El nombre Rafael Ruiz Argueta, empleado de la Policía Nacional Civil (PNC), aparecía en una “willa” (mensaje) como una de las 15 personas que debía ser asesinada porque la Mara Salvatrucha que controlaba el cantón El Manzano, municipio de Santa Tecla, departamento de La Libertad, los consideraba un problema.
La comunicación pandilleril fue decomisada durante una requisa realizada a los mareros recluidos en el penal de Ciudad Barrios. Figuraban como posibles víctimas seis agentes de la Policía, un soldado de la Fuerza Armada y nueve personas particulares, según consta en un memorandum del 15 de octubre de 2015, que Rafael aún guarda.
Esa era solo la primera de varias amenazas y amedrentamientos que Rafael y su familia sufrieron por el hecho de que los mareros lo habían identificado como empleado de la PNC. Sin embargo, él y su familia se resignaron a vivir bajo el miedo y la posibilidad de ser asesinados debido a que no tenían a dónde ir.
Siete años después, cuando inició el régimen de excepción y las autoridades ofrecieron acabar con las pandillas, Rafael y su familia albergaron la esperanza que su situación de inseguridad cambiaría, sin pensar que dos de sus hijos terminarían en una prisión con el supuesto de estar vinculados a pandillas.
“Hago una petición al presidente de la República y a todo su gabinete de gobierno que investiguen y que dejen en libertad a mis hijos, ya que ellos no son unos delincuentes”, manifiesta el ordenanza de la policía.
Primer hijo capturado
El hijo mayor de Rafael, Irvin Antonio Ruiz Díaz, de 32 años, fue capturado cuando regresaba de laborar en trabajos de albañilería. Cuatro días antes había sido retenido por dos agentes y un subinspector del puesto policial del cantón El Matazano, mientras se desplazaba en su motocicleta. “Ahorita te lo voy a dar, pero te lo voy a tener pendiente”, le había dicho el jefe de ese puesto al padre de Irvin.
Y así fue. El 25 de abril fue capturado por el mismo personal policial y esa vez cuando su padre intentó interceder por él, asegura que fue amenazado con ser detenido.
“El subinspector me manifestó que todos los de mi familia teníamos un temperamento pesado y que esta ley (régimen de excepción) le facultaba para meternos presos a todos y me dijo que al andar defendiendo a mi hijo, me convertía en colaborador de las pandillas”, relata Rafael.
Más tarde la madre, la hermana y la esposa de Irvin regresaron al puesto policial para pedir una explicación de porqué lo habían capturado. “Nos dijo que nos saliéramos las tres porque sino también nos iba a meter presas, porque se sentían amenazados”, explica Griselda Siliézar, compañera de vida del detenido.
Inicialmente, Irvin fue enviado a las bartolinas de la playa Conchalío, donde permaneció un aproximado de seis días. Luego fue trasladado al penal La Esperanza, conocido como Mariona, en el cual pasó recluido durante tres meses y, finalmente, lo pasaron a la penitenciaría de Izalco, lugar en el que se encuentra hasta ahora.
La familia pagó un abogado particular para lograr que le hicieran una audiencia especial de revisión de medidas el 9 de enero de este año. Según sus familiares, la jueza no le otorgó la libertad porque la casa donde vive no está a nombre de él y considera que “hay un peligro de fuga”.
El hecho que un juzgado niegue medidas alternas a la prisión a una persona porque no tenga un lugar propio donde vivir ha sido denunciado por organizaciones sociales, entre ellas Cristosal y Socorro Jurídico Humanitario, como una forma de discriminación basada en la pobreza.
Irvin tenía antecedentes penales y policiales, pero sus familiares niegan que él tuviera una relación con pandillas para que las autoridades lo acusen del supuesto delito de agrupaciones ilícitas.
El 6 de febrero de 2014 el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Santa Tecla extendió una resolución que hace constar que el joven cumplió durante dos años las reglas de conducta impuestas por un Juzgado de Paz, donde fue condenado en un proceso abreviado por un intento de hurto.
Asimismo, Irvin fue retenido por segunda vez en 2017 señalado por el delito de resistencia. Su padre explica que en esa ocasión su hijo fue aprehendido durante un redada que la PNC realizó en la zona tras el asesinato del agente Timoteo Montes, cometido el 14 de octubre por la clica de la Mara Salvatrucha que controlaba los cantones El Limón y El Matazano.
Irvin junto a dos jóvenes fueron golpeados, torturados y amenazados de muerte por los policías con el fin de obtener información relacionada al asesinato del agente, según indica una denuncia presentada por su padre ante la Dirección General de la PNC. En esa ocasión, el joven fue liberado en menos de 48 horas porque las autoridades no encontraron indicios para imputarlo ante los juzgados, relatan sus familiares.
“Mi hijo y mi sobrino fueron puestos en libertad por la Fiscalía General de la República (FGR) en menos de 48 horas por determinar que había sido una detención ilegal”, indica Rafael.
En los últimos años Irvin había formado su hogar junto a su compañera de vida con quien tiene dos hijos y se había dedicado al pegado de cerámica, fontanería y electricidad en diferentes construcciones de proyecto residenciales en los municipios aledaños en Nuevo Cuscatlán, San José Villanueva y Zaragoza, comenta Rafael.
“Él no descansaba ni los domingos, cuando yo estaba embarazada me decía que iba a trabajar bastante para que al niño no le faltara nada”, comenta Griselda.
El hijo menor de Irvin tenía 1 mes 14 días de nacido, cuando él fue capturado, ahora ha comenzado a caminar. La madre del niño ha colocado fotos del detenido en las paredes de la casa para que el menor no olvide el rostro de su padre.
La hija mayor elaboró un cártel con motivo del Día del Padre, el cual ha guardado para cuando Irvin regrese, pero a menudo llora porque no vuelve. “Chitara”, una lora que era la mascota preferida de Irvin, murió dos meses después de su captura, pues él la alimentaba y al no volver, el animal ya no quiso comer.
Tras la captura de su primer hijo durante el régimen de excepción, Rafael denunció ante los medios de comunicación que trataba de un caso de odio contra su familia por parte del personal policial del puesto cercano a su vivienda. Y meses más tarde su segundo hijo fue capturado también.
Segundo hijo arrestado
El día 1 de diciembre es el cumpleaños de Rafael y su hijo salió a comprarle un regalo, el cual su padre nunca recibió, porque Rafael Emilio Ruiz Días, de 28 años, fue arrestado cerca de su casa. El joven al igual que su hermano Ivin también ha sido acusado por el delito de agrupaciones ilícitas.
Antes de la pandemia Emilio laboraba como motorista en una empresa distribuidora de productos de consumo. Después de quedarse sin trabajo debido a los recortes de personal durante ese periodo, Emilio decidió comprar un vehículo, con la ayuda de un préstamo, para brindar servicio de transporte a través de una plataforma virtual.
Cuando el gobierno instaló el cerco militar en Comasagua, a Emilio le revisaron en reiteradas ocasiones sus documentos de tránsito e identidad, sin embargo, Rafael explica que nunca tuvo algún inconveniente. Es por ello que cree que la captura de su segundo hijo está relacionada a los problemas con los agentes asignados al sector donde viven.
“Hay elementos buenos y malos. Uno de los STO me llamó y me dijo que era odio personal contra mí y toda tu familia”, asegura Rafael.
Tras la audiencia inicial, Emilio fue traslado al penal de Ilopango, donde permaneció dos meses, luego fue enviado al penal La Esperanza, en Mariona, donde ya lleva casi nueve meses.
Servidor del Estado
Rafael ha laborado en el ramo de seguridad desde que tenía 14 años, cuando fue reclutado y enlistado como soldado “para defender la Patria” en pleno conflicto armado. Cinco años después quedó amputado por una mina conocida como “quita pie”, las cuales eran colocadas por el grupo guerrillero FMLN, con el fin de provocar bajas en el Ejército.
Después de su recuperación, durante casi un año, se dedicó a trabajar como jornalero en las fincas de Comasagua y en 1993 ingresó a la PNC como personal administrativo donde labora hasta ahora.
Se ha desempeñado en diferentes unidades policiales como ordenanza. Después de la captura de sus hijos, ha buscado el apoyo de varios jefes policiales, incluyendo al mismo director de la Policía, asegura.
Al no tener una respuesta de las jefaturas policiales tiene la esperanza que su caso sea escuchado por el presidente de la República e investigado a fondo. “Todos en la familia estamos mal, me han quitado parte de la vida”, dice con tristeza.