La Asociación Acción Ciudadana presentó este viernes su tercer informe sobre el desempeño del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en el que destaca que la entidad solo resolvió 12 casos en 2022 en favor del derecho de la ciudadanía al acceso a la información.
De los 71 casos resueltos para el año 2022, solamente 12 fueron a favor de la ciudadanía lo que representa un 16 % de los casos resueltos y apenas un 3 % de la carga laboral anual del IAIP.
Acción Ciudadana reporta una disminución de casos resueltos a favor de la ciudadanía demandante en comparación con años anteriores, específicamente en 2019 fueron 158, en 2020 fueron 243 y en 2021 fueron 63. La mayoría de resoluciones favorables se dieron durante las presidencias de René Cárcamo y Cristina Pérez frente al IAIP.
Graciela Ayala, coordinadora del Centro de Monitoreo Institucional de Acción Ciudadana, indicó que para 2022 la carga laboral del Instituto fue de 356 casos, de los cuales 56 eran casos activos de 2020, otros 151 ingresaron en 2021 y 149 eran casos iniciados en el 2022. De esa cantidad, solo 71 fueron resueltos, ya sea con resoluciones finales o salidas alternas.
El 65 % de esa carga laboral corresponde a apelaciones de acceso a la información. De los 78 casos de apelación por acceso a la información ingresados en 2022, la mayoría se refieren a la denegatoria genérica de información y la inconformidad de la información entregada.
No obstante que la carga laboral es baja, los casos no resueltos a diciembre de 2022 representan el 80 %. El informe destaca que esa baja efectividad sucede a pesar de que el número del personal técnico del IAIP sigue siendo el mismo desde 2019, y su presupuesto aumentó de $1.9 millones en ese año a $2.14 millones para el año pasado.
De los 285 casos pendientes de resolver hasta 2022, la mayoría se concentran en los procedimientos abiertos desde el 2021, sumando 117, lo que corresponde al 41 % de los casos no resueltos.
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Los tipos de procesos pendientes de resolver son: Apelaciones datos personales, apelaciones acceso a la información, denuncias datos personales, denuncias de acceso a la información, faltas de respuesta, procesos de oficio, ampliación de reserva, desclasificación de reserva e información incompleta.
Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana, indicó que cada vez más se niega información pública y se “utiliza la ley en contra del ciudadano” bajo el argumento de la reserva de la información.
Añadió que se clasifica con una bandera roja el desempeño del IAIP en el mapa de riesgo de corrupción. “Porque al final ayuda este bajo desempeño a que se mantenga la opacidad en el manejo de la cosa pública”, expuso Escobar.
Salidas alternas
Acción Ciudadana destaca una tendencia en el IAIP de terminar los procesos por medio de salidas alternas, en algunos casos a través de rechazo liminar, que sería con las figuras de improponibilidad, improcedencia, inadmisibilidad de las peticiones ciudadanas.
“Hay una tendencia que hemos identificado en el actual pleno y es a resolver los casos con salidas alternas, principalmente rechazo liminar, al inicio del proceso”,
Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana
En 2022 el 76 % de los casos finalizó con este tipo de argumentos o salidas alternas. Escobar indicó que en el análisis inicial se rechaza la mayoría de casos sin entrar en detalle de la solicitud. “Es decir, casi el 70 % de los casos que entran al Instituto no se analiza el fondo de los solicitado, sino que se queda en la primera etapa”, dijo.
Cuestiona si se debe a un error en la presentación de apelaciones o si el IAIP hace una interpretación equivocada de la ley. Además, consideran que puede haber un desinterés de la ciudadanía en recurrir al Instituto.
Tarda más tiempo
Otro aspecto señalado por la asociación es en cuanto al tiempo que tarda el IAIP en resolver los casos, principalmente en admitirlos, por ejemplo, casos que se presentaron en 2020 se tardó 675 en dar una resolución.
Ayala señaló que podría tratarse de un problema de vacío legal con la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA) que se usa de forma complementaria con la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), porque al momento de admisión de la apelación o del caso es donde empieza a contarse el plazo para resolver.
“Entonces, todos estos casos que no han sido admitidos o que fueron admitidos dos, tres años después, el plazo empieza a contarse para que el Instituto resuelva desde que es admitido”, expresó.
El caso con mayor tiempo iniciado de oficio data del 3 de marzo del 2020, contabilizándose 1,033 días corridos al cierre del año sin elaborarse el examen inicial. Y ese vacío legal les permite a los entes tardarse en hacer una evaluación inicial.
Mientras que se registraron dos casos que el plazo de resolución fue de un día porque se trataban de solicitudes de prórroga de entrega de la información a favor de la institución obligada.