El régimen de Nicaragua canceló el martes la personalidad jurídica y confiscó bienes de la orden de los Frailes Menores Franciscanos y de 16 oenegés, algunas ligadas a iglesias católicas y evangélicas, argumentando que no reportaron el origen de su financiamiento.
La orden de los Frailes Menores Franciscanos de la Provincia Seráfica de Asís y 16 asociaciones y fundaciones fueron acusados de incumplir leyes sobre el reporte de sus estados financieros, juntas directivas, detalle de sus donaciones e identidad y origen de sus donantes, según una resolución del Ministerio de Gobernación (Interior).
La decisión, publicada en el diario oficial La Gaceta, establece que los bienes muebles e inmuebles de los organismos cancelados pasarán a manos del Estado de conformidad con ley.
La medida es parte de una orden más amplia para cancelar la personalidad jurídica de 17 organizaciones sin fines de lucro y de otras ocho que fueron canceladas por “disolución voluntaria de miembros”, lo que a decir de los críticos significa en la práctica que fueron obligadas a cerrar.
Entre las 17 ONG, señala La Prensa, hay al menos siete asociaciones evangélicas, pero también organizaciones de mujeres como la Asociación Las Golondrinas, de atención a la niñez, de autismo, de médicos, artísticas e indígenas.
El régimen de Nicaragua canceló en agosto la personalidad jurídica a la Compañía de Jesús y confiscó la universidad jesuita de Managua bajo acusaciones de “terrorismo”, así como una residencia para sacerdotes aledaña al campus.
Los orteguistas han cerrado más de 3.000 oenegés desde que endureció las leyes tras las protestas de 2018 contra el presidente Daniel Ortega, que en tres meses de bloqueos de calles y choques entre opositores y oficialistas dejaron más de 300 muertos, según la ONU.
La relación entre la Iglesia católica y el gobierno se deterioró en medio de esas protestas, que Ortega consideró un intento de golpe de Estado promovido por Estados Unidos, que junto a la Unión Europea y otros países denunciaron una violenta represión contra opositores.
Varios religiosos han sido conminados a abandonar el país y 12 sacerdotes fueron enviados a Roma la semana pasada tras su excarcelación, pero queda en prisión el obispo Rolando Álvarez, fuerte crítico del gobierno, condenado en febrero a más de 26 años bajo cargos de propagación de noticias falsas y desacato.
Monseñor Álvarez se negó a dejar el país en un vuelo con 222 opositores que estaba presos y que tenía como destino Estados Unidos. Ortega calificó al sacerdote de “soberbio” por no subirse en el avión. La condena en su contra llegó un día después y ahora cumple 26 años y cuatro meses de cárcel.
El obispo cumplió un año en prisión en agosto de este año.
58 años en Nicaragua
Medios opositores señalaron que el Ministerio de Educación y agentes de la policía ocuparon la tarde del martes el Instituto San Francisco de Asís, ubicado en la ciudad de Matagalpa, al norte de Managua y administrado por los franciscanos.
La Orden de los Frailes Menores Franciscanos de la Provincia Seráfica de Asís tenía unos 58 años en Nicaragua.
Entre las oenegés que quedaron sin personalidad jurídica este martes está la Asociación Iglesia Internacional de Cristo, la Asociación de Mujeres Las Golondrinas, la Fundación Centro de Atención Integral a Niños y Niñas con Autismo, la Asociación Evangelística Impacto Juvenil de Nicaragua, y la Asociación Nicaragüense de Iglesias de Cristo.
También la Asociación de Médicos Especialistas San Francisco, la Asociación Ministerio Cristiano La Vid Verdadera, la Fundación para el Desarrollo al Etno Desarrollo Indígena y la Fundación Ministerio Pentecostés Unción y Fuego, entre otras.
La relación entre la Iglesia Católica y el régimen se deterioró en medio de esas protestas, que Ortega consideró un intento de golpe de Estado promovido por Estados Unidos, que junto a la Unión Europea y otros países denunciaron una violenta represión contra opositores.
El régimen asegura que algunas onegés financiaron las protestas de 2018. Medios opositores han señalado que desde el 2018 más de 30 sacerdotes de distintas órdenes salieron al exilio, 20 han sido desterrados y a 24 más se les ha negado el reingreso al país.
Segundo golpe a franciscanos
En mayo, el régimen canceló la personalidad jurídica de la Orden de las Hermanas Clarisas Franciscanas, también de la fraternidad franciscana, y en julio, cuatro religiosas de la Fraternidad Hermanas de los Pobres de Jesucristo, abandonaron el país después que migración no autorizó la extensión de sus visas.
Otras tres religiosas de la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Anunciata, encargadas de un asilo de ancianos de la ciudad de Rivas, al sur de Managua, dejaron el país en abril.
Organizaciones de derechos humanos a nivel internacional han expresado su preocupación a lo que consideran una persecución a la Iglesia. Human Rights Watch emitió un informe en el que señala, entre otras cosas, que “el Gobierno ha desmantelado todos los controles institucionales al poder presidencial. En medio de una escalada represiva contra críticos y opositores políticos, el presidente Ortega fue electo a un cuarto mandato consecutivo en 2021”.
La Organización de Estados Americanos (OEA) también rechazo el seguimiento contra la Iglesia.