Una nueva versión de la Chivo Wallet es lo que estaría buscando lanzar el gobierno de Nayib Bukele como una forma de "solventar" los constantes problemas que ha presentado la billetera actual desde que fue puesta en funcionamiento en septiembre de 2021.
Así lo confirmó este 1 de febrero la Presidencia de la República, a través de un comunicado en el que especificaba que la empresa a cargo de la nueva versión es la estadounidense AlphaPoint, misma que se encargará de "proveer soluciones tecnológicas a la plataforma".
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Un tuit publicado este jueves por la tarde por la empresa Athena, que proveyó la tecnología inicial de la wallet estatal, confirmó este dato, pero no especificó cuáles serán los cambios exactos que tendrá la nueva versión de la plataforma.
"Apoyamos a Chivo S.A. en sus esfuerzos por maximizar los beneficios para el usuario y la seguridad para todos. ¡Saludos a AlphaPoint y el progreso en la versión 2.0! Seguimos en El Salvador, honrados de optimizar Chivo, atender a nuestros clientes, apoyar a nuestros pares en la comunidad Bitcoin y El Salvador", dice el mensaje en la cuenta oficial de Athena en Twitter.
El costo de esta nueva versión no se conoce, algo que coincide con la constante opacidad que el gobierno ha manejado alrededor de todo lo relacionado con la implementación del Bitcoin en el país.
De hecho, con la incorporación de AlphaPoint en el proyecto Chivo es aún más complejo entender el funcionamiento de la plataforma, pues la contratación de esa empresa y sus funciones específicas son desconocidas por los usuarios en general.
Recientemente se conoció, gracias a medios de otros países, que otra empresa llamada Netki estaba trabajando de la mano con la empresa Chivo para otorgar identidad digital a los usuarios. El tuit que compartió el mismo presidente Bukele confirmaba que esa empresa tenía en su poder los datos de hasta 4 millones de salvadoreños.
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Según especialistas en informática y datos, como Carlos Palomo, presidente de la asociación Transparencia, Contraloría y Datos Abiertos (Tracoda), esto es algo grave pues "en materia de protección de datos personales, tanto los privados como las entidades gubernamentales deben ser lo más transparentes posibles; de tal manera que, deben informar quienes y bajo qué conceptos tendrán acceso o compartirán datos personales”.