Nuevamente la agencia inglesa de análisis financiero Emerging Finance (EMFI) advierte sobre los riesgos para el sistema de pensiones de El Salvador, tras la reforma aprobada en diciembre de 2022.
En su más reciente informe del país, titulado “Victoria pírrica”, la agencia señala que la maniobra del gobierno al haber eliminado la deuda de pensiones del saldo total de la deuda pública solo mejora de forma superficial las finanzas, pero el riesgo para el sistema previsional se mantiene a mediano y largo plazo.
“Así como el gobierno mejoró artificialmente las cifras de deuda al eliminar la deuda de pensiones de la deuda total, con una deuda que cayó de $25,700 millones de dólares a $19,600 millones de dólares mes tras mes, la mejora en el desempeño fiscal de El Salvador también es resultado de la reforma de las pensiones...”, apunta.
La firma inglesa hace referencia al canje de Certificados de Inversión Previsional (CIP) por Certificados de Obligaciones Previsionales (COP) a finales de abril de este año en el que el gobierno acordó un período de gracia de 4 años en los que no pagará capital ni intereses a los trabajadores, quienes le han prestado más de $8,000 millones para pagar pensiones del sistema antiguo.
Pero desde marzo de este año ese monto fue eliminado de las estadísticas oficiales del Banco Central de Reserva (BCR) y con ello se hace parecer que la deuda del país disminuyó, pero en realidad varios expertos le han llamado un “borrasaldo contable”.
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“Por tanto, aunque las mejoras en las cifras fiscales son innegables, suenan las alarmas sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones”, afirma.
Más adelante en el informe, EMFI remarca que a pesar de los ajustes positivos que hacen en las proyecciones de corto plazo, “la reforma de las pensiones parece sólo transferir riesgos del gobierno central al sistema de pensiones, en lugar de demostrar un verdadero compromiso con la responsabilidad fiscal”.
Asimismo, plantean en el análisis que los resultados fiscales recientes se muestran muy alentadores, “a pesar de que vienen con un asterisco significativo en forma de posibles problemas en las pensiones a mediano y largo plazo”.
La deuda pública total del sector público no financiero cayó a $19,600 millones de dólares (59% del PIB) en junio, desde $25,300 millones de dólares (78% del PIB) a finales de 2022, pero esto es solo un artefacto contable de la desconsolidación de la deuda de pensiones de los pasivos del gobierno, indica la agencia.
“A corto plazo, el efecto es un alivio de las preocupaciones sobre la liquidez, pero las pensiones siguen siendo un pasivo que el gobierno tendrá que afrontar en algún momento”, subraya EMFI.
Ante estas advertencias que vienen desde agencias extranjeras, Patricio Pineda, representante de la Mesa por una Pensión Digna, ha destacado que esos argumentos les dan la razón a lo que han alertado desde hace tiempo.
“Lamentablemente se va cumpliendo lo que hemos advertido; no quisiéramos que pasara pero es el reflejo de la insostenibilidad del sistema provocado por esa insistente metedera de mano que tienen los políticos que han visto en el sistema (de pensiones) su caja chica”, expresó Pineda días atrás a El Diario de Hoy.
El dirigente ha cuestionado la reforma de pensiones aprobada en diciembre pasado, porque a su juicio no mejora las pensiones, sino que perjudica las cuentas de los trabajadores.
Y ha señalado que con fondos del sistema de pensiones “se han financiado cosas que no tienen nada de beneficio para el fondo previsional, mucho menos una rentabilidad lo más digna en favor de los cotizantes”.
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La estrategia detrás de la reforma de pensiones
La agencia inglesa apunta que durante el primer semestre de 2023, el gobierno recortó el gasto un 2.4% respecto al mismo periodo del año anterior, lo que se vuelve aún más significativo si se considera que los pagos de intereses aumentaron un 21%.
“Es decir que el gasto primario disminuyó un 6.5% con una reducción impresionante en transferencias corrientes (-20.3%) impulsado principalmente por la reforma previsional que permitió al gobierno reducir las transferencias al Instituto Salvadoreño de Pensiones (que reemplazó al Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos y absorbió al Instituto Salvadoreño del Seguro Social)”, explica la financiera.
Además señala que del presupuesto del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) de $602 millones, solo se ejecutaron $56 millones durante el primer semestre del año, por lo que el ahorro anual podría ascender a casi $500 millones si la ejecución durante el segundo semestre del año es similar.
No obstante, el gobierno también redujo el gasto de capital en un 6.1%, lo que significa que también está haciendo esfuerzos para contener el gasto, dice en el informe.
Pero agrega que si bien la administración actual ha estado mejorando significativamente su posición fiscal, “no sabemos si esto es resultado de un verdadero compromiso con la disciplina fiscal o de una falta de financiamiento tanto interno como externo”.
De hecho, el gobierno no ha logrado obtener financiamiento con organismos multilaterales y ha recurrido, sobre todo, a préstamos con la banca local, cuyos plazos son de un año para pagar.
Ante ello, recientemente la Asociación Bancaria Salvadoreña (Abansa) le propuso al Ministerio de Hacienda ampliar los periodos de pago a 2,3,5 y 7 años, lo que le “permitirá reducir los niveles de deuda pública de corto plazo y obtener un mejor perfil de vencimientos de las obligaciones financieras de El Salvador a mediano plazo”.
Según datos de Hacienda, a junio de 2023, la deuda de corto plazo asciende a $2,567.9 millones.
EMFI también menciona que el año pasado el gobierno redujo el déficit fiscal al 3% del PIB desde el 5.8% en 2021, sin embargo, apunta que dicho déficit es superior al promedio del 1.9% de los últimos 30 años antes de la pandemia.