Los diputados de la Comisión Política acordaron este lunes abrir la convocatoria oficial para que los aspirantes al cargo de presidente del Tribunal del Servicio Civil presenten sus atestados en la Asamblea Legislativa.
Ese puesto lo ocupaba desde 2019 Óscar Alberto López Rivas, pero éste renunció el 11 de mayo del año pasado a pocos días de que tomara posesión la nueva legislatura. No dio razones de su dimisión.
El periodo en el cargo se le vencía hasta el 26 de junio de 2022. Se desconoce si alguien más está ejerciendo de forma interina.
López Rivas se desempeñaba como técnico de la Asamblea y asesoró también a las comisiones de Hacienda, Reformas Electorales y de Trabajo.
“Cumpliendo los plazos establecidos en la normativa vigente, la Comisión Política ha acompañado mi iniciativa para comenzar el proceso de elección del presidente del Tribunal del Servicio Civil, cuyo periodo concluye el próximo 26 de junio”, expresó el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, de Nuevas Ideas.
Añadió que los aspirantes a presidir esa instancia tendrán hasta el 26 de abril para presentar sus hojas de vida.
“Como ya demostramos, realizaremos este proceso de manera transparente y de cara a la población. Como nueva Asamblea hemos cambiado la forma de trabajo”, afirmó Castro.
El mecanismo que ha seguido la Asamblea desde el 1 de mayo de 2021 para elegir a funcionarios de segundo grado es emitir dictamen para nombrarlos, pero sin colocar nombres de los elegidos hasta que llega el día de la plenaria para someter a votación a todos los candidatos que hayan mostrado interés en participar de la elección.
“Los vamos a llamar a esta comisión para que nos presenten cuál es su experiencia, su hoja de vida, sus intenciones como funcionarios públicos de cara a lo que solicita la población en ese puesto. La comisión va a entrevistarlos y será el pleno el que tome la decisión de la mejor propuesta”, afirmó el Presidente.
Lo anterior ha sido cuestionado por organizaciones de la sociedad civil como Acción Ciudadana y la Fundación para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) que reclaman que la Asamblea no realiza un debido proceso de elección al ignorar los perfiles adecuados para los cargos ni evaluar sus capacidades técnicas y académicas mediante cuadros de ponderación conocidos como baremos.
La Ley del Servicio Civil que rige al Tribunal del Servicio Civil tiene como propósito regular la relación entre el Estado y las municipalidades con sus servidores públicos.
“El Tribunal del Servicio Civil es la última instancia administrativa que se puede usar cuando hay denuncia contra un funcionario público”, explicó el diputado de Nuevas Ideas, Caleb Navarro.