Roxana Seledonia Soriano, Julio Guillermo Bendeck y José Rodrigo Flores serán los nuevos magistrados de la Corte de Cuentas de la República (CCR), de quienes Soriano asumirá la presidencia de la institución.
Expertos consultados por El Diario de Hoy señalan que la elección de Soriano atenta contra la transparencia en el país y que su elección parece reflejar que el oficialismo ha dejado de disimular que está haciendo algo distinto a las elecciones presididas por los partidos a quienes constantemente ataca.
“Esto no es ninguna casualidad y evidencia que la Corte de Cuentas ya había sido capturada antes de esta elección. La elección solo lo confirma y lo hace ya sin una falsa pretensión de transparencia o probidad”, aseguró el miembro del colectivo SUMAR, José Marinero.
Idea que comparte el experto en transparencia y ética, Wilson Sandoval, quien recordó que históricamente la CCR ha sido una institución que se ha repartido “como piñata por los políticos de turno”, y que es lo que acaba de pasar esta semana.
Por su parte, el director de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, advierte que dicho nombramiento desfavorecerá la transparencia: “Sin duda esto va a desfavorecer la transparencia con el trabajo de la CCR, con las auditorías que se van a hacer, porque esta magistrada, pues obviamente tiene un conflicto de interés”.
Asimismo, la integrante del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC), Sonia Hernández, quien considera que al no tener el gobierno aliados en las instituciones de control, precisamente la CCR, “no nos parece muy raro que esté tomando este tipo de acciones y colocando a gente que vaya en su misma línea”.
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Los expertos señalaron que la corrupción es un fenómeno estructural en El Salvador y para cambiar esta realidad deberían escoger a las personas mejor calificadas y que van a actuar de forma ética y profesional. Si bien no es requisito legal ser colaboradora de la CCR, la experiencia profesional de Soriano no evidencia experticia alguna con las auditorías y finanzas.
“Se evidencia que hay intereses oscuros en esta elección, el gobierno está muy interesado en mantener muchos actos de corrupción en la oscuridad, por eso hay una política de Estado: la falta de transparencia”, aseguró el abogado constitucionalista Jonathan Sisco.
“Ninguna persona que tenga afinidad político partidaria con el partido de gobierno debería ser elegida en un cargo tan importante como magistrado de la CCR, esa institución es clave, ya que puede investigar o encubrir la corrupción estructural en El Salvador”, añadió.
Los expertos toman a bien calificar su trabajo como actual comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) para estar advertidos que sus labores serán similares a las del Instituto.
“Tiene un conflicto de interés por pertenecer o haber pertenecido al partido (Nuevas Ideas) y haber competido como candidata. Ya vimos su desempeño en el IAIP, una institución que se vino abajo con su funcionamiento, entonces eso es lo esperable que se dé, que tomen control de los juicios de cuenta que se puedan estar siguiendo contra funcionarios de gobierno y los resuelvan favorablemente”, lamentó Escobar.
Idea que comparte Hernández, al considerar que el trabajo en el IAIP de Soriano “no ha sido tan efectivo como se esperaría de los comisionados”: “¿Qué esperamos que ahora ella sea la presidenta de la Corte de Cuentas? Teniendo los antecedentes que ella no reconoce, pero que públicamente se ha dado a conocer que tiene afinidad por el partido de gobierno, podríamos esperar un retroceso en la aplicación de los procedimientos administrativos en la Corte de Cuentas”.
Indebido proceso de selección
El proceso de selección, a la vista pública, consistió en una tanda de entrevistas a los candidatos a magistrados, cada lunes a partir del 17 de julio y concluyendo el pasado 21 de agosto.
En grupos, asistían a la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, se presentaban, anunciaban sus propuestas en caso de ser seleccionados y atendían a las preguntas de los diputados. El oficialismo se felicitó al decir que el proceso fue en su totalidad transparente. Expertos en derecho lo contradicen.
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Sisco alertó que en una elección “plagada de graves irregularidades” existe el grave riesgo de que continúe la impunidad en los casos más graves de corrupción.
Además explicó que la elección viola flagrantemente la Constitución, y que la Asamblea Legislativa no respetó las sentencias de la Sala de lo Constitucional aplicables al caso.
Toda persona que sea elegida como magistrado o magistrada de la Corte de Cuentas debe cumplir con los requisitos establecidos en la Constitución: la probidad, honestidad, vocación de servicio, compromiso institucional, la independencia, así como la calificación técnica y profesional, empírica y académica requeridas para el desempeño de las responsabilidades y funciones inherentes al cargo.
“No hace falta ni decir que el oficialismo no cumplió con el procedimiento mínimo de comprobación de los estándares constitucionales de honradez, capacidad e independencia. Para la selección de estas personas hizo solo unas entrevistas públicas cuya intención nada velada era comprobar lealtad al proyecto oficialista”, señaló Marinero.
“Jamás explicó a los salvadoreños por qué estas personas son las más idóneas para el cargo y no lo hizo porque no podría”, añadió.
“La elección no cumple con los parámetros constitucionales, y es que la Asamblea Legislativa debe motivar las decisiones, es decir, hacer públicas las razones por las que se eligieron a Soriano, Bendeck y Flores para ser los magistrados de la Corte de Cuentas”, añadió Sandoval.