Las autoridades del Estado de Texas aprobaron una ley que otorgaría poderes extraordinarios a las policías locales para detener a extranjeros sobre quienes exista sospecha que ingresaron ilegalmente desde el extranjero, informó la cadena Univisión.
Se trata de la iniciativa más dura en su tipo en Estados Unidos. pero en varias ocasiones ha sido rechazada por falta de votos entre los republicanos, explicó la fuente.
Según otros medios como el periódico La Nación, de Argentina, la nueva ley reformará el Código Penal de Texas para permitir que los oficiales arresten a personas en cualquier lugar del estado, alegando que entraron ilegalmente. Esta medida le da permiso a los agentes autorizados a expulsarlas. En caso de que no accedan, se contemplan condenas por delitos menores a graves en segundo grado con una sentencia de 20 años para los reincidentes.
Según un análisis presentado en Austin American-Statesman, los alcances de este proyecto de ley van mucho más allá de lo que otros han intentado, dado que sometería a cualquier persona en Texas que parezca o sea un inmigrante a una posible detención y deportación estatal. Además, habría problemas por su injerencia en las competencias del gobierno federal.
Como antecedente, está la medida que aprobó Arizona, conocida como “de apoyo a la aplicación de la ley y barrios seguros”, que después la Corte Suprema declaró como “inconstitucional”, ya que alegaba que la soberanía de EE.UU. tiene un poder amplio e indudable en el tema de la migración.
Asimismo, los detractores también analizan los costos para los contribuyentes de Texas, dado que se trataría de defender la legislación con batallas judiciales. La fuente citada subraya que el miedo se extenderá en todo el estado, sobre todo en los migrantes sobrevivientes de delitos, que volverán a estar en jaque sobre si denuncian o no violaciones, violencia doméstica o abuso infantil.
En un comunicado del 2 de noviembre, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), acusó que la “supremacía blanca impulsa una política extrema antiinmigrante en Texas”. Según la organización, ya uno de los proyectos, el SB4, que amenaza a los trabajadores humanitarios y a los familiares de los inmigrantes indocumentados con severas sanciones penales, recibió el visto bueno de ambas cámaras y ahora irá al escritorio del gobernador.
No obstante, la ACLU resalta las consecuencias que tendría en especial el proyecto HB4, “que se clasificaría fácilmente entre los proyectos de ley más radicalmente antiinmigrantes jamás aprobados por una legislatura”.
Si bien una de las versiones preliminares de esta legislación convertiría en delito estatal intentar ingresar a Texas desde México, otra iría más allá y “pretende autorizar a estos oficiales, que no están capacitados en la ley de inmigración, a deportar a las personas que sospechan de violar la ley”. Esta medida conduciría a la elaboración de perfiles raciales, por lo que los agentes podrían profundizar en el estatus migratorio y antecedentes de cualquier persona con la que se encuentren.
El peligro radica en que, en los procedimientos federales, todas las personas tienen derechos de demostrar las razones por las que no deben ser deportadas, como por ejemplo tener un estatus legal, ser ciudadanos estadounidenses o ser elegibles para la protección humanitaria. Sin embargo, en esta propuesta “no se han elegido salvaguardas. De hecho, las personas sospechosas de entrada ilegal se verán privadas de sus derechos básicos (…) el proyecto de ley sugiere que se les puede ordenar la deportación a México sin siquiera hablar con un abogado”.
México rechaza nueva ley
El Gobierno mexicano hizo público este miércoles su rechazo a las medidas antiinmigrantes que pretendan detener el flujo de personas, mediante su criminalización, tras la iniciativa de Ley SB4 aprobada el martes por el Congreso del estado de Texas, fronterizo con México.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE, Cancillería) denunció en un comunicado que dichas normas resultarán en la separación de familias, discriminación y perfilamiento raciales.
El martes, la Cámara de Representantes de Texas, dominada por los republicanos, aprobó el proyecto de Ley SB 4, que convierte en delito estatal menor el cruce indocumentado de la frontera y exige a la justicia estatal ordenar el regreso de los extranjeros a suelo mexicano para no procesarlos en Estados Unidos.
Si el extranjero no cumple con la orden del juez o tiene antecedentes criminales el delito se convierte en grave y conlleva una pena máxima de 20 años de prisión.
El Gobierno mexicano apuntó que "reconoce el derecho soberano de cualquier país de decidir" las políticas públicas que deben ejecutarse en su territorio, pero "respetuosamente externa su derecho legítimo de proteger los derechos de sus connacionales en Estados Unidos, así como el de establecer sus propias políticas de internación a su territorio".
En ese sentido, dijo, "rechaza tajantemente cualquier medida que permita a autoridades estatales o locales detener y retornar a personas nacionales o extranjeras a territorio mexicano".
México expresó su preocupación ante el paquete de medidas legislativas que afectará los derechos humanos de las más de 10 millones de personas de origen mexicano que residen en Texas, esto "al propiciar ambientes hostiles que pueden derivar en actos o crímenes de odio en contra de las comunidades migrantes".
Además, reiteró "su rechazo a cualquier medida que contemple el retorno involuntario de personas migrantes sin respeto al debido proceso".
Ante ello, la Cancillería instruyó a las 11 representaciones consulares en Texas, entre otras medidas, a aumentar sus encuentros con autoridades aliadas, legisladores y agrupaciones de derechos civiles para reforzar la presencia en el estado.
Además, de realizar jornadas informativas, ofrecer asesoría legal y migratoria gratuita, y reforzar la vinculación con la comunidad mexicana.
El Gobierno de México dijo que mantendrá sus esfuerzos con el de Estados Unidos para responder a los fenómenos migratorios, mientras que la SRE, a través de la red de consulados en Texas, "estará atenta para responder a cualquier violación por parte de las autoridades y explorará apoyar litigios estratégicos para salvaguardar sus derechos humanos".
En distintas ocasiones, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha expresado durante este año su desacuerdo con las medidas antiinmigrantes del gobernador de Texas, Greg Abbott, y del gobernador de Florida, el aspirante presidencial republicano Ron DeSantis, mientras que ha agradecido al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por su política migratoria.