La conmemoración del Día de los Derechos Humanos y de los 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, este 10 de diciembre, ocurre entre preocupaciones sobre evidentes retrocesos en Derechos Humanos en varias regiones y El Salvador no es la excepción, que en el último año y medio ha llamado la atención por las constantes denuncias de vulneraciones en el marco del régimen de excepción.
Incluso diferentes organizaciones han llevado casos de esas violaciones en audiencias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esto se suma a las transformaciones de las instituciones que deben proteger los derechos humanos, reformas penales y lo que se considera como un “debilitamiento” de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
“Y que no está cumpliendo su rol de señalar cuáles son las violaciones a derechos humanos, sino mas bien dar diagnóstico de que todo está bien cuando es evidente que existen violaciones graves en el país”, dijo Úrsula Indacochea, directora del programa de Independencia Judicial de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés).
Agregó que a nivel de organizaciones internacionales evalúan si existen los elementos para hablar de casos de lesa humanidad, que son las violaciones más graves que habilitarían la competencia de la Corte Penal Internacional. Esto podría conllevar otros efectos para el país.
“A los ojos de la comunidad internacional esto empieza a ser preocupante en la medida en que se empieza a ver al país como un país que no respeta sus compromisos internacionales y eso puede afectar desde las relaciones comerciales, los tratados de libre comercio y la confianza de las inversiones”, afirmó.
Stefan Peters, director del Instituto Colombo-Alemán para la Paz, comentó que en la región latinoamericana cuenta con algunos avances en derechos, como el caso de Colombia en el tema de justicia transicional; pero existen retrocesos en la región por las continuas violaciones a derechos humanos, por la situación de la migración irregular, por las amenazas contra defensores de derechos humanos, así como hay muestras de una agenda “antiderechos”.
Ambos participaron el sábado en la clausura del “Diplomado de Especialización y Actualización en Derechos Humanos”, que fue implementado por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), con el apoyo del Proyecto de USAID Derechos y Dignidad.
Viola presunción de inocencia
Otra de las preocupaciones es que con las reformas penales aprobadas en un contexto de régimen de excepción, se anula la presunción de inocencia y eso afecta el derecho a la libertad. “Se puede ver esto en la modificación de la regla de prisión preventiva, el hecho de que exista una detención provisional casi obligatoria y que el juez no puede de oficio estar cambiando esa detención por otras medidas, como por ejemplo el arresto domiciliario ya te dice mucho que la detención no es una excepción, sino la regla”, dijo Indacochea.
Otras reformas al sistema judicial tuvieron que ver con permitir los jueces sin rostro, las audiencias masivas y usar testigos de referencia; además de no permitir los medios para que los detenidos demuestren su inocencia.
“Eso es preocupante. Porque puede terminar significando la privación arbitraria de personas inocentes”, añadió.
Peters coincide que no respetar la presunción de inocencia “es un retroceso muy, muy fuerte”, ya que el derecho es una de las herramientas que pone freno al Estado. “Si no, vamos a una situación de un leviatán todo poderoso, especialmente en estados que tienen gobiernos con mucho poder”, expresó.
Verónica Reyna, directora de Programa de Derechos Humanos del Servicio Social Pasionista (SPASS), también señaló que hay retrocesos de independencia de los órganos de poder del Estado, mayor exclusión de poblaciones afectadas por violencia y la suspensión de derechos fundamentales con el régimen de excepción.
“Y que ha generado violaciones masivas de derechos humanos, sobre todo en poblaciones empobrecidas, excluidas y que han sufrido la violencia de las pandillas durante años”, dijo.
Vinculación política
Peters señaló que una problemática es que se vincula el hecho de exigir respeto a los derechos humanos con bandos políticos. “Los derechos humanos son universales, los derechos humanos no tienen nada que ver con una posición política, con una edad, con género, con una etnia, no. Lo revolucionario de los derechos humanos es que eso debe proteger a todas las personas que están en el planeta tierra”, agregó.
También Indacochea valora que se trata de un fenómeno global que ubica a los defensores de derechos humanos en una u otra ideología política. “Sí creo que esta distorsión es alimentada por una narrativa, no es una distorsión natural, es una distorsión y una asociación que es alimentada por campañas de información y mensajes que vienen de estos grupos”, dijo.
Reyna señaló que los movimientos antiderechos “se asocian a grupos de poder” económico y político que se benefician de las restricciones y el control de poblaciones que luchan por sus derechos.
Llamado a unidad
Héctor Carrillo, de FESPAD, señaló que el contexto es propicio para llamar a todos los sectores de la sociedad tomen conciencia de la “necesidad de construir una agenda de derechos humanos en El Salvador”. Agregó que hay problemas graves, históricos y urgentes, que podrán resolverse con una agenda de derechos, como el medio ambiente, el acceso a educación, el acceso a la tierra, el derecho a la soberanía alimentaria, el derecho a la salud y la seguridad.
Comentó que se señalan retrocesos en aspectos básicos de derechos como el respecto a la libertad. “Hoy que hay tantos cuestionamientos hacia el sistema judicial por la sobrecarga a la que está sometido, por las múltiples reformas a los marcos legales que están en detrimento de las garantías procesales y otros aspectos”, dijo.