El Estado está cometiendo desapariciones forzadas con la tolerancia de fiscales y jueces en el contexto del régimen de excepción, aseguró David Morales, jefe de justicia transicional de Cristosal, durante la entrevista de YSUCA.
Morales explicó que durante el régimen de excepción se está violando masivamente los derechos humanos con prácticas empujadas desde el máximo nivel del Estado, desde el presidente Bukele, las máximas autoridades de Seguridad, fiscales y jueces.
“La práctica de detenciones de personas por el Estado que son llevadas por el régimen de excepción a la cárcel y luego no hay ninguna información a los familiares, que pueden pasar hasta meses buscando de penal en penal sin recibir información” expuso.
De acuerdo a Morales, al negar información de personas detenidas a familiares que lo solicitan, el Estado salvadoreño está cometiendo un crimen internacional de desaparición forzada, el cual es considerado como un delito de lesa humanidad.
El artículo 2 de la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas estipula: “Se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.
Además, el abogado de Cristosal recordó que se han dado casos de personas que murieron dentro de la cárcel bajo custodia del Estado y luego fueron sepultadas en fosas comunes como desconocidos.
“Ahí podemos hablar hasta de posibles ejecuciones extrajudiciales u otros delitos para ocultar el cuerpo” agregó Morales.
El Socorro Jurídico Humanitario (SJH) contabilizaba hasta febrero de este año cuatro casos de personas que murieron bajo custodia del Estado y fueron enterradas en fosas comunes, sin que sus familiares fueran informados por las autoridades correspondientes.
En ese momento, Ingrid Escobar, representante del Socorro, manifestó que el Estado está obligado a reparar el daño causado a las familias y para ello debe someter a la justicia a los que teniendo la responsabilidad de informar a la familia, no lo hicieron.
“En principio el Estado debe reconocer el error y la cadena de responsables para individualizar, si hubo negligencia estatal en la atención de las enfermedades crónicas de estas personas o si hubo torturas por parte de otros internos, cuestión que no se ha hecho”, explicó.
Asimismo El Diario de Hoy documentó el caso de Henry Eleazar Joya Jovel, de 45 años, quien murió el 8 de mayo de 2022 y fue enterrado en una fosa común en el cementerio La Bermeja, de San Salvador, pero con el nombre de Enri Cuéllar Jovel.
Sus familiares se enteraron de su muerte hasta el 19 de septiembre, cuando su hermano debido a que no le daban información de él, decidió ir a Medicina Legal.
El nombre de Henry no aparecía en la lista de personas enterradas en una fosa común, pero cuando el hermano pidió que le mostraran las fotografías de los cadáveres sepultados, reconoció a Henry, que había sido enterrado el 8 de julio bajo otro nombre.
De acuerdo con la familia, Henry fue capturado el 21 de abril en la colonia Luz, en San Salvador; bajo el régimen de excepción, por el delito de agrupaciones ilícitas, es decir, pertenecer a pandillas. Pero Jesús Joya, hermano de la víctima, asegura que su hermano no era ni por cerca ningún miembro de las pandillas.
“Él no era una persona normal, padecía de amnesia y hablaba incoherencias, pero en la colonia Luz todos los vecinos lo querían porque era bien servicial, era bien obediente”, afirmó Jesús Joya.