La Organización de los Estados Americanos (OEA) condenó ayer "las medidas represivas que ha adoptado" el gobierno del mandatario Daniel Ortega en Nicaragua contra "las instituciones educativas y la Iglesia católica".
En una resolución adoptada por consenso, la OEA reclamó además "la restitución de los derechos fundamentales" en el país "y la protección de la educación como un pilar fundamental para el desarrollo y el progreso de la sociedad".
Nicaragua está sumida en una grave crisis desde las protestas antigubernamentales de 2018, que se saldaron con unos 300 muertos. La situación empeoró después de las elecciones de 2021, en las que Ortega salió reelegido con sus rivales en la cárcel o en el exilio.
Las peticiones de la OEA caerán probablemente en saco roto porque Nicaragua dejará de formar parte oficialmente de la organización en noviembre por expreso deseo de Ortega, quien decidió retirarse en protesta por la negativa del organismo a reconocer las elecciones de 2021.
Desde 2018 la lista de las organizaciones no gubernamentales cerradas por Managua es larga.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un órgano de la OEA, "cuenta con un registro de 3,390 organizaciones de la sociedad civil cuya personería jurídica ha sido cancelada" tras las protestas del 2018, afirmó este miércoles Jorge Meza Flores, un directivo de la CIDH, antes de la votación del texto.
Entre ellas figura más de una veintena de universidades, en particular la jesuita Universidad Centroamericana, acusada por Managua de ser un "centro de terrorismo", y el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas.
El gobierno de Ortega mantiene una relación muy conflictiva con la Iglesia. Varios religiosos han sido conminados a abandonar el país o han sido acusados en tribunales, como el conocido obispo Rolando Álvarez.
"Estado policial"
Según la CIDH, Álvarez es uno de los más de 10 sacerdotes hasta la fecha "privados arbitrariamente de la libertad" y se encuentra "incomunicado y con afectaciones a su salud".
A la Comisión también le preocupa la situación de las comunidades indígenas, en particular la prohibición del partido indígena Yatama y la detención de dos de sus miembros, un tema que no figura en la resolución de la OEA porque el texto se negoció antes del anuncio.
"Dada la gravedad de la situación", la CIDH ha decidido elaborar un informe especial sobre el país que presentará el 9 de noviembre.
Por de pronto llama a los países de América latina y el Caribe "a facilitar el acceso a programas y servicios educativos" a los nicaragüenses porque hay más de 37.000 estudiantes y miles de académicos afectados.
Les pide asimismo que "exijan al Estado el cese de la represión" en el país, donde "el quebrantamiento del sistema democrático" se lleva a cabo mediante "la imposición de un estado policial".
No es la primera vez que la OEA adopta una resolución para pedir a Managua que "respete y garantice los derechos humanos".
Lo ha hecho en otras ocasiones pero hasta el momento Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo han hecho oídos sordos.