En un momento en que la migración global sigue siendo un tema candente, con millones de personas desplazándose en busca de oportunidades y seguridad, es crucial que las naciones aborden este fenómeno de manera efectiva y humana.
En El Salvador, la disolución del Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante y su Familia (CONMIGRANTES) ha generado reflexión y análisis en todo el país.
Esta medida plantea preguntas importantes sobre la política migratoria y la dependencia de la cooperación internacional. CONMIGRANTES, un organismo de derecho público sin fines de lucro, fue creado en 2011 a través de la “Ley Especial para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante Salvadoreña y su Familia”.
Su misión era clara: proteger y apoyar a los migrantes salvadoreños y sus familias en su búsqueda de una vida mejor en el extranjero. Para financiar sus políticas y programas, la Ley Especial de Migración y Extranjería asignó recursos del presupuesto estatal, específicamente un dólar de cada tasa de salida de pasajeros vía aérea. La decisión de disolver CONMIGRANTES ha desencadenado una serie de preguntas y preocupaciones. En primer lugar, ¿por qué disolver una institución creada para abordar un problema tan apremiante como la migración?
La actividad migratoria en El Salvador sigue siendo un desafío nacional, y eliminar una entidad dedicada a esta causa plantea interrogantes sobre el compromiso del gobierno con la protección y el bienestar de sus ciudadanos en el extranjero.
Una de las principales inquietudes es la posible dependencia de la cooperación internacional para financiar las actividades migratorias nacionales.
Si bien la cooperación internacional es valiosa y puede desempeñar un papel crucial en la gestión de la migración, poner el 100% de la carga financiera en manos de donantes extranjeros es arriesgado.
La migración es un fenómeno complejo y dinámico que requiere una planificación y una inversión a largo plazo. Dependiendo completamente de la cooperación, El Salvador podría encontrar dificultades para adaptarse a las cambiantes realidades migratorias y garantizar la protección de sus ciudadanos.
La disolución de CONMIGRANTES también plantea la pregunta de qué institución o entidad reemplazará su papel. En un momento en que la migración global está en constante evolución, es esencial que El Salvador tenga una entidad sólida y actualizada para abordar los desafíos actuales y futuros.
La migración ya no es simplemente un fenómeno de personas que buscan empleo en el extranjero; implica una movilidad humana con cuestiones de refugio, derechos humanos y seguridad transfronteriza, el cambio climático debe ponernos en alerta. La nueva entidad debe estar a la altura de estas realidades y ser capaz de brindar una respuesta efectiva. Además, la migración no es solo un asunto de política exterior; también afecta profundamente a las comunidades y familias en El Salvador.
La disolución de CONMIGRANTES podría dejar a estas comunidades sin el acompañamiento necesario para enfrentar los desafíos que implica tener seres queridos en el extranjero. Es esencial que cualquier entidad que reemplace a CONMIGRANTES tenga una visión integral de la migración que incluya el apoyo a las familias y comunidades afectadas.
Una reflexión importante, la disolución de CONMIGRANTES en El Salvador plantea una revisión significativa sobre la política migratoria y la dependencia de la cooperación internacional. Si bien es importante evaluar y mejorar las instituciones existentes, eliminar por completo una entidad dedicada a la protección de los migrantes y sus familias es una medida arriesgada.
El Salvador necesita una respuesta más sólida y actualizada para abordar los desafíos migratorios actuales y futuros. La gobernanza municipal, la migración y el desarrollo, el retorno voluntario y forzado, la protección y el apoyo a los ciudadanos en el extranjero, así como a sus familias, deben seguir siendo una prioridad nacional.
Director de Asociación Agenda Migrante El Salvador (AAMES).