En febrero de 2020, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Especial para la Atención y Protección Integral de Personas en Condición de Desplazamiento Interno, para atender a decenas de víctimas desplazadas, mayormente, por la delincuencia de grupos de pandillas.
Sin embargo, dos años después de que esa Ley fuera aprobada, el reglamento que debió ser elaborado y aprobado desde hace mucho, es inexistente, al igual que otras acciones de parte del Estado para hacer funcional la referida ley, afirmaron este lunes representantes de Cristosal y el Servicio Social Pasionista, dos organizaciones de la sociedad civil que lucharon porque fuera aprobada la normativa en favor de las víctimas de desplazamiento interno.
Rina Monti, de Cristosal, recordó que “la ley se logró a partir de demandas de solicitudes de amparo a la Sala de lo Constitucional, a finales de 2018, para poder tener un acompañamiento de parte del Estado y el reconocimiento del desplazamiento forzado interno que el gobierno pasado nunca lo logró reconocer y que este se transformara en atenciones plenas e integrales a las víctimas”.
“A dos años, se destaca la falta de aprobación de un reglamento, la ausencia de respuestas integrales en albergues en condiciones dignas y un presupuesto enfocado en atención y búsqueda de soluciones duraderas para las víctimas”, señaló Monti.
Según la representante de Cristosal, muestra de la ausencia estatal es que, desde que se aprobó la ley, Cristosal ha atendido los casos de 1,306 personas víctimas de desplazamiento forzado interno y el Servicio Social Pasionista ha recibido a 710 víctimas que debieron haber sido atendidas en el marco de la Ley.
Por su parte, Johanna Ramírez, del Servicio Social Pasionista, consideró importante señalar que “a dos años de haber sido aprobada esa ley, no hay avances reales en cuanto a la atención y protección de víctimas del desplazamiento forzado. Las organizaciones seguimos teniendo un rol de sustituir la actuación del Estado…”, denunció.
En enero de 2021, Cristosal pidió al Gobierno que aprobara el reglamento de la Ley Especial para la Atención y Protección Integral de Personas en Condición de Desplazamiento Interno, pero ha transcurrido otro año y no hay indicios de tal aprobación, algo que el Gobierno debió haber hecho 90 días después de aprobada la ley.
Un estudio de la Procuraduría de Derechos Humanos, la mayor cantidad de víctimas de desplazamiento interno es ocasionada por la violencia generada por pandillas.