La Cancillería de El Salvador declaró en reserva por 7 años un acuerdo millonario firmado entre el Gobierno del presidente Nayib Bukele y Google, según una resolución de su Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) a la que EFE tuvo acceso.
El documento, fechado el 5 de octubre pasado, da cuenta de la solicitud presentada por un ciudadano para obtener una copia de dicho acuerdo, por el que la Asamblea Legislativa - dominada por el oficialismo - aprobó una ley que obliga a destinar al menos 500 millones de dólares para su aplicación en los próximos años.
"Se tiene a bien informar lo siguiente: que dicho instrumento identificado, cuenta con Cláusula de Confidencialidad y Declaratoria de Reserva" (sic), indicó la entidad.
Justificó esta declaración en el artículo 19, literal C, de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) que señala que es información reservada: "La que menoscabe las relaciones internacionales o la conducción de negociaciones diplomáticas del país".
VER: Alianza de servicios de Google le costará a El Salvador $500 millones, según ley aprobada
Sin embargo, el referido documento fue firmado por el presidente Bukele y representantes de Google, no fue parte de una negociación con otro país o sus representantes diplomáticos.
Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana, valoró como "una práctica recurrente" del actual gobierno de no entregar información y declarar bajo reserva la que sea sensible. Y agregó que se debe analizar la validez de la causal alegada por la Cancillería respecto a menoscabar las relaciones internacionales.
"Porque cuando hablamos relaciones diplomáticas son relaciones entre dos Estados, aquí por lo que se conoce no estamos hablando de una relación entre dos estados, sino que el Estado salvadoreño con una empresa privada de otro país; entonces no se ve que pueda haber una afectación a relación con el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, que podría ser el país sede u origen de la empresa", dijo Escobar.
Agregó que se trata mas bien de una relación comercial establecida entre el gobierno salvadoreño y Google LLC, por tanto no se visualiza alguna relación diplomática que pueda afectarse si se revela la información del acuerdo.
Sobre esta reserva, reaccionó el diputado del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Jaime Guevara, luego que el medio digital Infodemia divulgara la denegatoria por parte de la Cancillería el pasado 6 de octubre. "La Cancillería salvadoreña declara reserva de información en el acuerdo millonario entre el gobierno de El Salvador y Google. Si no sos transparente es porque escondes la corrupción", publicó en la red social X.
El 5 de septiembre pasado, el Congreso salvadoreño aprobó con los votos del oficialismo una ley que obliga al Estado de El Salvador a destinar al menos 500 millones de dólares y designa a la compañía estadounidense como un "socio estratégico".
La ley aprobada de forma exprés autoriza a todas las instituciones del Estado a establecer cada año las asignaciones presupuestarias “respecto de los servicios que deseen adquirir” conforme al acuerdo entre el gobierno y la empresa.
El 29 de agosto se conoció mediante un comunicado que el Gobierno de El Salvador y Google Cloud llegaron a un acuerdo de 7 años para "apoyar al país en su camino para convertirse en un centro tecnológico en América Central".
Sin embargo, la legislación no establece obligaciones de inversión para Google en El Salvador, a pesar de que diputados del partido oficialista Nuevas Ideas (NI) señalaron que la empresa invertirá en el país.
La normativa indica que su objetivo es "establecer las disposiciones necesarias para la implementación, desarrollo, transformación digital y modernización del Estado salvadoreño".
“Lo que estamos observando es algo poco usual y es que se apruebe una ley ad hoc para una empresa privada. Por si fuera poco donde el Estado, además, se compromete a pagar, es decir, utilizar recursos públicos”, analizó en su momento Ricardo Castaneda, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI).
También existen dudas de cuál será la fuente de financiamiento de esos $500 millones que El Salvador pagará a Google. “El marco normativo de El Salvador establece que cualquier compromiso de gasto debe de estar vinculado a una fuente de ingreso, en este caso no queda claro de dónde van a salir los recursos”, dijo Castaneda.