La conferencia de prensa realizada el pasado 8 de agosto para exigir a las autoridades el pago de las nocturnidades y las vacaciones al personal de salud, marcó el inicio de una “casería sindical” en la red hospitalaria.
Decenas de trabajadores se concentraron frente a las oficinas administrativas del Ministerio de Salud, para exigir a las autoridades que dieran una respuesta, debido a que el impago arrastraba al menos ocho meses de retraso.
En los siguientes días, a participantes de esta actividad se les prohibió el ingreso a las instalaciones de trabajo sin previo aviso. En algunos casos, se argumentaba que los trabajadores habían abandonado sus funciones para asistir a la marcha; sin embargo, esta medida solo puede ser aplicada después de una semana de ausencia injustificada.
Tres meses después, los trabajadores de la salud han realizado un recorrido por diferentes instancias entre el Ministerio de Trabajo, la Fiscalía, Organización Internacional del Trabajo (OIT), Tribunal del Servicio Civil, entre otros organismos, para exponer cada caso.
Pero la falta de ingresos fijos comenzó a calar en los afectados, quienes han buscado diferentes alternativas para generar un soporte económico a sus familias.
“Con mi esposa tenemos un emprendimiento de postres y con ayudas familiares vamos saliendo con los gastos de la casa”, expresó uno de los sindicalistas del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), quien solicitó mantenerse en el anonimato tras ser consultado por El Diario de Hoy.
La familia tiene hijos menores de edad y se ha visto en una situación complicada, luego que la principal fuente de ingresos fuera suspendida de forma abrupta.
“Con limitantes, pero también tenemos que apoyar al sindicato con todas las actividades a las que nos convocan; es para salir adelante, es para nuestro beneficio. Tenemos que ver cómo apoyar también nuestro proceso”, agregó el trabajador de la salud.
De los trabajadores suspendidos actualmente hay siete de ellos a los que ya les entregaron una resolución de su caso y hubo despido. Entre ellos se encuentran sindicalistas del Hospital Nacional “San Juan de Dios” en San Miguel y el Hospital Nacional “San Pedro” en Usulután.
Entre esos casos se encuentra la secretaria general del sindicato, quien debía gozar de fuero sindical y por lo que su separación del cargo era improcedente.
Mientras otras ocho personas aún se encuentran a la espera de una resolución favorable, el sindicato fue informado de dos nuevas suspensiones en las últimas semanas.
Según la información brindada por la gremial, “habían quedado en un par de personas que los trasladaron arbitrariamente, incumpliendo el artículo 47 de la Constitución, en el que se indica que los miembros de una junta directiva no pueden ser trasladados, despedidos, desmejorados sin previo proceso, y no hubo ningún proceso, solo de un día para otro los movieron a Unidades de Salud de San Salvador y a Ahuachapán, en el occidente del país; no es viable trabajar en turnos de ocho horas. Ellos están por renunciar porque estos movimientos son para desesperar a la gente”, agregó la fuente.
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Para el sindicato, esta acción tuvo intenciones claras: “al Ministerio le sale mejor que uno renuncie y no meterle proceso”, puntualizó.
En cuanto al resto del personal, en algunos casos han optado por buscar trabajos alternos debido a que tienen bebés, préstamos por pagar y otros compromisos.
“Vamos a continuar estos procesos, no importa que dure 10 años”
Silvia Navarrete, secretaria del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (SITRASALUD) ha sido una de las voces que tomó mayor fuerza para denunciar las irregularidades a las que se estaba sometiendo al personal. También fue una de las primeras afectadas con la suspensión.
SITRASALUD continúa dando seguimiento a este proceso, aunque recalcó que no todos los casos han tenido resultados de forma favorable para los afectados.
Navarrete explicó que hasta ahora han logrado que en uno de los casos la comisión de un fallo favorable; sin embargo, las autoridades han acudido a las instancias correspondientes para invalidar este proceso y mantener la suspensión.
“Nosotros entendemos que (las comisiones) están siendo manipuladas para que no den sus fallos apegados a derecho. Porque si nos apegamos a derecho, no procedería la suspensión ni el proceso que nos están realizando, debido al fuero que tienen los dirigentes” sindicales, señaló la secretaria de SITRASALUD.
El personal suspendido forma parte de directivas sindicales, en el caso de Navarrete la suspensión ha impactado de forma directa en los cuidados y la atención que le brinda a su madre, debido a que ella “debía cubrir gastos en medicamentos, movilización para llevarla a consulta, y todo esto lo está sufriendo mi madre, como una consecuencia directa”, señaló.
Para la sindicalista es “una situación bastante preocupante, porque se nota pues la intención que realmente es de despedirnos, sin darnos ninguna oportunidad, únicamente por hacer público que se nos estaban violentando nuestros derechos y se siguen violentando”; pero Navarrete sostuvo que “no nos vamos a detener, vamos a seguir solicitando audiencia con diferentes instituciones, reuniéndonos con las organizaciones que velan por los derechos humanos de los salvadoreños e incluso a nivel internacional”.
Navarrete argumentó que esta es una forma de las autoridades gubernamentales para dilatar los procesos y hacer que las personas pierdan el interés. “Vamos a seguir el proceso, no importa los años que tarde, han habido casos en los que después de 10 años se obtuvo justicia, nosotros vamos a continuar, no importa que duren 10 años o más”, recalcó.
Solicitan intervención de la OIT
Después de múltiples irregularidades cometidas en las instituciones publicas, el Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD) presentó una carta a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para que se realice una inspección al cumplimiento de la libertad sindical en El Salvador.
Esta solicitud fue presentada tras las consecutivas suspensiones de directivos sindicales. Entre los casos expuestos se encuentra la secretaria general del Sindicato de los Trabajadores del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Fátima Martínez, quién ha sido señalada por “violencia psicológica”. La gremial expresó que esta es una medida para generar inestabilidad y la pérdida del contrato colectivo, así como los beneficios obtenidos a través de este.
Según el MTD, hasta finales de octubre sumaban 39 suspensiones a directivos de distintos sindicatos de gobierno. La organización también denunció que otros 78 trabajadores han sido despedidos de forma injustificada.
Bajo está administración, más de 20,000 personas han sido retiradas de sus cargos, sus demandas son retrasadas por las entidades de justicia como la Sala de lo Constitucional, señaló la gremial.
SIN RESPUESTA OFICIAL DE AUTORIDADES
Se buscó la postura oficial del Ministerio de Salud y el ISSS en referencia a las múltiples denuncias de suspensiones personal sindical que de acuerdo a las leyes no pueden ser despedidos mientras se encuentran en su cargo, esto debido al fuero para brindar estabilidad laboral de los representantes; sin embargo, las autoridades aún no han brindado respuesta.