cargos políticos sin fundamentos como ocurrió con otros presos, también reiteraron que no les permitieron el derecho a la defensa.
“No se les ha dado tiempo para reunirse con los abogados para preparar la defensa”, dice un extracto del comunicado.
Ellas también expresaron sus condolencias por el fallecimiento de Hugo Torres, uno de los presos políticos que permanecía en la DAJ. Y advirtieron que los otros presos corren el riesgo de fallecer si continúa la precaria alimentación y atención médica.