Varias organizaciones de sociedad civil presentaron este viernes al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) una petición para que verifique el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) en materia de transparencia en proyectos de infraestructura pública que se ejecutan por parte del gobierno.
Presentaron la solicitud representantes de Acción Ciudadana, Cristosal, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA) y la Asociación Transparencia, Contraloría Social y Datos Abiertos (TRACODA).
“Nosotros hicimos una evaluación en grandes obras públicas, solo en 23 obras públicas que se están desarrollando y el aspecto de transparencia activa salió muy deficiente en las instituciones, porque en promedio solo cumplen con el 30% de la información que debería estar publicada. Eso nos preocupa porque estamos hablando de proyectos millonarios”, dijo Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana.
La petición surge debido a deficiencias que han encontrado en la transparencia en cuanto a la obra pública. Entre algunos proyectos con los que no se cuenta información en los portales de transparencia está la construcción de los CUBO, el proyecto de Tren del Pacífico, la construcción de la Biblioteca Nacional.
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Agregó que las instituciones públicas tampoco responden a las solicitudes de información que se les solicita. Enfatizó que el IAIP tiene un mandato legal para hacer cumplir la LAIP, pero observan “una inacción” de parte del Instituto, por lo que le instan a que pueda activarse.
“Incluso se reservaron muchos proyectos que estaban disponibles para la ciudadanía, pero se reservaron cuando se hizo la solicitud de la información. El punto acá es que vemos serios retrocesos en materia de acceso a la información en proyectos de infraestructura”,
Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana
Ruth López, de Cristosal, indicó que el IAIP ha dejado de verificar el desempeño de los entes obligados a brindar información, según le ordena el artículo 58 de la LAIP. “Por lo tanto, la ciudadanía no puede hacer las comparaciones necesarias para poder evaluar, por ejemplo, si los índices de transparencia del acceso a la información pública de las instituciones ha mejorado o no”, manifestó.
Previo a presentar la carta, López señaló de la presencia de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) custodiando la entrada.
Ricardo Castaneda, economista del ICEFI, consideró que la poca información o hasta la reserva de esta no obedece a “casos aislados” por parte del gobierno.
“Lo que estamos viendo no son casos aislados, sino una política sistemática de reservar la información. Es importante tener presente que los recursos públicos provienen de los impuestos que paga toda la población, por lo tanto, la población tiene el derecho de conocer cómo se están utilizando estos recursos. Tenemos diversos ejemplos, estamos mencionado los casos de obras públicas, pero tenemos también el caso relacionado con el bitcoin”, dijo Castaneda.
Otro proyecto ejecutado cuya información fue declarada bajo reserva es la construcción del mega penal en Tecoluca, San Vicente; y recientemente se agregó al secretismo el acuerdo millonario entre el Gobierno con la empresa Google LLC.
Jessica Estrada, de FUNDE, menciono que desde hace meses observan la necesidad de que se fortalezca el cumplimiento de obligaciones del IAIP y de la actualización dentro de los portales de acceso a la información.
“En general, estamos haciendo un llamado al Instituto para poder activarse, para verificar el cumplimiento de la LAIP. Algo recurrente ha sido la reserva de información sin justificación suficiente y también el no contar con información actualizada en los diferentes portales de, prácticamente, todas las instituciones públicas”,
Jessica Estrada, FUNDE
Henry Fino, director de FESPAD, dijo que la petición busca exhortar al IAIP a que cumpla con lo que la ley le ordena.
“El Instituto es una herramienta indispensable en el acceso a la información pública, a la transparencia y en la rendición de cuentas. En la medida que el Instituto funcione, aceptando, accediendo a que la ciudadanía tenga la información, en esa medida tendremos la posibilidad de exigir que se rindan cuentas y que haya transparencia”, dijo Fino.
Indicó que el acceso a la información es un derecho de la ciudadanía con el que se permite exigir la transparencia. “Si bien es cierto estamos poniendo como ejemplo la obra pública, realmente la exhortación al acceso a la información que le hacemos al IAIP en el cumplimiento de sus obligaciones es la transparencia y la accesibilidad a la información pública”, añadió Fino.
Las organizaciones también enviaron una carta a la iniciativa de Transparencia en el sector Construcción (CoST, en inglés), de origen británica, para que retome su trabajo en el país para verificar el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de transparencia en proyectos de infraestructura pública.
“Pero esta iniciativa ha dejado de trabajar, está pausado el trabajo, entonces nosotros le hacemos también el llamado que refuerce el trabajo de transparencia que le corresponde al Instituto para garantizar que los fondos públicos que se inviertan en obra pública sean correctamente usados”, dijo Escobar.