Nuevas Ideas “terminó de matar” el acceso a la Información Pública, afirmó el diputado de ARENA, César Reyes, tras el acuerdo tomado por la bancada oficialista de reformar la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), para facultar a las entidades obligadas a declarar información reservada datos que según la ley son de oficio publicar, es decir que deben ser públicos sin que los solicite ningún ciudadano.
A petición del diputado de Nuevas Ideas Geovanni Zaldaña, la comisión acordó cambiar el artículo 21 y abrir la puerta a clasificar como información reservada toda información oficiosa.
Ese tipo de información, según la LAIP, es la que las instituciones del Estado están obligadas a poner a disposición de la ciudadanía de manera automática, sin que alguien lo tenga que pedir. Esto incluye información sobre viajes, salarios y planes de trabajo, entre otros.
Ayer, los diputados de la Comisión de Legislación recibieron al presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública, Ricardo José Gómez Guerrero, quien justificó las modificaciones que había presentado el ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegain Hananía, en nombre del presidente de la República desde julio del año pasado.
Estas modificaciones a la Ley de Acceso a la Información Pública se suman a otras medidas que desde el Gobierno Central se han dado para limitar el acceso que los salvadoreños tienen a conocer cómo se ejecutan los fondos públicos y bajo qué prioridades.
Entre estas medidas, está el abuso de las reservas de información, es decir el ocultamiento por varios años de datos que produce la administración pública, sin justificarse debidamente como lo exige la ley.
Asimismo, ha habido una captura del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), cuyos comisionados deberían ser independiente pero han mostrado afinidad al Ejecutivo.
¿CUÁL ES LA INFORMACIÓN OFICIOSA?
Se clasifica así todos los datos que deben ser publicados de oficio en el sitio web de las instituciones públicas sin necesidad de que los ciudadanos los soliciten oficialmente, entre ellos los viajes, que por cierto, han sido declarados información reservada en la Asamblea desde que la nueva legislatura entró en vigencia el pasado 1 de mayo de 2021.
Así como los salarios, listados de asesores, informes contables, montos de subsidios, contrataciones y adquisiciones, proyectos de ley, dictámenes y decretos legislativos, plan general del gobierno, decretos y acuerdos ejecutivos, actas de reuniones del Consejo de Ministros, actas del Pleno del Tribunal Supremo Electoral, exámenes de auditoría e informes finales de la Corte de Cuentas de la República, estadísticas de la gestión judicial y de Medicina Legal, entre otros.