El sacerdote jesuita Andreu Oliva, en su calidad de rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), compareció este jueves por la tarde ante la comisión especial de la Asamblea Legislativa que investiga supuestas irregularidades en la asignación de fondos a organizaciones no gubernamentales del país en gobiernos anteriores.
Durante las casi tres horas que duró el interrogatorio, Oliva tuvo que insistir mucho en que la UCA, desde 1976, no ha recibido ningún tipo de donación gubernamental. Esto debido a que algunos diputados que integran dicha mesa legislativa buscaron diversas formas para proyectar ante la población que la universidad recibió donaciones del Estado salvadoreño.
La presidenta de la mesa legislativa, Alexia Rivas mostró un trato respetuoso con el sacerdote. Caso contrario al diputado Caleb Navarro, quien es recordado por usar “expresiones vulgares” contra la ex presidenta del órgano legislativo, Lorena Peña.
Navarro fue uno de los legisladores que lanzó preguntas repetitivas con el fin de hacer ver que la universidad recibía “donaciones públicas y privadas”.
Sin embargo, Oliva respondió: “No sé cómo explicárselo. Los fondos no eran para la UCA, la universidad no tiene nada que ver con esto”.
“Usted está cometiendo una falta grave al confundir a la población diciendo que en el 2017 el gobierno donó a la UCA tres millones de dólares, cuando la UCA lo que hizo fue implementar proyectos educativos encargados por el Mined”, agregó.
De hecho, al inicio de la comisión, el sacerdote entregó a cada diputado, folders con copias de los convenios firmados entre la Universidad y el Mined para proyectos educativos. Oliva explicó que estos contenían el monto de los proyectos, un informe de lo ejecutado y los sobrantes de éstos.
“La Universidad era una implementadora de proyectos que tenía el Mined para mejorar la calidad de educación en el país”, insistió el rector de la UCA.
Una de las interrogantes que lanzaron los legisladores fue ¿cómo logró la UCA ser la implementadora de estos proyectos con el Mined?
Oliva contestó que esta consideración se dio por ser una universidad acreditada y por el reconocimiento que tiene ante la sociedad salvadoreña.
Además, reiteró que la UCA no era la única implementadora de estos proyectos educativos. Asimismo, explicó que los fondos se utilizaron para diseño, impresión y distribución de la PAES para tercero, sexto y noveno grado, así como programas dirigidos a los docentes con el fin de mejorar la educación en El Salvador.
“Es un poco ofensivo que se nos compare con lo que ustedes llaman ONG de fachada. Creo que hemos evidenciado que estos proyectos responden a programas del Ministerio de Educación”, expresó el religioso.
"Ustedes también tienen la obligación de decir la verdad igual que yo", les dijo el sacerdote a los diputados.
Diputados "insisten en lo mismo”
Al salir del salón de comisiones, el padre Oliva dijo ante los medios de comunicación que “la comisión ya tiene una idea pre hecha de cómo son las cosas y de hecho, no les interesa investigar el destino de los fondos, ni quieren entender cómo es el proceso de las implementadoras del ministerio de educación y el trabajo que hemos realizado desde la UCA con el ministerio de Educación en beneficio de El Salvador”.
Añadió: “Ellos todo el rato insisten en lo mismo, en que fueron fondos donados a la Universidad y no quieren entender ni aceptar que fueron fondos para realizar proyectos en beneficio de la educación salvadoreña”.
“Los diputados hablan de transparencia en beneficio del pueblo salvadoreño... pero esta no se exige al Estado, al gobierno salvadoreño y a la Asamblea actual”, concluyó.
La presidenta de la Comisión informó en su cuenta de Twitter que para este viernes a las 9 a.m. está citada la exdiputada y ex alcaldesa de Ayutuxtepeque, Blanca Flor Bonilla, del FMLN.
Esta comisión fue creada el 18 de mayo de 2021 a pocos días de que la nueva legislatura dominada por el oficialismo tomara posesión de la Asamblea, a pesar de que los diputados del presidente Nayib Bukele criticaron fuertemente a sus antecesores de hacer el papel de juzgadores cuando estos citaban a la Asamblea en comisiones especiales a funcionarios del gobierno de Bukele para que explicaran el uso de fondos públicos para la pandemia.
En declaraciones los diputados de Nuevas Ideas afirman que el objetivo es conocer cómo se asignaron más de $200 millones desde la Comisión de Hacienda anualmente cuando el Ministerio de Hacienda presentaba el proyecto del presupuesto de cada ejercicio fiscal. En dicha comisión solo hay representación del oficialismo y de sus partidos aliados, el PCN y GANA.
La dinámica observada en los interrogatorios es similar a la que usan los parlamentarios de la comisión especial que investiga la entrega de sobresueldos en gobiernos anteriores, la cual ha sido muy criticada por los mismos entrevistados como por abogados penalistas y organizaciones de la sociedad civil que velan por la defensa de los derechos humanos.
El ejemplo más evidente de lo anterior se dio cuando acudieron a la comisión las ex diputadas de ARENA, Milena de Escalón y Lorena Peña, del FMLN. En esta última intervención hubo señalamientos elevados de tono.
Peña fue amenazada de caer en desacato en momentos en que la ex legisladora criticaba que el actual gobierno es el que aprueba leyes sin mayor discusión, dado que era señalada de trasladar dinero sin consultar a ONG afines al FMLN o de las que ella era partícipe.
El interrogatorio se prolongó por 7 horas. Abogados cuestionaron que más parecía un procedimiento judicial que un citatorio.
Los diputados del oficialismo dicen que en la legislatura pasada se autorizó el uso de dinero para ONG “fantasmas”; sin embargo, en el presupuesto aprobado para este año 2022, también se destinaron millones de dólares para distintas organizaciones, algunas con vínculos a personeros del gobierno, según denunció también la ex diputada Peña.