La Dirección de Obras Municipales (DOM) es la institución de Gobierno que más información oficiosa mantiene en reserva desde su inicio de operación en noviembre 2021, según los pocos datos que la gestión Bukele ha hecho públicos. Toda su información se encuentra bajo reserva con el plazo máximo de hasta siete años.
Para la experta en transparencia y ética gubernamental, Jaqueline Cruz, pareciere no existir un apego al principio de máxima publicidad y rendición de cuentas de la información sometida a esta reserva, así como proporcionalidad en cuanto al tiempo establecido.
No hay información de la DOM sobre tabla de precios por unidad de obra, el proceso de compra e información relacionada con el inmueble del área administrativa, el nombramiento y contratación de pólizas de seguros, las ofertas presentadas en los procesos de contrataciones, procesos sancionatorios, opiniones legales, el desglose de costos unitarios propios, los expedientes de diseño de proyectos, costos de obras, solicitudes de aprobación de financiamiento, por mencionar algunos.
Sin embargo, según Cruz no se evidencia cómo divulgar estos datos podría afectar las estrategias o funciones estatales en procesos de contratación finalizados, que es parte del argumento de por qué la DOM oculta la información.
Fuera del contenido en reserva, la DOM cuenta con un índice de información reservada actualizado a diciembre de 2022, cuando la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) establece que debe actualizarse semestralmente. Es decir, debió subir información, al menos, en junio de 2023.
“Si bien hay la posibilidad de reservar información por determinado periodo, también tiene que estar justificado y eso es lo que no hace este gobierno, no justifica las reservas adecuadamente, siempre alega aspectos muy generales sin comprobar que efectivamente procede la reserva”, explicó el director de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar.
Escobar considera que es una muestra más de la “sistemática ocultación de información” del gobierno de Bukele.
Más casos
Otra institución con un amplio índice de reserva total es Relaciones Exteriores. Fuera de los documentos de diplomacia que por su naturaleza requieren de reserva, la institución se niega a revelar datos de derechos humanos, sentencias y asuntos medioambientales.
Informes de misiones oficiales, procesos judiciales en lo que Cancillería tenga participación como parte actora o demandada, el proyecto minero Cerro Blanco, la política institucional de gestión ambiental, por ejemplo, tienen reserva.
La LAIP aclara que no podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de trascendencia internacional.
El Ministerio de Justicia resguarda todo lo relacionado al Plan Control Territorial, los expedientes administrativos en trámite de la Comisión del Servicio Civil, y todo dato sobre el préstamo de armas y material de guerra. En el tema ambiental, las áreas naturales protegidas que están en proceso de transferencia y sus planos no estarán liberados de reserva sino hasta entre 2025 y 2028. Mientras que ciudadanos de los municipios de Quezaltepeque y Nuevo Cuscatlán reclaman constantemente por daños de empresas privadas a zonas que, según el listado oficial del ministerio, se encuentran bajo protección.
Los procesos judiciales de lo contencioso administrativo y de amparo promovidos por Medio Ambiente o en contra del mismo, los procesos judiciales de autorización de despido o destitución de empleados promovidos por el ministerio y los expedientes de procesos de medidas cautelares ingresados, también están “bajo llave”.
En el caso del Ministerio de Salud pese a que no es más una emergencia sanitaria el covid-19, el registro de cabinas destinadas a la vacunación y los procesos de adquisición de vacunas contra el covid-19 y viruela símica siguen con la reserva vigente. Los documentos como el Plan Nacional de Salud, también.
Las pautas publicitarias de cada dependencia del gobierno están en reserva, esto incluye a la Presidencia como a los ministerios. Acá se incluye asesorías de marketing y publicidad a instituciones gubernamentales.