MOVIR denuncia entrega de ataúdes de reos cerrados y vigilancia a familiares

El Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) informó este miércoles que familiares de reos muertos han denunciado que sus ataúdes fueron entregados sellados y custodiados por agentes de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada, para evitar que los abrieran.

Debido al temor de ser detenidos, la mayoría de personas que asistieron a los entierros se abstuvieron de tomar fotografías.

El Diario de Hoy entrevistó a familiares de uno de los reos y dijeron tener miedo porque tienen otros parientes detenidos y los custodios del centro penitenciario pueden tomar represalias.

“No podemos hablar, todo se lo dejo en las manos a mi Dios”, expresó la pariente de un reo fallecido bajo el régimen.

Según MOVIR, el último reo fallecido es José Dimas Medrano del Cid, de 37 años, quien se dedicaba a la agricultura. Él estuvo un año y 5 meses en el penal de Quezaltepeque tras haber sido detenido el 25 de mayo del 2022 debido a una llamada anónima, según la esposa del fallecido, Sandra Maribel.

De acuerdo con su versión, dicho llamado fue hecho por otro familiar por una disputa de terrenos que se dio luego de la muerte de la madre de José. Desde su detención y a pesar de haberse separado de José, Sandra fue en reiteradas ocasiones a dejar paquetes de alimento, limpieza y medicinas a la prisión.

“Cuando se lo llevaron, él estaba bien de salud”, recuerda Sandra. En una ocasión ella recibió una llamada de la Dirección de Centros Penales para que llegara al Hospital Nacional de Sonsonate para autorizar una intervención médica para José, porque dentro del penal desarrolló insuficiencia renal; ella llegó, pero no pudo verlo.

La única vez que ella y sus dos hijos pudieron ver a José fue cuando era llevado al hospital Rosales en San Salvador, para realizarle diálisis. Otro paciente con quien José compartió habitación en el hospital logró contactar con Sandra para hacer una videollamada.

La tarde del 25 de octubre, la hermana de José fue visitada por agentes de la PNC para informarle que había fallecido en el hospital y que fuera al Instituto de Medicina Legal para retirar el cuerpo. Sandra no fue notificada ni por centros penales, el hospital o alguna funeraria. La esposa de José viajó hasta San Salvador para retirar el cuerpo en Medicina Legal.

Ella comenta que en el lugar solamente le permitieron ver el rostro de su esposo. “No lo reconocí, hasta que me mostraron un lunar en el pecho. Solo así supe que era él” recuerda Sandra. Debido a los múltiples trámites legales que debió hacer, ella se quedó en la capital, mientras otros familiares transportaron el cuerpo hasta su pueblo natal.

“Marcas de torturas”
Familiares de José lograron quedarse junto con los funerarios mientras ellos preparaban el cuerpo. Sandra, al llegar a la hacienda El Platanar, preguntó si habían logrado ver el cuerpo y si lograron tomar fotografías, pero ellas comentan que los trabajadores de la funeraria no se lo permitieron.

“No podemos dejar que tomen fotos del cuerpo. Si lo hacen nos van a meter en problemas a nosotros”, explicó una familiar de José a Sandra que dijo un funerario, mientras preparaban el cuerpo de su esposo. Ella y otros familiares denuncian que al ver el cadáver quedaron impresionados por las múltiples marcas de tortura que tenía alrededor del cuerpo.

El cuerpo de José tenía una marca negra horizontal a lo ancho de su abdomen, sus costillas totalmente notorias por su extrema delgadez, las cuales al tocarlas se hundían con facilidad. Al darle vuelta al cuerpo se lograban ver en sus dorsales múltiples marcas de golpes en distintos ángulos y una lesión en la columna cervical a la altura del cuello, el cual mostraba una desviación al lado derecho. “Yo pensé que había fallecido por la insuficiencia renal, pero la verdad es que lo mataron”, subrayó Sandra.

Registran 28 muertes en un mes
“Yo tenía la esperanza de que iba a salir, aunque sea enfermo, pero quería tenerlo acá conmigo y sus hijos”, expresó Sandra. Ella espera que de una u otra manera se haga justicia ante el caso de su esposo y los múltiples fallecidos dentro de los penales del país e insta a que más personas se atrevan a denunciar los casos de abuso a los principales derechos humanos como la libertad y a la vida se respeten y que se castigue a quienes los violentan.

Ingrid Escobar, de Socorro Jurídico Humanitario, publicó en su cuenta personal de X (antes Twitter) que según la institución, han fallecido alrededor de 28 personas bajo el régimen de excepción desde el 18 de septiembre 2023 a la fecha. La mayoría de decesos ha ocurrido durante la fase de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR). Algunos de los reos ya contaban con cartas de libertad tras comprobarse su inocencia o corroborar arraigos y múltiples pruebas, pero aún así fueron retenidos por centros penales.