Los recientes abusos y delitos cometidos por elementos de la Fuerza Armada han generado un debate sobre la preparación y la legalidad de esa institución para realizar tareas de seguridad y su capacidad de actuar respetando los derechos humanos de la población en general.
El papel de la Fuerza Armada constitucionalmente se limita a la seguridad territorial, no puede cumplir labores de seguridad pública, excepto en casos excepcionales y por un tiempo específico y limitado, señalan especialistas en derechos humanos y académicos.
Andreu Oliva, rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), explicó que utilizar al Ejército en las labores de seguridad ciudadana es contrario a la Constitución de la República, la cual establece que para ese fin está la Policía Nacional Civil (PNC), fundada después de la firma de los Acuerdos de Paz.
“Este gobierno le ha dado al Ejército un papel protagónico, no solo en el tema de la seguridad, sino también en otras áreas importantes del país, lo cual no está de acuerdo con la Constitución ni con los Acuerdos de Paz”, aseguró Oliva.
En ese mismo sentido, David Morales, ex procurador de Derechos Humanos, expuso que uno de los acuerdos para la firma de la paz fue una reforma constitucional que estableció la reducción del número de integrantes de la Fuerza Armada y la eliminación de unidades militares vinculadas a crímenes de lesa humanidad.
“La reforma constitucional separó a la Fuerza Armada de las funciones de seguridad pública. La Fuerza Armada, por Constitución, tiene las funciones de la defensa de la soberanía en el territorio ante cualquier amenaza”, dijo.
Para Juan Carlos Torres, director de la maestría en Políticas Públicas y Cultura de Paz de la Universidad Don Bosco, es válido el uso de los militares cuando el riesgo sobrepasa a la fuerza pública y la seguridad y la paz se ven amenazadas en un territorio.
“Las Naciones Unidas utiliza las fuerzas armadas a través de sus cuerpos de paz para restablecer el control y el orden, este mismo recurso han utilizado gobiernos anteriores (...) a través de figuras como grupos de tarea conjunta, donde policías y militares trabajan juntos para brindar seguridad”, manifestó.
Sin embargo, Torres dejó claro que desde la cultura de paz la utilización de militares es válida solamente mientras “la amenaza es reducida, por periodos cortos y bajo un control y vigilancia de las instituciones que velan por el respeto a los derechos humanos”.
El exprocurador Morales agrega que la Fuerza Armada puede ser utilizada de manera excepcional, pero no puede sustituir a la Policía. “Lamentablemente todos los presidentes, desde la firma de los Acuerdos de Paz, han violentado esta normativa institucional”, manifestó.
Una práctica común
El uso del Ejército en labores de seguridad pública fue utilizado por primera vez en el gobierno del presidente Armando Calderón Sol, luego fue retomado por Francisco Flores y Antonio Saca para sus planes de Mano Dura y Súper Mano Dura en la guerra contra las pandillas.
El mismo esquema fue seguido por los gobiernos de Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, quienes asignaron a los militares el control de la seguridad fuera de los centros penales.
Por su parte el presidente Nayib Bukele siguió con la misma práctica de los presidentes de ARENA y el FMLN al sostener en la seguridad pública al Ejército, con el establecimiento de cercos militares, en la aplicación del régimen de excepción, iniciado hace más de un año.
“El actual gobierno del presidente Bukele ha exacerbado esa práctica inconstitucional (...) y ha ido otorgando un rol político en las fuerzas armadas que no habíamos visto en gobiernos anteriores”, señaló Morales.
El exprocurador se refiere al involucramiento de los militares en políticas sociales con el fin de darles un peso político, lo cual según él “es invasivo de las competencias de otros órganos del Estado”.
El gobierno actual utilizó a los militares para coordinar los centros de contención y en la distribución de los alimentos de ayuda humanitaria durante la pandemia del Covid-19, la seguridad en los centros de vacunación. Incluso en sus redes sociales han presentado a los militares enfrentándose a las plagas que afectan a los cultivos.
Torres explica que el Ejército está diseñado desde la concepción y formación a identificar un enemigo, neutralizarlo o eliminarlo y cuando un país o un gobierno asigna la seguridad pública a los militares debe ser consciente que esta asignación debe ser por corto tiempo y en tareas muy específicas y vigiladas.
“Si el ejército permanece por mucho tiempo realizando tareas de seguridad pública, tarde o temprano terminará desgastándose, cometiendo abusos de poder y transformándose de cuerpo protector a cuerpo de seguridad violador de los derechos de los ciudadanos”, asegura el especialista.
Torres agregó que el futuro que le espera a un país que basa su seguridad en la disuasión y represión de los militares “está condenado a abusar del poder y distanciarse de la población a quienes juraron proteger”.
Irrespeto a los derechos humanos
Según los especialistas, otro de los factores por qué el Ejército no puede estar a cargo de la seguridad pública está relacionado al involucramiento histórico de esa institución y su altos liderazgos en hechos de violencia y represión política, antes y durante el conflicto armado.
“En la etapa del conflicto armado implicaron la perpetración sistemática de crímenes de guerra y de lesa humanidad como: exterminios humanos, masacres, ejecuciones extrajudiciales, tortura de las personas detenidas, y desaparición forzada, en perjuicio de miles de víctimas de la población civil”, recordó Morales.
Por ello Oliva mostró su preocupación por la militarización actual, debido a que durante el conflicto armado los militares fueron los principales violadores de derechos humanos, según los casos documentados en el informe de la Comisión de la Verdad.
Oliva agregó que la Fuerza Armada está preparada para la guerra, no para la paz, ni para realizar labores de seguridad en un área civil. “Creo que una sociedad militarizada es contrario a la cultura de paz que deberíamos perseguir en El Salvador”, dijo.
José Salvador Ruiz, animador de las comunidades eclesiales de base del Bajo Lempa, relata que los habitantes de esa zona vivieron la represión militar durante el conflicto armado y ahora están bajo el asedio del Ejército en el contexto del régimen de excepción.
El 5 de noviembre del año pasado, ocho jóvenes de la comunidad Armando López fueron capturados y golpeados por un grupo de soldados por una representación artística que señalaba los abusos en el régimen de excepción.
Asimismo Ruiz explicó que como comunidad organizada han presentado habeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia de casos de jóvenes que fueron sacados de sus casas por militares y les han aplicado el régimen.
“Ha quedado demostrado durante el conflicto armado y ahora que militarizar el país, simplemente nos lleva a violentar la vida de las comunidades y de los derechos humanos de la población más empobrecida en estos territorios. Nosotros lo hemos comprobado si ha vivido durante el conflicto y lo estamos viviendo ahora”, enfatizó.
Por su parte, el rector de la UCA manifestó que en Chalatenango se han registrado agresiones por parte de soldados a personas civiles.
“Esto nos muestra que en la Fuerza Armada no hay una preocupación por respetar los derechos humanos, por respetar la dignidad de las personas y eso es parte de la formación que debería tener la Fuerza Armada y también la Policía, que también cada vez comete más violaciones a los derechos humanos”, declaró Oliva.
Ruiz agregó que la militarización y el régimen de excepción no son el camino para mantener la paz cuando en las comunidades se mantienen las injusticias y la exclusión.
“Nosotros le hemos venido diciendo que el Bajo Lempa ha sido un territorio olvidado por las políticas estatales y ahora se culpa a la juventud de haber sido penetrada por las pandillas, y se quiere revertir esta violencia con el garrote”, señaló.
Denuncia y diálogo
El padre Oliva considera que las instancias internas, tanto de la Fuerza Armada y la Policía, no están atentas para evitar abusos desde el poder, por lo tanto hay que exigirles para que velen por el respeto a los derechos humanos, por lo que, considera importante comentar y denunciar los abusos.
“Hoy tenemos una Procuraduría defensora de los derechos humanos que antes no teníamos, ahí está la Fiscalía General de la República (FGR) entonces hay que poner esas denuncias documentando esos casos y no esperar como hubo que esperar en la época del conflicto armado”, indicó Oliva.
Por su parte, Torres expuso que el gobierno debe permitir la contraloría ciudadana para garantizar que lo que sus cuerpos de seguridad están haciendo, sea lo que la gente espera de ellos: un actuar profesional y apegados a derecho.
“La herramienta más valiosa y que el gobierno no está utilizando es el diálogo y para dialogar se debe estar muy cercano a la población, los mecanismos básicos para el restablecimiento de la seguridad y la paz es la participación ciudadana, el gobierno debe permitir la Contraloría ciudadana”, expresó.
Asimismo señaló que “si el gobierno quiere seguridad y paz sostenible debe apostarle a la prevención, convivencia, inversión en la educación y el desarrollo integral de sus territorios”.