El exalcalde de Conchagua, Jesús Abelino Medina Flores y once personas más entre exempleados, actuales miembros del concejo plural y representantes de empresas enfrentan la audiencia inicial en el Centro Judicial Dr. Hugo Lindo en la ciudad de La Unión.
Los imputados son acusados de presunta corrupción, debido al hallazgo de supuestos desvíos de recursos del erario público en perjuicio de la Administración Pública, previsto y sancionado en el artículo 325 del Código Penal.
Según las autoridades, la ejecución del delito habría ocurrido durante la administración municipal para el periodo comprendido del 1 de mayo de 2018 al 30 de abril de 2021.
Los otros procesados son: Néstor David Parada Hernández, ex síndico municipal; Cristina Lissette García de Cárcamo, ex tesorera; Griseida Raquel Torres Ortiz, jefe del departamento de contabilidad; Roberto Vásquez Escobar, jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional.
Además de los exconcejales Noemi Margarita Jiménez, Zulma Yamileth Díaz Granados, Martín Torres, Ledis Culnares Hernández de Hernández, Olber Rolando Martínez Moreno y Gabino García Rivas.
También están acusados Marta Celina Lozano Rivera, representante legal de una empresa, encargada de la ejecución de un proyecto en el municipio, Wilber Fredy Hernández Cabrera, María Argelia Alberto Argueta.
Entre algunos elementos de indicios del delito que son acusados en cuatro casos entre ellos en los contrato y pago de los servicios artísticos de una cantante mexicana para la celebración de las fiestas en el 2020, pago por servicios de decoraciones alusivas a las fiestas en el año que se suspendieron todas las concentraciones en los espacios públicos por la pandemia sanitaria de COVID-19.
Además, la Fiscalía General de la República (FGR) cuenta con el informe suscrito por Alejandro Zelaya, en calidad de Ministro de Hacienda, con los resultados de las auditorías a los gobiernos municipales y en particular a la alcaldía de Conchagua, para determinar los destinos de los fondos asignados para mitigar los efectos del COVID-19 y la tormenta tropical Amanda. El Estado le transfirió al referido municipio $1,502,830.89.
De acuerdo con las autoridades, en la alcaldía se desarrollaba un proyecto denominado “Perforación de pozos y distribución de agua potabilizada para el caserío El Palmar 1”, la obra fue aprobada en reunión de concejo municipal el 28 de abril de 2020. El monto del proyecto era de $47,677.15. La municipalidad y la empresa firmaron el contrato del proyecto.
Al parecer, los funcionarios justificaron la necesidad de la perforación de un pozo, aunque existiera la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Solo un miembro del concejo expuso que hará llegar su inconformidad por escrito, por no haberse presentado informe técnico del proyecto. Alegó que no se comprendió si el señalamiento se trataba del proyecto donde hay una carpeta técnica de la ampliación o mejoramiento del abastecimiento de agua para el área periférica y casco urbano o de otro distinto. Añadió que para las mejoras en el suministro de agua se había aprobado una carpeta técnica con fecha del 18 de marzo de 2020 por un monto de $47,995.05.
Según la Fiscalía, cuando la alcaldía asignó el proyecto por el cual son procesado, contaba con los fondos propios. Y que para la fecha 18 de marzo de 2020, el Estado aún no había transferido los fondos designados para mitigar el COVID-19, ni la tormenta Amanda. Sin embargo encontraron que la comuna pagó con dos cheques a favor de una empresa, haciendo un total de $35,655.41, y esos fondos eran parte de los que transfirió el Estado a la comuna para atender dichas emergencias a la alcaldía.
Las investigaciones concluyen que el proyecto se encuentra inconcluso y en total abandono.